El caso más reciente es el de Star Wash, una disputa legal entre esta empresa chilena de lavado de autos y Lucasfilm, la compañía dueña de los derechos de la franquicia «Star Wars». Star Wash usó la temática de «Star Wars» en su publicidad y diseño, utilizando referencias a la saga para promocionar sus servicios. En este contexto, Lucasfilm interpuso una demanda de oposición ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en adelante “INAPI”) en contra del registro marcario intentado por Star Wash.

Bien sabemos que la Sociedad de Las Naciones de 1919, la primera organización mundial creada precisamente para preservar la paz, no evitó la segunda guerra; así como, la actual Naciones Unidas de 1945, habiendo corregido las falencias de la Sociedad, y alcanzado algunos éxitos, en la actualidad, se nos muestra prácticamente incapaz de poner fin a los principales conflictos bélicos que subsisten. Son muchas las que han pasado a ser guerras habituales, no llaman la atención, y la prensa internacional raramente consigna. Las más recientes, como la agresión de Rusia a Ucrania y los ataques terroristas de Hamas a Israel mantienen la atención mundial, todavía, a riesgo de que igualmente se transformen en conflagraciones permanentes, y pierdan poco a poco, urgencia y vigencia mediática.

La objeción de conciencia no puede reconocerse con carácter general e ilimitado, pues ello supondría negar la imperatividad de las normas y, en definitiva, el propio ordenamiento jurídico. Los límites a su regulación deben tener en consideración que ésta procede ante la presencia de una obligación jurídica concreta y una auténtica contradicción entre la norma jurídica y la norma de conciencia, donde “la exención del deber jurídico ha de responder precisamente a motivos de conciencia, lo que significa que esta última ha de jugar algún papel en el desarrollo del procedimiento jurídico conducente a la realización del derecho subjetivo”.

Después del 17 de diciembre, si ganare el En Contra, el Partido Comunista y otros partidos y movimientos de extrema izquierda ¿respetarán la Constitución Política de 1980 o tratarán de iniciar un nuevo proceso dentro de un par de años más? Y si ganare el A Favor ¿respetarán el resultado del plebiscito —especialmente si la diferencia entre ambas opciones es muy estrecha— y la “Constitución de Boric” o realizarán movilizaciones “pacíficas” para desconocer la nueva Carta Fundamental e iniciar un tercer proceso?; proceso en el que probablemente —por no decir seguramente— no se respetarían las bases y principios de una sociedad libre, como en la propuesta a plebiscitarse el 17 de diciembre.

Si bien la Ley Nº 18.101 sobre Arrendamiento de Predios Urbanos, aboga por la protección del arrendatario mediante la irrenunciabilidad de sus derechos, no regula las consecuencias ante un escenario de desigualdad entre el valor de la renta y el valor por el uso y goce del inmueble arrendado, cuestión que sí estaba considerada por sus normas legales predecesoras, las cuales fijaban un control de rentas habitacionales y las sanciones civiles con motivo de su infracción

En el marco del actual proceso constitucional se aprobó una norma que limita al Estado en el ejercicio de sus potestades sancionatorias, consagrando una inédita reserva legal absoluta en esta materia. La discusión ha revivido viejos debates en torno a la comprensión de la administración y su rol en el ejercicio de derechos y potestades públicas, amenazando con enterrar una serie de proyectos de ley actualmente en curso.

La propuesta constitucional incluye un inciso que establece el deber del Estado de garantizar “el financiamiento por estudiante en establecimientos estatales y privados”, lo que algunos han tildado como la constitucionalización del voucher. En esta columna se intenta aclarar porque dicha expresión no limitaría otras formas de financiamiento.

Son muchísimas las razones tangenciales al hecho duro de la acusación, las que conducen a sospechar que el expresidente Frei Montalva fue víctima fatal de un acallamiento político. Baste solo imaginar la capacidad extraterritorial del régimen militar para asesinar al ex ministro de la Unidad Popular Orlando Letelier en la mismísima capital de Estados Unidos o al General Carlos Prats en Buenos Aires, Argentina. Atentar contra la vida de Frei Montalva en el corazón de Santiago, no importaba mayor escrúpulo. ¿O sí?

Las economías ligadas a las drogas ilícitas aceleran los conflictos, incrementan los abusos de los derechos humanos, la impunidad y la devastación medioambiental. Supone que la sociedad en general y los pueblos indígenas están sufriendo, además de sus tierras productivas, la contaminación con mercurio de sus ríos, el despojo de sus tierras colectivas, y para los pequeños, medianos y grandes empresas la proscripción de sus derechos a la propiedad privada.

En términos prácticos el Poder Legislativo residirá en el Congreso de la República, el cual estará conformado por el Senado y por la Cámara de Diputados. En otras palabras, el Parlamento peruano tendrá una estructura compuesta por dos cámaras que presentan competencias exclusivas y otras compartidas (bicameralismo imperfecto). Por ejemplo, la presidencia del Congreso de la República recaerá de manera alternada sobre los presidentes de cada cámara. Del mismo modo, la Comisión Permanente estará conformada por igual número de senadores y diputados elegidos por sus respectivas cámaras.

El traspaso de información en términos claros por parte de la judicatura a los/las usuarios/as del sistema judicial no es otra cosa que el cumplimiento por parte del Estado de su obligación de garantizar el acceso a la justicia, sin ningún tipo de discriminación. Justamente, mediante la simplificación del lenguaje en la administración de justicia, se pretende eliminar aquellas asimetrías de poder presentes en el Poder Judicial, lo cual, a todas luces, permite a la ciudadanía recuperar la confianza en el aparataje jurisdiccional.

Se analiza la inclusión de una «Agencia Contra la Corrupción» (ACA) en la nueva propuesta de Constitución, destacando su historial de fracasos a nivel mundial. Aunque iniciativas similares en Singapur (1960) y Hong Kong (1974) lograron éxitos iniciales, la mayoría de las ACAs en otros países no han reducido la corrupción y pueden ser usadas contra opositores políticos. En el contexto chileno, se cuestiona la necesidad de una ACA, ya que el país no enfrenta una crisis de corrupción desbordada. Finalmente, se argumenta la incoherencia de incluir una ACA para coordinar lucha anticorrupción cuando la misma propuesta de constitución incluye órganos con autonomía constitucional como la Contraloría y el Ministerio Público.

Hace un par de días atrás, conocimos de un video que dejó Luis Larraín Stieb antes de fallecer. En él, da cuenta de la decisión que tomó junto a su familia y amigos de someterse a una sedación que le permitiría poder dejar este mundo sin dolor y en paz, luego de padecer un agresivo cáncer y haber agotado todas las instancias médicas y de tratamiento disponibles. Sin duda una decisión difícil, pero que en su caso, le permitió partir sin más sufrimiento dejándonos hasta el final, una muestra de generosidad y debate necesarios, para comprender en qué consiste la Ley 21.375 que consagra los cuidados paliativos y los derechos de las personas que padecen enfermedades terminales o graves y sus diferencias con la eutanasia.

El propio texto constitucional asegura entonces la indemnidad de las opiniones, vale decir, no solo las protege ex ante contra la censura previa, sino que ex post contra represalias o castigos cuando la opinión emitida disgusta a otros, mientras que su emisor no incurra en delito o abuso que en todo caso han de estar legalmente determinados. En material laboral, por ejemplo, configuran abuso de la libertad de opinión las “injurias proferidas por el trabajador al empleador” y ameritan el despido disciplinario.

Si la responsabilidad penal descansa en infracciones de ciertas expectativas de comportamiento, creadas sobre la base de roles como es el caso desarrollado, administrador o gestor patrimonial, dicha responsabilidad por el hecho de ejercer la conducta desaprobada, deviene naturalmente en su infracción. En esa línea, el marido -mencionado en el caso de estudio- no actúa o se examina su responsabilidad bajo este rol, sino más bien en un campo organizativo conformado por una sociedad de bienes, en la cual ejerce la función de administrador, producto del régimen patrimonial adoptado al momento de contraer matrimonio.