Es cierto, pero hay que distinguir, pues no se trata de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, uno de los órganos de las Naciones Unidas, sino de la otra en la misma ciudad, que es la Corte Permanente de Arbitraje creada antes, en 1899, en la Primera Conferencia de Paz de La Haya, seguida por la de 1907, para la solución pacífica y jurídica de las controversias internacionales. No es en rigor un verdadero Tribunal Permanente, sino que ofrece una lista de Jueces, designados por los países, que los pleiteantes escogen para resolver sus casos. Se acuerdan mediante un Compromiso, en que todo se pacta, como el procedimiento, los  recursos y hasta el derecho aplicable, salvo el resultado por cierto, que los Jueces determinan en un Laudo, llamado así para distinguirlo de las Sentencias que emite la CIJ, la misma que analiza nuestros  juicios con Bolivia. Y otra diferencia fundamental, estos Magistrados los elige Naciones Unidas y deciden en derecho según el Estatuto de la Corte.

Cinco árbitros fallaron contra las pretensiones chinas, al no contar con evidencias históricas, haber causado daños graves a los arrecifes de coral y rechazar los nueve puntos sobre los que basa sus argumentos, entre más razones. Filipinas obtuvo el Laudo al demandar a China, unilateralmente, sin su acuerdo previo. Paralelamente, dicho fallo ha favorecido las posiciones de Vietnam, Malasia, Taiwan y Brunei con los que se superponen algunas reclamaciones marítimas.  No es el único episodio que los confronta. Desde hace ya tiempo las reclamaciones chinas, sus actos de presencia naval, la falta de arreglos directos reconocidos y hasta casos de hostigamiento de naves y aviones, han venido marcando las tensiones en ese mar. Uno de los puntos más controvertidos ha sido la construcción de islas artificiales sobre arrecifes, con posibles instalaciones militares y pistas de aterrizaje. La pretensión es reclamar una extensión de las zonas marítimas correspondientes y de la plataforma continental, por las riquezas del subsuelo. Es decir, para aumentar aquellas que la Convención del Mar (1982) garantiza a las islas naturales. La Convención no reconoce estos derechos para las artificiales, como tampoco el que interfiera las vías marítimas reconocidas, ni pueda reivindicarse mar territorial, zona económica exclusiva, ni plataforma continental alguna (Art. 60). El fallo así lo determinó, pero China lo desconoce y amenaza con crear una zona de defensa. Con los antecedentes previos y los actos de provocación, que se han intensificado, aumenta peligrosamente la posibilidad de un incidente grave. Buques americanos operando en apoyo a Filipinas han sufrido variados episodios.

La pregunta importante es si China puede rechazar el Laudo de la Corte. La respuesta es que es obligatorio. Pero no hay poder previsto para imponer su cumplimiento por la fuerza. A diferencia de las sentencias de la Corte de Justicia, sus fallos obligatorios pueden examinarse en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que podría hacerlos efectivos. Recordemos que China es uno de sus Miembros Permanentes, y en tal caso, vetaría todo acuerdo.

Estamos frente a una gran potencia mundial y precisamente por ello, sus responsabilidades son mayores. El tecnicismo legal que imposibilita forzar el fallo, no debería tolerarse sólo porque desafía el imperfecto orden internacional, sino en razón de la legitimidad de sus actos. China es demasiado sabia para arriesgar tantos intereses en juego en un mundo interdependiente. Esperemos que se logren negociaciones entre las partes, en una vía marítima especialmente sensible para el tráfico comercial y la seguridad de todos. (Santiago, 18 julio 2016)