Para nadie ha sido indiferente el reciente veredicto en el caso Luchsinger Mackay, donde el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco absolvió a los 11 comuneros mapuches acusados por el crimen cometido en contra del matrimonio la noche del 4 de enero de 2013, por considerar las pruebas presentadas como insuficientes.
Si bien es cierto que el Art. 340 del Código Procesal Penal es claro cuando señala que el tribunal debe adquirir una convicción más allá de toda duda razonable, de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación, y que en él hubiere correspondido a los acusados una participación culpable y penada por la ley, no solo los operadores del ámbito jurídico hemos prestado atención ante este reciente pronunciamiento de la justicia, ya que ha llevado a parte importante de nuestra sociedad a cuestionar lo que cada vez parece ser una inalcanzable convicción más allá de toda duda razonable de nuestros jueces, donde muchas veces la forma mediática, social y política en que estos juicios son abordados, principalmente por los mismos intervinientes, lleva a agudizar aún más esa sensación.
En esta lógica, en un juicio oral, el tribunal debe velar por el debido proceso y respeto de garantías, en el contexto de la presunción de inocencia del imputado. Por su parte, el Ministerio Público y querellantes deben lograr la referida convicción ante el Tribunal, y la Defensoría Penal, debe ser quien genere la duda a que se refiere la norma del Código Procesal Penal antes citada.
Si bien es cierto que el tema ha generado diversas críticas de distintos sectores, propio además de una época previa a elecciones, no podemos enfocarnos en intentar responsabilizar a alguna institución en particular, sino más bien en ver que es lo que percibe el ciudadano común y corriente frente a estos casos y la sensación de inseguridad que le produce, ya que hay algo que es indiscutible, estamos frente a hechos violentos, delitos que han costado la vida de personas que vivían tranquilamente, y donde aún no se ha podido encontrar culpables, aun cuando los trágicos resultados están claros y son conocidos por todos. A pesar de que aún se puede recurrir de nulidad, lamentablemente esto no hace más que profundizar una enorme desconfianza en nuestras instituciones y principalmente en la justicia, que es donde en primer lugar e injustamente, muchas veces apuntan los dardos.
Mientras siguen las críticas y cruces de opinión entre los distintos intervinientes después de conocido el veredicto y la sentencia, lo cierto es, que igualmente llegamos a este resultado, y hoy, ante un crimen tan grave lamentablemente pareciera haber impunidad, y la gran sensación que queda en la conciencia y percepción ciudadana, es que aparentemente vivimos en un país sin justicia, donde las instituciones al parecer no están haciendo su trabajo y más grave aún, comenzando a creer que es casi imposible alcanzar esa convicción más allá de toda duda razonable que exige el Código Procesal Penal.

María Paz Olavarría Pérez
Directora carrera de Derecho
Universidad San Sebastián