Frente a la crisis de legitimidad que sufre el sistema político, se han propuesto numerosas reformas constitucionales y legales, siendo la reforma al sistema binominal un capítulo en que diversos actores políticos parecen coincidir. Cabe recordar que el sistema binominal, único en el mundo, se define básicamente por la “fórmula electoral”, esto es, el mecanismo técnico para convertir votos emitidos en escaños, el cual consiste en la elección de dos escaños por distrito o circunscripción que se distribuyen entre las dos listas más votadas, resultando electo el candidato con más votos dentro de cada lista, salvo doblaje de una lista sobre la siguiente. Como consecuencia de lo anterior, el sistema binominal no genera las virtudes de un sistema mayoritario (ya que no triunfa la mayoría de cada territorio electoral) ni tampoco produce efectos proporcionales (al ser la magnitud del distrito la más pequeña posible), lo que ha conducido a la formulación de importantes críticas. En primer término, se sostiene que el sistema binominal ha beneficiado a la primera minoría, sobre todo a nivel de cada distrito o circunscripción, ya que en muchos casos basta obtener poco más de un 30% de los votos como lista para elegir el 50% de los escaños, lo que termina reduciendo los incentivos a la participación electoral, ya que el resultado, salvo raras excepciones, se encuentra prácticamente determinado con antelación[1]. Lo más grave, sin embargo, ha sido la exclusión de partidos que no forman parte de las dos grandes alianzas, lo cual ha coadyuvado al sentimiento generalizado de que se trata de un sistema injusto[2]. Por otra parte, se sostiene que se favorece más la competencia intracoalicional que la intercoalicional. Para asegurar el resultado electoral, las coaliciones han practicado una política de pactos de “omisión” y candidatos preferentes[3], por lo que la competencia al interior de las coaliciones se produce en el momento preelectoral de formación de candidaturas a nivel de élites, lo que, al tiempo que afecta a la participación política, restringe la libertad de movimiento de los partidos y con ello la propia dinámica política[4]. (Nohlen 2006). Finalmente, se sostiene que el sistema privilegia la gobernabilidad y estabilidad del país, al dificultar la posibilidad de cambios no pactados con la minoría electoral, en el contexto, además, de quórums super-mayoritarios de reforma a las leyes orgánicas constitucionales y de quórum calificado. Sin embargo, si bien este argumento puede haber tenido cierta funcionalidad al proceso de transición pacífico y ordenado a la democracia, en la actual etapa de perfeccionamiento de la “calidad” de la misma parece más bien un lastre del ancien régime autoritario[5]. No deben causar sorpresa, en consecuencia, ni las bajas tasas de participación en las elecciones ni tampoco la reducida identificación entre la ciudadanía y el sistema de partidos[6]. Ahora bien, para pasar del diagnóstico sobre la necesidad de una reforma, a las propuestas concretas se deben tener presentes ciertas consideraciones relativas al proceso de deliberación conducente a un nuevo sistema electoral.
En primer lugar, siguiendo a Dieter Nohlen[7], se pueden distinguir cinco funciones u objetivos de los sistemas electorales: representación (se mide mediante la proporcionalidad votos-escaños); concentración y efectividad (se mide mediante número reducido de partidos y formación de gobiernos de coalición); participación (voto personalizado); simplicidad (entendida como la capacidad de la generalidad de la ciudadanía para entender el funcionamiento del mecanismo electoral); y legitimidad (aceptación general de los resultados electorales y del sistema electoral). El problema se suscita cuando se trata, como es lo propio en sociedades complejas como la nuestra, de favorecer varios fines simultáneamente, ya que siempre existe un trade-off entre los distintos objetivos. Así, maximizar la representación, al introducir mayor proporcionalidad, puede afectar la efectividad o concentración del sistema. A su turno, el aumento de la magnitud de los distritos, que acarrea mayor proporcionalidad y posiblemente mayor participación, también encierra el riesgo de disminuir la responsabilidad individual de los candidatos (si las listas son cerradas) o bien aumentar individualismo legislativo de los representantes (si las listas son abiertas)[8]. Finalmente, si se pretende equilibrar estas funciones, mediante algún tipo de sistema combinado que incluya tanto elementos mayoritarios como elementos proporcionales, se corre el riesgo de perder simplicidad, afectando también la legitimidad. Un segundo foco de conflictos radica en el hecho de que  los parlamentarios son, al mismo tiempo, juez y parte en el debate sobre la reforma al sistema electoral, problema que se ve amplificado por el hecho de que, una vez establecido tanto el sistema electoral como la forma de gobierno (régimen hiper-presidencialista en nuestro caso), se produce una relación de causalidad recíproca entre el sistema de partidos políticos existente y estas otras dimensiones, por lo que cualquier proceso de reforma que se emprenda necesariamente deberá considerar las preferencias y expectativas de estos actores. En este sentido, se debería considerar la propuesta, esgrimida por Edgardo Boeninger[9], de convocar a una Asamblea Constituyente, que no incluiría a parlamentarios, para el sólo efecto de debatir un nuevo sistema electoral. Sin embargo, a fin de evitar la triste suerte del proceso electoral en la provincia canadiense de la Columbia Británica, en que se frustró una interesante propuesta de sistema electoral, nacida de un amplio y participativo debate en el seno de una Asamblea Ciudadana diferente a la cámara legislativa de ese territorio, fundamentalmente por no contar la propuesta con el apoyo suficiente por parte de los partidos políticos, se debe concitar la aceptación más amplia posible, desde un origen, de los partidos políticos. Finalmente, el discurso en torno a la reforma del sistema electoral parlamentario debe incluir una importante dosis de moderación en las expectativas. El sistema electoral es sólo una parte del complejo engranaje del sistema político, en que interactúa con una serie de otras reglas institucionales[10] –sobre todo la forma de gobierno, la definición de la forma de inscripción y de sufragio, el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas, entre otras– y también con una serie de factores sociológicos, entre los que cabe mencionar sobre todo el fenómeno de individuación y fragmentación de las preferencias, que ha debilitado las lealtades a ciertos proyectos colectivos.
En conclusión, el sistema electoral debe reformarse porque es excluyente, concentra la selección de candidaturas en las cúpulas partidarias, ha fosilizado las coaliciones políticas, desanclado al sistema de partidos de la ciudadanía y, en definitiva, ha coadyuvado en la pérdida de legitimidad del sistema político. Los actores políticos deben llegar a la convicción de que la falta de reforma no sólo afecta la valoración de los partidos y representantes políticos por parte de una significativa, y creciente, porción de la ciudadanía, sino que envuelve también el riesgo de pérdidas crecientes de legitimidad del conjunto del sistema político, que pudieran degenerar en fenómenos de populismo o demagogia extendidos. Así mismo el proceso de reforma deberá conducir a resolver las diferencias en torno a los diversos objetivos perseguidos por el sistema electoral, así como a reconocer sus propios límites para resolver algunos de los males de nuestra política, que pueden estar relacionados con otros elementos o bien con factores estructurales.

1] Altman, David (2008). “Régimen de gobierno y sistema de partidos en Chile”, en Fontaine et al. (editores), Reforma de los partidos políticos en Chile. Santiago: PNUD, CED, Libertad y Desarrollo, Proyectamérica y CIEPLAN, pp. 48-9.
[2] De hecho, según un Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre 1990 y 2002, Chile obtuvo el segundo lugar en América Latina en términos de porcentaje de votos ganados por partidos sin representación parlamentaria, sólo superado por Guatemala (PNUD , 2004, La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. Nueva York: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo).
[3] Fuentes, Claudio y Ríos, Marcela (2007). Una reforma necesaria: efectos del sistema binominal. Santiago: FLACSO.
[4] Micco, Sergio y Saffirio, Eduardo (2011). “El sistema electoral binominal: argumentos para su reemplazo”. Informe N° 895. Asuntos Públicos.
[5] La autoría de este argumento le pertenece al profesor Rodrigo Pica, quien lo formulara, parafraseando al destacado constitucionalista español Francisco Balaguer, en el contexto de un reciente coloquio sobre el sistema binominal realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor. Véase Balaguer, F. (coord.) (2005), Manual de Derecho Constitucional, Tomo I, Tecnos, Madrid.
[6] La más reciente evidencia de este fenómeno la ofrece la Encuesta Latinoamericana de Opinión Pública, que administra en Chile la Pontificia Universidad Católica. Entre el año 2006, primer año de la encuesta, y el año 2010, el porcentaje de ciudadanos que declararon simpatizar con cualquier partido político disminuyó desde un 26% hasta un 11%, siendo el guarismo actual el más bajo en todo el continente americano (Luna, Juan Pablo y Zechmeister, Elizabeth, 2010, Cultura política de la democracia en Chile, Instituto de Ciencia Política/Universidad Católica y Vanderbilt University, pp. 170-1).
[7] Nohlen, Dieter (2006). “La reforma del sistema binominal desde una perspectiva comparada”. Revista de Ciencia Política (Santiago), Vol. 26, N° 1, 191-202.
[8] Carey, John (2009). “Ingeniería electoral: ¿Qué nos muestran las investigaciones académicas sobre los efectos anticipados de las reformas electorales?”, en Arturo Fontaine et al., Reforma del sistema electoral chileno. Santiago: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, p. 243.
[9] Boeninger, Edgardo (2009). “La visión política del sistema electoral chileno”, en Arturo Fontaine et al., Reforma del sistema electoral chileno. Santiago: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, p. 175.
[10] Precisamente en el foro aludido en la nota 5, el profesor Francisco Zúñiga hizo, como lo ha hecho en otras ocasiones, una férrea defensa de la necesidad de una reforma al régimen presidencial de gobierno, además del cambio en el sistema electoral parlamentario.