Artículos de Opinión

¿Eliminación del sistema bicameral?

La mejora del prestigio ciudadano del Congreso Nacional –institución clave de nuestra República– no se resuelve con la propuesta de suprimir el Senado, medida que parece ser un tanto apresurada y populista.

En las últimas semanas ha emanado de un grupo de diputados la propuesta de suprimir el Senado, de manera tal de avanzar hacia un Congreso unicameral. Se ha argumentado que esta medida permitiría legitimar ante la ciudadanía el aumento de costos que traerá aparejado el reemplazo del sistema binominal por uno proporcional, ya que su supresión permitiría aumentar el número de parlamentarios, sin que ello implique un mayor gasto para el Estado. Asimismo, porque la existencia de una sola Cámara posibilitaría una tramitación más expedita de las leyes, evitando así la demora que genera el sistema bicameral.

Este tema no deja de ser controvertido, pues ya en los tiempos de la elaboración de la Constitución de 1925, Arturo Alessandri propuso la modificación del Senado tal y como había funcionado desde la vigencia de la Constitución de 1833, esto es, como Cámara Revisora. En efecto, él proponía transformarlo en un Senado Consultivo integrado por funcionarios y ex funcionarios públicos, a fin de configurarlo como una suerte Cámara técnico-funcional [1]. Sin embargo, los partidos políticos de la época se opusieron tenazmente a dicha idea, al punto que éste quedó en términos semejantes al establecido por la Carta precedente. Las razones para fundar dicha oposición se basaron, como era de esperarse, en el hecho que, con la desarticulación del Senado –en cuanto Cámara Revisora– se terminaría potenciando aún más el poder del Presidente de la República en la función legislativa.

 A este respecto, debe considerarse que la modificación del sistema electoral es indispensable para la calidad de nuestra democracia. Así ocurrió con la Constitución de 1925, a partir de la mantención bicameral del Congreso Nacional, la que sumada al establecimiento del sistema proporcional, posibilitó que –con el retorno a la democracia a inicios de 1933– se  estructurara el sistema de partidos políticos chileno de manera inclusiva, bajo el eje izquierdas – derechas, con dieta parlamentaria incluida.

De esta manera, el proyecto que pretende modificar el sistema electoral –en actual discusión parlamentaria– y su legitimidad dentro del sistema político actual, pasa porque el aumento de gasto público que traerá aparejado su implementación vaya  acompañado de mayores niveles de trasparencia, tanto en el financiamiento de la política como del gasto electoral. Por su parte, la eficacia en la tramitación de proyectos de ley debe considerar el decisivo rol que desempeña el Presidente de la República en el manejo de la agenda legislativa, tanto a través de la iniciativa exclusiva como por medio del sistema de urgencias, lo que tiende a tergiversar el trabajo legislativo del Congreso en su conjunto, desde el punto de vista de la percepción ciudadana. Argumentar que la eliminación del Senado permitiría reducir los costos producto del aumento de parlamentarios, y aumentar la eficiencia en la tramitación legislativa, desconoce la especial configuración de la forma de gobierno prevista por nuestra  actual Constitución.

En síntesis, la mejora del prestigio ciudadano del Congreso Nacional –institución clave de nuestra República– no se resuelve con  la propuesta de suprimir el Senado, medida que parece ser un tanto apresurada y populista (Santiago, 26 septiembre 2014)

 

 

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[1] BERNASCHINA, Mario. Manual de Derecho Constitucional, 2ª ed., Editorial Jurídica de Chile, 1955. Pág. 37.

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