Hemos sido testigos del encarcelamiento del ex Presidente del Brasil Lula da Silva, no obstante todos los recursos judiciales interpuestos para impedirla, dentro del complicado sistema judicial brasilero donde se superponen competencias estatales, como República Federativa, y propiamente Federales. Los fallos han sido contundentes, tanto del Juez que inició la causa, como de las instancias posteriores, entre las que destaca la confirmación de la sentencia condenatoria a la cárcel, por 12 años y un mes, del Supremo Tribunal Federal por un voto de diferencia. Tampoco tuvo éxito la defensa ante el Supremo Tribunal de Justicia, la máxima Corte del Brasil, aunque todavía espera revertir la condena. También conocemos los otros seis juicios contra Lula, que siguen su curso procesal y que podrían complicar, todavía más, su situación.
Por sobre los juicios en tramitación, las repercusiones políticas han sido enormes. Un casi seguro vencedor en las próximas elecciones presidenciales de octubre, ha quedado fuera de competencia, hasta ahora, o bien duramente golpeado en uno de sus objetivos y atributos principales de su administración pasada, justamente el combatir la corrupción. Una figura ciertamente significativa para Brasil, queda cuestionada en su honra y en su significado. Pocos se salvan de una corrupción generalizada, que ya destituyó a la ex Presidenta Dilma, si bien por muy diferentes motivos, pero la heredera política de Lula. Tampoco se han salvado los Parlamentarios que propiciaron la salida de Dilma, casi todos juzgados y varios presos. Ni el propio Presidente Temer está indemne, pues ha sido igualmente sindicado como corrupto, y cuenta con un mínimo apoyo popular, a pesar de que ha logrado encaminar al país hacia una senda de mayor corrección económica.
Sin embargo, todo ello no ha servido para impedir la fracturación política presente. Lula ciertamente no abandonará sus objetivos y buscará el apoyo ideológico, al mismo tiempo que el jurídico, así como el respaldo de otros regímenes y Presidentes regionales afines, que desde ya se lo han dado, sin consideración a las acusaciones, los juicios en curso y la institucionalidad brasilera. Nada importa lo que ha hecho, sea o no verdad, esté o no en plena investigación. Sólo se preocupan de solidarizar incondicionalmente. Es la característica actual, donde imperan y los sentimientos subjetivos por sobre la lógica legal.
Lula es el caso más significativo en Brasil, pero hay tantos más en nuestra Latinoamérica. Basta recordar la suerte de varios ex Presidentes en el Perú. Uno recientemente forzado a renunciar, PPK;  otro preso, Humala; otro fugado, Toledo; otro liberado por razones humanitarias, Fujimori; y la lista de sospechosos o imputados, continúa con sus colaboradores. No olvidemos los casos en Argentina, en que Cristina ha debido acceder al Parlamento, para impedir los riesgos de cárcel. Sus más estrechos adláteres si están presos. Centroamérica también tiene similares casos, mencionemos Panamá, Guatemala, Honduras y otros, que sería largo pormenorizar. Para qué decir las acusaciones a Maduro, o a Evo Morales por enriquecimiento ilícito y vínculos con el narcotráfico.
¿Qué ha pasado? Significa, tal vez,  que las últimas generaciones de Presidentes no sólo buscan poder, y ojalá permanente, sino que también enriquecerse de manera rápida, no importando cómo. Así la permanencia en el poder se transforma en la cláusula de seguridad para no ser descubiertos y encarcelados. Ya no hay sólo ideologías de todo signo, sino que también se ha incorporado el dinero en su máxima expresión, para sí o para sus cercanos.
Nada parece igual y es un giro sumamente peligroso de hacerse habitual, con el aparejado desprestigio regional en el mundo. Por cierto no sólo existe en nuestro vecindario, sino que en muchos otros países. Pero tenemos un estigma creciente que será sumamente difícil de superar. La honra y confiabilidad se construyen en el tiempo, pero perderlas es casi instantáneo, y sumamente difícil recuperarlas, siempre quedará la duda. La que hoy se siembra profusamente por los medios electrónicos y las redes sociales, a una velocidad y virulencia, todavía no percibidas en sus innumerables alcances. No hay político que se salve, lo que sería parte del juego habitual, aunque ahora se han incorporados otros medios masivos a considerar muy seriamente. Pero las acusaciones de corrupción tienen otra dimensión y otros efectos. Lamentablemente los casos en nuestra Región, así lo están demostrando. (Santiago,10 abril 2018)