Cartas al Director

Sobrepoblación en cárceles concesionadas: «El Polígrafo» miente.

Paula Medina G.

8 de junio de 2018


El pasado domingo 20 de mayo, la sección “El Polígrafo” del diario El Mercurio realizó un escrutinio sobre los recientes dichos del Diputado Gonzalo Fuenzalida respecto a las cárceles concesionadas. El Diputado había afirmado, el día 12 de mayo en el diario La Tercera, que: “La realidad carcelaria no va a mejorar si no hay espacio, el que tiene que ser concesionado”. Agregó que en las cárceles operadas por privados “no hay hacinamiento. Las públicas están mal administradas, por lo que no dan abasto. Si no hay una política de verdad para construir cárceles, tendremos siempre el problema de la sobrepoblación”.
Hay varios errores y falsedades en las afirmaciones del Sr. Fuenzalida, sin embargo, lo que más llama la atención es el veredicto de "El Polígrafo" de El Mercurio, el cual es tanto o más falso que las afirmaciones del propio Diputado. "El Polígrafo" concluye: “Es correcto afirmar que en las cárceles concesionadas no existe hacinamiento. No se han cursado multas por el concepto de sobrepoblación en estos recintos”.
Las cárceles concesionadas en Chile son 8: Alto Hospicio, La Serena, Rancagua, Antofagasta, Concepción, Santiago 1, Valdivia y Puerto Montt. Desde que comenzaron su funcionamiento han evidenciado importantes problemas de sobrepoblación, tanto es así, que durante el periodo 2006 – 2014, el Estado de Chile pagó $ 9.174.917.400 por concepto de compensación por sobrepoblación a dichas empresas (según información obtenida vía transparencia: Solicitud N° 85771/SIAC-MOP del 24/07/17), lo que contradice radicalmente lo señalado por El Mercurio. Es cierto que en los últimos años no han existido este tipo de pagos (que dicho sea de paso no son “multas”, sino “compensaciones”), pero claramente no es posible afirmar que el sistema de concesiones carcelarias está o ha estado exento del problema de la sobrepoblación.
Por otra parte, volviendo a los dichos del Diputado Fuenzalida, vale la pena detenerse en otros dos aspectos. El primero, es que si bien el tema del espacio es un aspecto crítico de la realidad carcelaria, no resulta razonable que este sea el único o el principal criterio para evaluar la gestión de los penales concesionados, y afirmar a partir de ello que el sistema de concesiones carcelarias debe ser “la modalidad” para avanzar en este tema. Si bien falta más investigación, los estudios a nivel nacional que han comparado las cárceles públicas con las privadas, no muestran un panorama especialmente favorable a favor de estas últimas. Sanhueza y Pérez (2017), por ejemplo, concluyen que los penales concesionados muestran peores indicadores que los públicos en relación a una serie de variables: calidad y cantidad de comida, acceso y calidad de los servicios de salud, acceso y trato a las visitas, niveles de maltrato físico y psicológico, percepción sobre la calidad de la relación con los funcionarios uniformados, maltrato de parte de funcionarios y presencia de castigos.
Respecto al acceso a programas de reinserción social, quizás el aspecto más problemático de las cárceles privadas según estos autores, se concluye que presenta un menor nivel que las tradicionales. Esto había sido ya informado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en su Informe de Condiciones Carcelarias, 2013. Sin embargo, aún es necesaria una evaluación de resultados o de impacto de los programas de reinserción como tales, que nos permitan una comparabilidad entre ambos tipos de recintos penitenciarios.
Por otra parte, si bien el Ministerio de Obras Públicas paga a las concesionarias por concepto de compensación por sobrepoblación, también este Ministerio cursa multas a las empresas cuando estas incumplen las condiciones estipuladas en los contratos. De acuerdo a información recibida (Solicitud N° 85771/SIAC-MOP del 24/07/17), entre el año 2007 y el 2016, las concesionarias han pagado cerca de $ 2.106.984.735 por multas. La mayor parte, 38%, son por incumplimiento de los estándares mínimos de alimentación,  un 19% por deficiencias en infraestructura y mantención, un 18,3% por faltas en las prestaciones de salud y un 14,1% por actividades de reinserción que no fueron implementadas tal como se habían comprometido.
Resulta positiva la preocupación de nuestros parlamentarios sobre las condiciones carcelarias, sin embargo, estas cifras muestran que la evaluación del sistema de concesiones carcelarias requiere a lo menos, una evaluación más detallada, en especial si se lo propone como el camino a seguir.
Cabe señalar además, que la menor sobrepoblación de las cárceles privadas en relación con las públicas, no dice relación necesariamente con una “buena administración” por parte de las concesionarias, sino justamente con los desincentivos económicos que tiene el Estado para el ingreso de más personas a estos penales, lo que seguramente lleva a que se distribuya el “exceso” de personas justamente en los penales públicos. La experiencia histórica, tanto nacional como internacional, señala que “las cárceles siempre se llenan”, no importa cuántas cárceles se construyan. Por lo tanto, más que privilegiar la construcción de nuevos penales, es mejor revisar nuestras políticas criminales, controlar el aumento que sigue teniendo la prisión preventiva y hacer más uso de medidas alternativas y penas sustitutivas, en vez de impedir su aplicación, como ha venido siendo la tónica de nuestras últimas legislaciones penales.
"El Polígrafo", como se sabe, fue un instrumento creado en los años 30 por el Departamento de Policía de Berkeley, California, con el propósito de “detectar las mentiras” que podían producirse en el contexto de las declaraciones de personas detenidas o inculpadas. Pese a que aún es utilizado en algunos países, nunca ha logrado pasar la prueba de la validez científica, razón por la cual ha sido desacreditado por la comunidad académica y científica internacional. Esperamos que a “El Polígrafo” del Mercurio no le ocurra lo mismo, y sea más riguroso en su chequeo de información, no vaya a ser que otro polígrafo lo evalúe y concluya que miente.

 

Paula Medina G.

Investigadora Facultad de Derecho, Universidad Central de Chile.

 

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