En el proceso por el fallecimiento del ex Presidente Eduardo Frei Montalva una sentencia condenatoria dictada por el ministro Alejandro Madrid sería insanablemente nula, no solo porque sería pronunciada sin respetar las garantías de un debido proceso —lo que en cualquier país civilizado del mundo bastaría para declararla nula—, sino porque sería dictada por un juez que carece del requisito esencial de todo juez: la imparcialidad.
¿Cómo podría ser imparcial un juez que antes de dictar sentencia ha sostenido que existió una conspiración para asesinar al Presidente Frei y que su muerte se debió a un envenenamiento paulatino?, ¿cómo podría establecer la verdad un juez que en una sentencia reciente aseveró, sin prueba alguna, algo que pugna con la razón: “la víctima está retenida en contra de su voluntad a partir del 13 de Septiembre de 1973, prolongándose esta situación hasta el día de hoy”?
El sistema de procedimiento penal inquisitivo antiguo, que no respeta el debido proceso, es ideal para condenar a un inocente, tal como ocurrió en el juicio a Jesucristo; en el que no se respetaron normas establecidas en la Biblia y en la Mischná, tales como: quien acusa no puede ser la misma persona que dicta sentencia (Deut. 19, 16-17); los testigos deben declarar siempre en presencia del acusado (Da. 13, 51), etc.; las mismas normas que han sido vulneradas en el proceso en comento, en que el juez instructor actúa como investigador, interroga a testigos sin la presencia de los imputados y de sus abogados, dejándolos sin derecho a defensa; luego ese mismo juez se transfigura en acusador —cuando ya está convencido de la culpabilidad del acusado— y, finalmente, utilizando esos testimonios y con una absoluta falta de imparcialidad, se convierte en juez sentenciador.

Adolfo Paúl L.

Abogado