El día 20 de noviembre se publicó en el diario oficial la Ley N° 21.121, que modifica el Código penal y la Ley N° 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. La norma crea disposiciones delitos nuevos (administración desleal y corrupción privada), modifica algunos existentes e incorpora una nueva sanción, consistente en la inhabilitación para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado, o con empresas o asociaciones en que éste tenga una participación mayoritaria; o, en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública.
El objetivo o finalidad primordial de la nueva Ley, parece ser frenar el auge de delitos relacionados con el fenómeno de la corrupción, lo que queda de manifiesto al tipificar el delito de corrupción entre particulares, conducta que antes solo era sancionada cuando en ella intervenía un funcionario público.
Además, aumentan las penas privativas de libertad de diversos delitos. Ciertas conductas que con anterioridad a la nueva Ley eran calificadas como simples delitos, ahora son acreedoras de pena de crimen. Esta nueva situación, en algunos casos, dificultaría el cumplimiento de la condena mediante una pena sustitutiva de la Ley N° 18.216, o la aplicación de alguna salida alternativa al procedimiento.
En palabras simples, la nueva legislación va a generar un efecto muy importante, particularmente, en el ámbito de las negociaciones empresariales, llevando a las personas jurídicas a auto regularse de una manera extremadamente diligente, promoviendo un cambio en la normativa interna de la empresa, adecuando sus modelos de prevención de delitos, matrices de riesgo y los códigos éticos, para plasmar en ellos las directrices que pretende exigir la actual legislación al comportamiento de las empresas, el cual no es otro que proveerse de las herramientas necesarias para evitar conductas corruptas en el ámbito de los negocios, y promover los principios del buen Gobierno Corporativo.

Prof. Dr. Gustavo Balmaceda H.

Académico

Facultad de Derecho y Gobierno U. San Sebastián