Tres son los principios que nos permiten determinar si estamos en presencia de un Estado Democrático de Derecho, los de Juridicidad, Responsabilidad y Control, justamente en todos ellos participa de alguna u otra forma la CGR, de allí la importancia de esta institución para la República y la salud de la democracia. 
Dicho esto es necesario preguntarnos si alguna de estas importantes funciones se ha visto afectada cuando la Corte Suprema, máximo Tribunal del país que forma parte de uno de los poderes y funciones del Estado, declara unánimemente que una resolución del Contralor General, quién interpreta la ley administrativa y es garante del principio de Juridicidad, atropelló derechos constitucionales de una persona con su acción ilegal o arbitraria. 
En un sentido institucional, republicano y democrático la voz de la Contraloría se expresa a través de sus informes y dictámenes, no en apariciones en medios de comunicación, generando un perfil mediático de su dirección que expone al ente contralor a convertirse en protagonista de algún programa de farándula televisiva. Mientras menos escuchemos hablar de la CGR en los medios y veamos a las instituciones del Estado profundizando en la probidad pública, devolviendo la confianza a la ciudadanía, sabremos que este organismo tan importante está realizando su función por el camino correcto, sin estridencias y con preeminencia del interés general sobre el particular.
Además, resulta evidente la necesidad de modernizar la Contraloría General de la República, su tradicional prestigio y seriedad, hoy, es innegable, se enfrenta a crecientes problemas. El conflicto y tensiones generadas entre el contralor general y su subcontralora, solo nos confirma que existe una zona en su estatuto legal, que acusa vacíos e incertezas que deben resolverse, a la brevedad posible, por el bien de la institucionalidad del país.  Debemos pensar en un modelo diferente que refleje adecuadamente la madurez democrática de Chile, recordemos que su estatuto orgánico se ha mantenido sin modificaciones mayores desde hace más de 50 años. Pareciera que ya es tiempo de revisarlo y adecuarlo al siglo XXI.

Rafael Rosell A.
Decano
Facultad de Derecho y Gobierno
U. San Sebastián