El Ministro de Justicia y DDHH, Hernán Larraín, señaló en una carta (publicada el domingo), que a propósito del documento presentado por el gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que planteó una serie de inquietudes sobre el funcionamiento del organismo regional, se han conocido distintas reacciones contrarias a la propuesta gubernamental, las más de ellas caracterizadas por su “virulencia y suposición de intenciones”.
De acuerdo a lo que indica el Ministro, la intención de la comunicación a la CIDH, sería plantear el serio problema que presenta el tratamiento de las peticiones sometidas al sistema, entre las cuales estaría haber conocido de casos sin agotar totalmente las instancias internas y disponer de sanciones que implican elevados costos económicos.
En relación a la admisión de las peticiones, el Ministro debiera saber que efectivamente la Convención Americana dispone de excepciones al requisito del agotamiento de los recursos internos. Ello ocurre así en los casos en que el Estado no ofrezca un mecanismo para la protección del derecho, cuando la víctima no pueda acceder a los recursos locales o se le haya sido impedido de agotarlos, o por último, cuando haya un retardo interno injustificado. En el caso de la muerte del comunero mapuche Alex Lemún, precisamente la Comisión entendió que la justicia militar en Chile no ofrecía un debido proceso para procesar la demanda de sus padres por justicia. Difícilmente se podría haber pensado lo contrario dado la falta de imparcialidad de los tribunales militares.
Respecto de las elevadas sanciones que se han impuesto a los países, además de que aquello no resulta efectivo, al menos desde el punto de vista de las reparaciones tomadas individualmente, el Ministro parece confundir, en su carta y en otras intervenciones que ha hecho respecto de la materia, lo que son las atribuciones de la Comisión de las competencias exclusivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sólo esta última está facultada para disponer “el pago de una justa indemnización a la parte lesionada” (art. 63 de la CADH)
El Ministro, en la publicación que estamos comentando, señala además que el sistema está presentando graves defectos, como son el atraso procesal en tramitar las peticiones y el bajo nivel de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana (nuevamente mezcla las atribuciones de órganos distintos).
Eso son problemas reales que hay que enfrentar. Pero llama la atención que sugiera que estos problemas sean de responsabilidad de los órganos de protección de los derechos humanos. Que la Comisión Interamericana tenga un atraso procesal como indica el Ministro se debe en gran medida a su falta endémica de financiamiento, lo que es atribuible en primer lugar a los mismos países americanos que reclaman su lentitud. De acuerdo a la información de que se dispone on line, en el año 2017 Chile aportó apenas con un 1% en las contribuciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, el bajo nivel de cumplimiento de las sentencias, se debe a la omisión de los estados al cumplir sus obligaciones internacionales al respecto. Es el mismo Ministerio del Interior chileno quien hace algunos días atrás, frente a la audiencia que convocó la Corte Suprema para decidir la manera de dar cumplimiento a la sentencia Norín Catriman y otros Vs Chile, dictada por la Corte Interamericana, defendió la postura de que el fallo internacional no debía ser acatado en la parte que ordenaba dejar sin efecto las sentencias nacionales que precisamente habían producido las graves violaciones a los derechos humanos por el que fue condenado Chile. No se ve cuál es la consistencia de aquello, con el deseo pregonado por nuestra autoridad de “robustecer nuestro sistema regional de protección de derechos humanos”.
Aun así, el Ministro se muestra sorprendido con las dudas sobre la buena fe del diálogo que pretende entablar en relación al sistema, y sus invocaciones a una mayor autonomía por parte de los países en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Se sorprende mientras suscribe el documento que comentamos junto a Brasil, liderado actualmente por un presidente que ha despreciado abiertamente los organismos e instancias internacionales y muestra un abierto apoyo a prácticas contrariaras a derechos humanos básicos.
Permítanos dudar señor Ministro de la buena intención, y la de sus socios. Es cierto que pueden abordarse las fronteras que deben existir entre un sistema protección internacional y la autodeterminación democrática de los países para cumplir sus obligaciones de derechos humanos, pero primero hay que persuadir que se tiene la intención efectiva de cumplir esas obligaciones.

Sergio Fuenzalida
Abogado y académico U.Central