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Derechos Humanos.

CIDH presenta informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva.

La Comisión reconoce y valora los importantes esfuerzos realizados por los Estados para reducir el uso de la prisión preventiva, pero su utilización sigue siendo general y excesiva.

8 de septiembre de 2017

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica un Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en América.
Cabe señalar, de acuerdo a la CIDH, que la aplicación arbitraria e ilegal de la prisión preventiva es un problema crónico en la región.
Expone que en la región, el promedio de personas en prisión preventiva es 36.3% del total de la población penitenciaria, superando el 60% en algunos países.
De acuerdo a la CIDH las medidas necesarias para reducir el uso abusivo de la prisión preventiva y responder a la crisis penitenciaria son conocidas, y hasta cierto punto, ya probadas.
Sin embargo, manifiesta su preocupación por la falta generalizada de voluntad política por parte de los Estados para hacer efectiva la implementación de dichas medidas y urge a los Estados a realizar las acciones necesarias para que la prisión preventiva se utilice de conformidad con su naturaleza excepcional, reduciendo así los altos niveles de hacinamiento que caracterizan la región.
El principal objeto del informe es dar seguimiento al Informe sobre el uso de la prisión preventiva en América de 2013, mediante el análisis de los principales avances y desafíos en el uso de esta medida por parte de los Estados. En particular, se realiza un seguimiento a las recomendaciones relativas a políticas del Estado, erradicación de la prisión preventiva como pena anticipada o herramienta de control social, defensa pública, uso de medidas alternativas, y celeridad en los procesos y corrección del retardo procesal.
Asimismo, el documento incorpora una perspectiva de género y un enfoque diferenciado respecto a personas que pertenecen a grupos en situación especial de riesgo, tales como personas afrodescendientes, indígenas, personas mayores, personas con discapacidad y personas con orientaciones sexuales y expresiones o identidades de género.
De igual forma, el informe proporciona recomendaciones dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva de acuerdo con estándares internacionales en la materia, con un énfasis en la aplicación de medidas alternativas que permiten que la persona imputada se encuentre en libertad mientras se tramita el proceso penal.
De acuerdo a la CIDH, existen numerosos obstáculos para reducir el uso de la prisión preventiva. Por ejemplo, a las autoridades judiciales que aplican medidas alternativas se les sanciona disciplinariamente, como medio de presión o castigo. Se suma a esto una inadecuada defensa pública y la falta de coordinación interinstitucional entre actores del sistema de administración de justicia.
Añade, que existe una tendencia en la región a proponer mayores niveles de encarcelamiento como respuesta a la inseguridad ciudadana. Esto resulta en la adopción de leyes y prácticas que privilegian la aplicación de la prisión preventiva y que restringen la posibilidad de aplicación de medidas alternativas. En los discursos de altas autoridades prevalecen las propuestas de aplicar políticas llamadas “de mano dura”, que se enfocan en la privación de libertad como respuesta a la inseguridad ciudadana, y consecuentemente privilegian la aplicación de la prisión preventiva. Ello, a su vez, genera presión de los medios de comunicación y de la opinión pública para aplicar este tipo de políticas.
La CIDH reconoce las buenas prácticas adoptadas por Estados de la región, como la reducción de los plazos de la prisión preventiva, la creación de programas especiales para el monitoreo electrónico de seguimiento y el establecimiento de servicios para verificar riesgos procesales y supervisar medidas cautelares. Además, valora los esfuerzos relativos a la implementación de programas de justicia restaurativa, revisiones periódicas de casos en prisión preventiva, realización de audiencias en las cárceles y celebración de audiencias previas sobre la determinación de la prisión preventiva, a fin de evitar privaciones de libertad innecesarias.
La Comisión insta a los Estados de la región a seguir avanzando en la aplicación de este tipo de medidas.

Vea informe sobre Medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva (2017)

Vea guía práctica para reducir la prisión preventiva (2017)

Vea texto íntegro del comunicado

 

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