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Amnistía Internacional solicita terminar con la represión de protestas pacíficas en Polonia.

De acuerdo al órgano, un nuevo informe publicado expone que Gobierno polaco reprime a personas que protestan pacíficamente en un intento evidente de disuadir a otros manifestantes potenciales.

21 de octubre de 2017

Según Amnistía Internacional, el informe Poland: On the streets to defend human rights documenta cómo las autoridades emplean técnicas como la vigilancia, el hostigamiento y el enjuiciamiento para dispersar e impedir protestas masivas.
El órgano recuerda que desde 2016, miles de personas han salido a las calles para protestar pacíficamente contra legislación represiva —que en algunos casos viola los derechos de las mujeres— y proyectos de ley que suponen una amenaza para el Estado de derecho.
Barbora Černušáková, investigadora de Amnistía Internacional sobre Polonia, sostuvo que “la resistencia popular sigue en aumento mientras el gobierno de Polonia continúa reforzando su control del poder judicial, pero el gobierno está haciendo todo lo posible para impedir las protestas. La policía vigila, hostiga e incluso enjuicia a quienes protestan, simplemente por alzar la voz”.
A continuación, la investigadora agregó que tanto la ONU como la UE reconocieron rápidamente que el veto por parte del presidente a una legislación que habría eliminado la independencia del poder judicial se debió en gran medida a las protestas masivas. Ahora, las personas que participaron en esas protestas necesitan el apoyo de la comunidad internacional para una lucha que continúa”.
Cabe señalar, según Amnistía Internacional, en julio de 2017, miles de personas se manifestaron en más de 50 ciudades de Polonia contra propuestas del Gobierno que hacían peligrar la independencia del poder judicial. El Gobierno respondió sometiendo a quienes se manifestaban pacíficamentea diversas medidas policiales que obstaculizaban sus actividades y violaban su derecho a la libertad de expresión y de reunión.
Enseguida explica que la considerable presencia policial derivó en la colocación de vallas metálicas para mantener a los y las manifestantes lejos de los edificios parlamentarios. Cientos de policías patrullaban a diario la zona y empleaban diversas técnicas para impedir físicamente las protestas. Entre esas técnicas estaban rodear o contener de otra manera a grupos de personas (una práctica que se conoce como “encapsulamiento”), acordonar calles y amenazar e intimidar verbal y físicamente a quienes protestaban.
Más allá de las tácticas policiales de mano dura, explica Amnistía Internacional, nuevas leyes imponen aún restricciones indebidas del derecho de reunión pacífica. En diciembre de 2016, el parlamento polaco adoptó la restrictiva Ley sobre Reuniones, que prioriza las “manifestaciones cíclicas”, es decir, las que organizan las mismas personas en un mismo lugar varias veces al año.
Agrega que pese a la prohibición de protestas alternativas, manifestantes pacíficos han seguido convocando contramanifestaciones mensuales a lo largo de 2017, decenas de manifestantes han sido objeto de enjuiciamiento por faltas como “interferir con una reunión legal” o por delitos como “interferir maliciosamente con un acto religioso”, dado que los encuentros progubernamentales mensuales se han catalogado como procesiones religiosas.
Asimismo, añade Amnistía Internacional, quienes participan en protestas en Polonia afrontan otros obstáculos importantes para lograr que se vean y escuchen sus objeciones a leyes restrictivas. Además de restringir físicamente protestas pacíficas, las autoridades también han sometido a los y las manifestantes a una observación y una vigilancia intensas, que han incluido seguir a esas personas y visitarlas en sus hogares, a muchas de ellas se las ha acusado formalmente y están siendo procesadas, indica.
“La perspectiva de que se criminalice a manifestantes pacíficos simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica pinta un oscuro retrato de la Polonia actual. Estos cargos malintencionados y vengativos reflejan la reducción del espacio disponible para la sociedad civil y deben retirarse inmediatamente”, afirmó Černušáková.

 

Vea texto íntegro del comunicado

 

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