La titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo dictó una orden en la que prohíbe a los propietarios de una perra gravemente herida, tras precipitarse al vacío desde un piso, acercarse al animal a menos de 500 metros, quitándoles la custodia de la misma, además de imputar a la pareja como investigada por un supuesto delito de maltrato animal.
La juez sostiene que “el que maltrata a un animal también despliega su instinto agresivo contra una mujer, hijos, ancianos o personas que considere inferiores”.
La pareja investigada asegura que la caída de la perra se produjo de forma accidental, cuando ninguno de ellos estaba en casa, señalando que “es falso que tiráramos a la perra; cuando se cayó por la ventana, mi mujer estaba en el súper y yo no estaba en casa”.
Asimismo, agregaron que tratan a sus animales como los “hijos” que nunca tuvieron, hasta el punto de que se dirigían a la perra, que se llama Katalina, con el apellido de la familia, Montoya.
Cabe señalar que  Katalina  se encuentra recuperándose en el hospital de la operación a la que fue sometida.
Por su parte, el abogado de oficio que se ha hecho cargo de la defensa de la mujer,  reconoció que todavía no ha tenido tiempo de repasar el proceso en profundidad, pero confirmó que el auto de la jueza, que consta de casi treinta páginas, está “muy bien fundamentado”.
Sin embargo,  aseguró que el cariño de la familia hacia la perra es evidente, porque su clienta se “puso a llorar” cuando le notificaron la orden de alejamiento, de modo que “lo que es notorio no necesita prueba”.
Enseguida, precisó, “la jueza actuó de oficio, dentro de sus competencias”, pero ahora la defensa estudiará la posibilidad de presentar recurso de apelación contra la decisión de la magistrada ante la Audiencia Provincial.
Aunque aclaró que la investigación está todavía en una etapa muy inicial, precisó que hay una testigo en el procedimiento, una vecina que vio que ellos salían de casa, que la perra se cayó y luego los vio llegar de nuevo.
En cuanto al hecho de que acudiesen al hospital Rof Codina, a donde fue trasladado el animal para ser tratado de sus lesiones, para llevarse a la perra antes de que fuera sometida a las operaciones que necesitaba para sanar, precisó que su clienta declaró «que el hospital le había dado un presupuesto y no podía asumir el coste» de las intervenciones quirúrgicas.
“No hablamos de un derecho a la sanidad pública y universal como sucede con las personas”, recordó el letrado.

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