La Corte Constitucional de Colombia se ha pronunciado reiteradamente sobre la protección de derechos a personas privadas de la libertad, pero por primera vez ordena al Gobierno que implemente un sistema de telefonía móvil que sea accesible para todas las cárceles y centros de reclusión del país, con la salvedad de que se evite que las llamadas se conviertan en fuente de delito en los penales.
La Corte observa que actualmente no existe una telefonía celular en las cárceles que permita a los internos tener una comunicación básica con sus familias, sino que en su mayoría los internos tienen que usar celulares que ingresan de manera irregular a los centros de reclusión.
Al fallar una tutela, el alto tribunal ordenó al Inpec y al Ministerio de Tecnologías adecuar el sistema actual de telefonía en un máximo de seis meses, el cual deberá permitir que ingresen llamadas, que sea económico para los presos, y que tenga un control para evitar que sea usado para delitos.
“Las tarjetas telefónicas prepagadas se han convertido en el papel moneda que circula en las cárceles del país, con el que se pagan las extorsiones y se establece un sistema de comercio que fomenta corrupción e ilegalidad, atentando contra los fines para los que está dispuesta la sanción penal y aumentando los riesgos de inseguridad a la vida e integridad de los internos”, afirmó la Corte.
Esta añade que las “restricciones a los internos en sus derechos a la comunicación con el mundo exterior y en particular con sus familiares se ve coartado como efecto del alto costo del servicio telefónico destinado a ellos, por la imposibilidad de recibir llamadas o hacer llamadas por el contrario pago”.

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