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Junto a recién creada Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.

CIDH destaca a Canadá por su enfoque de derechos humanos en derecho a la vivienda.

Sostiene la Comisión que la estrategia canadiense de vivienda prevé crear viviendas seguras y asequibles durante los próximos 10 años, en particular, para la población canadiense más necesitada.

5 de diciembre de 2017

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su recién creada Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), destacan el reciente anuncio hecho por el Gobierno de Canadá sobre la creación de una estrategia nacional de vivienda “para la implementación progresiva del derecho de cada canadiense a acceder a una vivienda adecuada".
Leilani Farha, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Vivienda, reiteró su opinión de que el reconocimiento del derecho a la vivienda es una deuda pendiente en Canadá, el cual ha sido rezagado por otros miembros de la Organización de los Estados Americanos en esta materia.
La Relatora manifestó que “reconocer, por primera vez, los derechos humanos de las personas sin hogar y con una vivienda inadecuada es un momento significativo en la evolución de Canadá como una democracia participativa basada en el reconocimiento de la dignidad y la igualdad de derechos de todas las personas."
Cabe señalar, sostiene la Comisión, que la estrategia canadiense de vivienda prevé crear viviendas seguras y asequibles durante los próximos 10 años, en particular, para la población canadiense más necesitada, como mujeres y niños que huyen de la violencia familiar, personas mayores, pueblos indígenas, personas con discapacidades, aquellos que tienen problemas mentales, problemas de salud y adicción, veteranos y adultos jóvenes. De acuerdo con el plan, los principios de inclusión, rendición de cuentas, participación y no discriminación deben guiar las acciones llevadas a cabo por las autoridades competentes de los diferentes niveles del gobierno. También prevé alianzas con sectores sociales y privados para lograr sus objetivos.
El Comisionado Francisco Eguiguren, Presidente de la CIDH, señaló que “la declaración del Primer Ministro canadiense de que el derecho a la vivienda es un derecho humano es un mensaje importante no solo para Canadá, sino para toda las Américas debido al fortalecimiento de la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos. La Comisión valora mucho los esfuerzos de Canadá en este sentido."
A continuación, la CIDH explica que el problema de falta de vivienda y la existencia de viviendas inadecuadas en un país tan próspero como Canadá, con un clima ambiental tan hostil, han preocupado a los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y a la CIDH en los últimos años. Como miembro de la Organización de los Estados Americanos, Canadá está sometido a las obligaciones derivadas de la Declaración Americana de Derechos Humanos, según la cual todos tienen derecho a la vida y la seguridad, así como a la preservación de la salud a través de medidas sociales relacionadas con la vivienda. Canadá también está obligado por varios instrumentos jurídicos de la ONU que garantizan y protegen el derecho a la vivienda.
Por su parte, Soledad García Muñoz, recientemente nombrada Relatora Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, dijo que "el hecho de que Canadá no haya cumplido estas obligaciones ha tenido resultados trágicos, como la falta de vivienda generalizada, con graves consecuencias para los derechos a la salud y la vida".
Enseguida, la CIDH plantea que una estrategia efectiva de vivienda con enfoque de derechos humanos requiere una referencia clara al derecho a la vivienda, el cual impone a los Estados obligaciones de inmediato cumplimiento y obligaciones para cumplir objetivos específicos con plazos para garantizar los derechos en un período de tiempo razonable. También se requieren acciones independientes de monitoreo e información para garantizar que se cumplan con la progresividad de estas obligaciones; un procedimiento de quejas por violaciones sistémicas del derecho a la vivienda y la plena participación de aquellas personas cuyos derechos están en juego.

 

Vea texto íntegro del comunicado

 

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