La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de Marielle Franco, reconocida defensora de derechos humanos, integrante de la Cámara de Concejales del Municipio de Rio de Janeiro, y de su chofer, Anderson Pedro Gomes, el 14 de marzo de 2018 en Rio de Janeiro, Brasil.
Según la CIDH, de acuerdo a  información de público conocimiento, Marielle Franco fue asesinada en la noche del 14 de marzo, cuando regresaba de un evento público con mujeres defensoras afrodescendientes. En el momento del crimen, Marielle Franco viajaba en un automóvil en compañía de una asesora que fue herida y sobrevivió, mientras que su chofer fue alcanzado por los disparos y murió en el acto. Marielle Franco recibió cuatro tiros en la cabeza de un total de nueve disparos dirigidos contra la ventanilla trasera del automóvil, lo que según las declaraciones públicas de las autoridades de policía, generaría la hipótesis de que se trata de un crimen premeditado.
Electa en 2016, Marielle Franco actuaba en la ciudad de Rio de Janeiro en defensa de los derechos de las mujeres y jóvenes afrodescendientes que viven en áreas periféricas de la ciudad. Durante su mandato, presentó diversas denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el racismo institucional en el sistema de justicia.
La Comisión manifiesta que el Estado brasileño tiene la obligación de investigar este lamentable asesinato de manera seria, pronta, exhaustiva, independiente e imparcial y sancionar a los responsables intelectuales y materiales. Asimismo, debe incluir líneas de investigación donde se analice como hipótesis que este crimen haya tenido como móvil su actividad como mujer, afrodescendiente, concejal y defensora de derechos humanos. La CIDH subraya la importancia de que dichas investigaciones garanticen el acceso de los familiares a la justicia, prestándoles informaciones pertinentes y garantizando su derecho a ser escuchados y a participar en todas las etapas del proceso.
Agrega que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad.
Por ello, la CIDH insta al Estado brasileño a adoptar inmediata y urgentemente todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, a la integridad y a la seguridad de defensoras y defensores de derechos humanos. Para ello urge al Estado implementar eficazmente su Programa Nacional de Protección de Defensores/as de Derechos Humanos.

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