La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la información registrada por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) durante las últimas semanas, observa un incremento de actos de violencia y represión para disuadir las manifestaciones públicas en Nicaragua. La CIDH advierte además sobre la detención y criminalización de líderes y lideresas políticas y sociales. Asimismo, expresa preocupación por los efectos particulares que la crisis genera en los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
En el contexto de los hechos que tienen lugar desde el 18 de abril, la Comisión actualiza la cifra de víctimas mortales a 325 personas fallecidas, de las cuales 21 serían policías y 24 niñas, niños y adolescentes.
Frente a la inconsistencia de las cifras aportadas por las autoridades nicaragüenses y sus cuestionamientos al registro de fallecidos reportado por la CIDH, la Comisión reitera al Estado de Nicaragua la necesidad urgente de garantizar el acceso a información detallada sobre todas las personas fallecidas en el contexto de la situación que atraviesa el país, para que la CIDH pueda cotejar y verificar la cifra con los datos proporcionados por las autoridades estatales.

Protesta social y criminalización

En el contexto de sus actividades de monitoreo, el MESENI ha registrado una serie de graves hechos dirigidos a disuadir a la población de manifestarse públicamente en protestas y a criminalizar la protesta social en Nicaragua.
En este sentido, la CIDH conoció la nota de prensa de la Policía Nacional número 115-2018 del 28 de septiembre, que califica las manifestaciones públicas de protesta como ilegales por el solo hecho de haberse producido en ellas actos violentos puntuales y responsabiliza legalmente a quienes las han convocado y organizan. En este sentido, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) manifestaron su extrema preocupación por la posición de la Policía Nacional de Nicaragua que declara ilegales las manifestaciones de protesta y responsabiliza penalmente a sus convocantes.

Derechos de las mujeres

Por otra parte, la CIDH ha observado los efectos diferenciados que esta crisis tiene sobre los derechos de las mujeres. El MESENI ha tomado conocimiento con mucha preocupación de denuncias sobre casos de violencia sexual contra mujeres e incluso actos de violación en el contexto de la represión, y continúa monitoreando antecedentes sobre otros posibles casos y patrones de violencia contra las mujeres. El MESENI también ha documentado situaciones de hostigamiento por autoridades estatales en contra de las madres de personas detenidas; en base a estereotipos discriminatorios basados en su género, estas mujeres estarían siendo responsabilizadas de la violencia ejercida contra sus hijos al “no haber cuidado de la educación” de ellos. Asimismo, el MESENI recogió información de campañas de desprestigio, acoso y amenazas contra mujeres manifestantes y mujeres defensoras de los derechos humanos, al desafiar los estereotipos asimilados tradicionalmente a su género. Estas agresiones se extienden a sus hijos, hijas y a su núcleo familiar.
La Comisión recuerda que el Estado de Nicaragua, en virtud de sus compromisos internacionales y de las disposiciones contenidas en la Convención Belém do Para, tienen la obligación de prevenir, investigar y sancionar todos los actos de violencia en contra de las mujeres en forma seria y diligente.

Niñas, niños y adolescentes

La CIDH señala que la cifra de 24 niñas, niños o adolescentes fallecidos en el contexto de las protestas ocurridas en el país es gravísima y refleja que no existe consideración por estándares apropiados en el tratamiento y cuidado de estas personas en contextos de protesta. 
En efecto, las niñas, niños y adolescentes representan un grupo afectado de forma particular por las diversas formas de represión y criminalización en Nicaragua. Entre los impactos negativos sobre la niñez, organizaciones de la sociedad civil denuncian acciones de adoctrinamiento político en algunas escuelas públicas; alteración de los horarios y calendarios escolares como consecuencia de la crisis; deserción escolar por el incremento del trabajo infantil, debido a dificultades económicas que afectan en particular a familias desplazadas y obligan a algunos niños, niñas y adolescentes a cuidar sus tierras, para evitar que sean tomadas. De igual manera, las niñas, niños y adolescentes habrían visto afectados sus derechos al descanso, el esparcimiento, el juego y la cultura debido a la presencia de agentes armados en las comunidades y en el espacio público.

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