En una reciente publicación del medio español cincodias.elpais.com se da a conocer el artículo “La justicia absuelve a una empleada doméstica que fue grabada robando”.
Se sostiene que las grabaciones con cámara oculta de los trabajadores no son válidas para probar la comisión de un delito. Si, además, no existen otros medios que demuestren el ilícito, no podrá sancionarse al autor. La aplicación de la normativa de protección de datos e intimidad de los empleados así lo exige.
Esta es la razón, se explica, por la que una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra absuelve a una empleada doméstica condenada a dos años de prisión por el robo de más de nueve mil euros.
Pese a que las grabaciones tomadas probaban de manera clara la sustracción, la Audiencia revoca la condena por considerar ilícitas y nulas las pruebas obtenidas por la empleadora, que había colocado de manera secreta un sistema de vigilancia.
A continuación, se detalla, que el uso de cámaras ocultas está vedado al empleador por la ley de protección de datos, que exige que se informe a los trabajadores de la colocación y finalidad de las grabaciones. Se protege así su derecho a la intimidad en el trabajo.
Sin embargo, la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) establece una excepción cuando capten "actos ilícitos" del empleado. En este sentido, y aunque aún no se ha aplicado dicho precepto, vigente desde diciembre de 2018, ya existen sentencias contradictorias sobre si la obligación de información es menor si hay actos ilegales del empleado.

Sospechosa
Luego, se puntualiza que en el caso juzgado por la Audiencia de Pontevedra, la sentencia apelada consideró acreditado que la mujer, que trabajaba como cuidadora, "se apoderó de nueve mil euros en metálico que se encontraban en el cajón de la cómoda de una habitación cuyo acceso se realizaba mediante una llave que su propietaria dejaba escondida en una maceta".
Aunque las grabaciones obtenidas con la cámara espía solo verificaron varios intentos de coger "lo que hubiera en el cajón" y una sustracción de doscientos euros, el juez imputó a la mujer el robo del total del dinero desaparecido. La coincidencia del lugar y modus operandi fue suficiente para culparle.
La Audiencia, en su resolución, considera, sin embargo, que este no resulta un indicio "poderoso" para sustentar la condena. Máxime cuando, según explica el tribunal, había otra persona sospechosa, la hermana de la víctima, que también sabía de la existencia del dinero.