Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos de violencia ocurridos en las instalaciones del Sistema Penitenciario Nacional “Jorge Navarro” (La Modelo), en Nicaragua. Como consecuencia, una persona perdió la vida y, según información recibida por la CIDH, por lo menos 26 resultaron heridas; entre ellas, 6 funcionarios penitenciarios. La CIDH urge al Estado a investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, y a identificar y sancionar a los responsables. Asimismo, el Estado debe tomar las medidas necesarias para que este tipo de hechos no vuelva a ocurrir.

De acuerdo con información de público conocimiento, el 16 de mayo de 2019, un grupo de internos protestaba en el techo de las galerías penitenciarias cuando agentes antimotines que permanecían en las inmediaciones de las instalaciones recibieron la orden de ingresar al lugar haciendo uso de bombas lacrimógenas y armas de fuego. Durante el operativo, uno de los agentes habría disparado contra Eddy Antonio Montes Praslín, de nacionalidad estadounidense y 57 años de edad, a una distancia de 4 metros.

Por su parte, en comunicado oficial el Gobierno señaló que aproximadamente a las 14:30 horas, el grupo de internos se abalanzó contra el personal del perímetro de seguridad y al forcejear con uno de los centinelas “con claras intenciones de quitarle el arma reglamentaria” se habría producido el disparo que impactó al señor Montes Praslín. Con posterioridad a los acontecimientos, decenas de familiares y representantes legales se habrían trasladado a las inmediaciones de la cárcel para solicitar información sobre la situación de otras personas que habrían resultado heridas en el operativo.

La CIDH advierte que estos hechos ocurren en un contexto de reiterados operativos y agresiones por parte de agentes estatales contra las personas que permanecen detenidas en “La Modelo” por ser identificadas como opositoras al Gobierno o por su participación en las protestas sociales iniciadas el 18 de abril de 2018. En particular, la CIDH ha denunciado que dichos operativos son realizados como forma de castigo o represalia frente a actos de protesta para exigir su liberación inmediata y la mejora de las condiciones de detención.

Ante la gravedad de los hechos, la Comisión concluye recordando que el Estado tiene la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia. Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que pudieran ser responsables por acción u omisión.

Vea texto íntegro del comunicado de prensa.

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