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Derechos Humanos.

CIDH manifiesta su preocupación por la continuación de la represión en Nicaragua.

La Comisión lamenta la falta de voluntad del Estado de Nicaragua para el restablecimiento de las libertades y derechos de toda la población

12 de julio de 2019

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la continuación de la represión después de casi cinco meses de la instalación de la Mesa de Negociación en Nicaragua.
Asimismo, la CIDH lamenta la falta de voluntad del Estado de Nicaragua para el restablecimiento de las libertades y derechos de toda la población, así como para superar la situación de impunidad respecto las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de 2018.

Graves restricciones a las libertades públicas

A pesar del inicio de la Mesa de Negociación entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (Alianza Cívica), el 27 de febrero de 2018, la CIDH observa la persistencia del estado policial en Nicaragua caracterizado por la prohibición de las protestas sociales y afectaciones a otros derechos por actos de estigmatización, ataques y agresiones, asedio y la continuación de detenciones arbitrarias en todo el país.
La CIDH advierte que las restricciones impuestas a la protesta social y los actos para amedrentar cualquier tipo de reunión que pudiera derivar en manifestaciones sociales, incluidas las celebraciones religiosas, afectan los derechos a la libertad de expresión, de asociación y a la libertad de religión. Asimismo, en los casos en que ocurren plantones exprés u actos improvisados de protesta, la CIDH continúa observando la realización de detenciones arbitrarias, lo que deriva en afectaciones a los derechos a la integridad y libertad personal. En algunas ocasiones dichas detenciones serían temporales, o bien derivan en la apertura de acusaciones penales por narcotráfico y delitos contra la propiedad.
A un año de la publicación de su Informe final “graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua”, la Comisión reitera al Estado de Nicaragua el deber de dar cumplimiento a las recomendaciones 1 y 2 con el fin de “cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas”, así como “respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población”. Así como la recomendación 8, para que el Estado “desmantele los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil”.

Situación de personas excarceladas

La CIDH expresa su profunda preocupación por la información levantada a través de testimonios de personas excarceladas recibidos por el MESENI en la que se da cuenta de la perpetración de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que en algunos casos podrían constituir tortura, mientras estuvieron privadas de su libertad. Desde el inicio de la represión, dichos actos han sido ampliamente denunciados por la propia CIDH y otros organismos internacionales y nacionales de derechos humanos.
En este contexto, la CIDH llama nuevamente al Estado a dar cumplimiento a la recomendación marcada con el numeral c) de su Informe final de la vista al país con el fin de: “c) Iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables de malos tratos y tortura. Dicha investigación debe realizarse por todos los medios legales disponibles, estar orientada a la determinación de la verdad, y conducirse dentro de un plazo razonable. Asimismo, debe regirse por los principios de independencia, imparcialidad, competencia, diligencia y acuciosidad”.

Impunidad de las graves violaciones a derechos humanos

Desde inicios del 2019, la Comisión ha condenado la aprobación expedita –y en completa ausencia de procesos amplios de consulta- de un conjunto de leyes incompatibles con el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y a una reparación integral para las víctimas de la represión iniciada el 18 de abril de 2018, entre ellas, la Ley para una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz, aprobada el 24 de enero de 2019; la Ley de Atención Integral a Víctimas en Nicaragua, aprobada el 29 de mayo de 2019; y, la aprobación de la Ley de Amnistía, aprobada el 8 de junio de 2019.
En las últimas semanas, en el marco de la implementación de la Ley de Atención Integral a Víctimas en Nicaragua, la CIDH ha recibido información sobre la instalación de más de tres mil “Comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz” en todo el país. Al respecto, la CIDH reitera su preocupación por la falta de consideración de las víctimas de la represión estatal y sus familiares en el Plan de Atención Integral a Víctimas adoptada por el Estado, así como el incumplimiento de los estándares internacionales en materia de una reparación adecuada e integral de las violaciones a los derechos humanos.

Situación de las personas nicaragüenses que se han visto forzadas a huir de su país

La CIDH nota con preocupación que miles de nicaragüenses continúan huyendo del país debido a la persistencia de la represión. En días pasados, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) actualizó la cifra a 70,000 nicaragüenses que han solicitado asilo en países como Costa Rica, Panamá, México y Estados Unidos desde el inicio de la crisis y hasta mayo de 2019.
En este contexto, la CIDH viene dando seguimiento a la situación de las personas nicaragüenses que se han visto forzadas a huir hacia estos países a raíz de la crisis iniciada el 18 de abril de 2018 en Nicaragua. El 12 de junio de 2019, la CIDH denunció algunos de los obstáculos que enfrenta la población nicaragüense desplazada para gozar de sus derechos en Honduras y Costa Rica por la falta de acceso a un empleo y a la educación derivado de no contar con documentos de identidad o de acreditación de estudios. En la visita realizada a Miami el 17 y 18 de junio, la CIDH tomó conocimiento de los desafíos que enfrentan las personas que han sido forzadas huir de Nicaragua hacia Estados Unidos.

Persistencia del cierre de los espacios democráticos

Desde diciembre de 2018, la Comisión identificó una fase de represión en Nicaragua caracterizada por la adopción de medidas y decretos que, bajo la apariencia de legalidad y estricta formalidad, restringieron de manera ilegítima los derechos a la libertad de expresión, asociación y de reunión, esenciales para el efectivo funcionamiento de toda sociedad democrática. Todo ello apuntando a una tendencia del Estado que busca silenciar, intimidar y criminalizar a cualquier voz contraria a la postura del Gobierno.
Durante el primer semestre de 2019, la CIDH advierte que este contexto de cierre de los espacios democráticos en el país persiste. En concreto, las personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua continúan trabajando bajo un escenario de riesgo para sus derechos en el país por la intensificación de una campaña de estigmatización y desprestigio en su contra, actos de hostigamiento y vigilancia, y la amenaza permanente del cierre forzado de otras organizaciones de la sociedad civil por parte de la Asamblea Nacional.
Por otra parte, si bien la CIDH saludó la liberación de los periodistas que permanecían privados de libertad, entre ellos, Miguel Mora y Lucina Pineda del canal 100% Noticias, se ha constatado que el contexto de para el ejercicio de la libertad de expresión no ha mejorado. Más de 70 periodistas permanecen exiliados. Además, el Estado no ha asegurado la devolución inmediata de bienes a medios de comunicación afectados por retenciones, requisas u ocupación de instalaciones.

Cese de la represión y apertura al escrutinio internacional

El 28 de junio de 2019, la Asamblea General de la OEA aprobó la Resolución «La Situación en Nicaragua«, en la cual “reitera la preocupación de la comunidad interamericana por el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua y su apoyo a una solución pacífica a la crisis política que afecta a este país desde hace más de un año” e insiste “en la necesidad de que el Gobierno de Nicaragua permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus mecanismos, así como de otros mecanismos internacionales de derechos humanos”. Al respecto, la CIDH reitera su total e inmediata disposición a colaborar y prestar la asistencia técnica necesaria para contribuir a restablecer la plena vigencia de los derechos humanos en el país, inclusive mediante el retorno al país.
En el Informe sobre la situación de Nicaragua presentado por la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos durante la 41ª. Sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el 10 de julio de 2019, la OACNUDH enfatizó que es crucial garantizar la rendición de cuentas sin ninguna excepción por las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas de 2018 y garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación.

 

Vea texto íntegro del comunicado

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