La moción de los diputados Coloma, Gutiérrez, Kast, Molina, Morales, Nogueira, Norambuena, Silva, Urrutia y Van Rysselberghe, expone que los constantes asaltos a cajeros automáticos, los atracos en casas e incluso edificios, los portonazos y también delitos como homicidio, lesiones graves, conducción en estado de ebriedad, violaciones y otros hechos hacen pensar las autoridades de nuestro país están haciendo las cosas mal.
Observa luego que son variadas las razones que esgrimen los analistas para entender este nefasto fenómeno, una de ellas estriba precisamente en el mejoramiento de nuestra estándar económico, es decir ahora los chilenos tenemos una capacidad de adquisición de bienes y servicios mucho mayor a la que teníamos hace solo dos décadas, incrementándose con eso las posibilidades de verse expuesto una persona a ser víctima de un hecho delictual. Otra razón, de carácter más estructural e histórica, lo puede constituir la poderosa desigualdad social en la cual se desenvuelve nuestra sociedad cuestión que requiere más bien de políticas a largo plazo que promuevan la equidad y promoción de todos los sectores de nuestra sociedad, en particular respecto de nuestros niños y jóvenes.
Enseguida, los autores de la iniciativa sostienen que, con ocasión del aumento de la delincuencia en nuestro país, múltiples sectores políticos y sociales han esgrimido la idea que una de las razones por las cuales vemos un progresivo incremento en la actividad delictual lo constituye el aumento de la reincidencia, situación que asimismo es un asunto con múltiples dimensiones que pasan por un problema de nuestro sistema procesal, carcelario y sustantivo.
Al efecto, aducen que ante esta compleja situación, se requiere una mayor coordinación entre las autoridades públicas para facilitar un conocimiento más directo y preciso acerca de la labor de cada organismo público. Agrega que, el traspaso de experiencia e información entre el poder judicial y el legislativo posibilitará la creación de normativas en las cuales también recojan la experiencia diaria de nuestros tribunales en la resolución de un caso concreto.
Por las razones expuestas, el proyecto de ley propone modificar el artículo 9° de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, estableciendo el deber de los tribunales orales en lo penal de informar una vez al año a la Comisión de Seguridad Ciudadana el porcentaje de reincidencias existentes en las causas sometidas a su conocimiento.
El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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