La moción de los diputados Baitolu, Carter, Fuenzalida, Hernández, Lavín, Moreira, Norambuena, Urrutia, Van Rysselberghe y Von Mühlenbrock, expone que los cambios a nivel social y cultural experimentados por Chile en los últimos 40 años han generado el surgimiento de una nueva sociedad.
Observa luego que a partir de los años 90 se dictan normativas que introducen en nuestro ordenamiento jurídico mayores garantías de protección a los consumidores, no sólo en el plano estrictamente normativo, sino que también a través del establecimiento de toda una institucionalidad protectora.
Al respecto, los autores de la iniciativa sostienen que el Servicio Nacional del Consumidor constituyó la institución que por antonomasia se ocupó (y se ocupa) de la defensa y protección de los derechos de los consumidores a nivel nacional, por otro lado, la existencia de una mayor conciencia a nivel social en torno a la defensa de derechos de las personas hace que en la actualidad el estándar de calidad sea mayor, debiendo las instituciones públicas o privadas cumplir exhaustivamente.
En tal sentido, la propuesta legal señala que en el plano de servicio básicos domiciliarios como el agua, la electricidad todavía este elemento de garantía protectora de los derechos de los consumidores se acentúa aún más, tomando en consideración la relevancia que implica estos servicios en el diario vivir.
Así, indica que uno de los principales derechos con que cuentan los consumidores es el de información, constituido por aquella prerrogativa que la ley les asigna a los consumidores tendientes a obtener de la manera más expedita los pormenores de un asunto de interés y que atañen a la calidad y continuidad del servicio.
Es por lo anterior, y con el objeto de canalizar de manera eficiente las inquietudes y reclamos de los usuarios ante cualquier desperfecto en el otorgamiento de estos servicios, el proyecto de ley propone incorporar un nuevo artículo 3 quáter en la Ley Nº 19.496, estableciendo que las compañías proveedores de servicios básicos domiciliarios pongan a disposición de los usuarios una línea telefónica gratuita que permita canalizar las principales dudas, inquietudes y reclamos con ocasión de la prestación de estos servicios.
Corresponde ahora que la iniciativa –en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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