La moción de los diputados Ascencio, Auth, Flores, Lorenzini, Matta, Ortiz, Pérez, Soto, Torres y Walker, expone que el Decreto Ley N°3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, regula en su artículo 6° y siguientes el derecho al servicio de aseo domiciliario, permitiendo a las entidades municipales cobrar una tarifa anual por dicho servicio de recolección y disposición de los residuos, el que se distribuye de acuerdo a lo que cada entidad determina.
Observa luego que se ha establecido una excepción legal para el cobro del mismo, en orden a rebajar o eximir su pago, esta se restringe a las hipótesis que la propia normativa contempla y que dicen relación con condiciones socioeconómicas de las personas que habitan en la comuna (casos de viviendas cuyo avalúo fiscal sea inferior a 25 UTM). A su vez, indica que se autoriza a generar condiciones de exención o disminución del valor del mismo según se establezca en la respectiva ordenanza municipal.
Sobre el particular, los autores de la iniciativa sostienen que el espíritu del legislador se ha mantenido en orden a entregar esta facultad de cobro y determinación a cada municipio. Añade, que el cobro de esa obligación es de carácter legal, debiéndose entender conocido por todos, aun en circunstancias que no ha llegado aviso al domicilio, recayendo sobre el propietario el deber de acercarse al municipio respectivo en el evento que requiera solicitar el estado de su cuenta.
Sin embargo, advierte que son precisamente muchos de dichos propietarios, dueños de viviendas más económicas, quienes presentan mayores dificultades para realizar el pago y quienes muchas veces terminan adeudando altas sumas de dinero al municipio.
Por tales motivos, el proyecto de ley tiene por objeto facultar, dentro de un plazo determinado, al Concejo Municipal para convenir, rebajar o condonar el pago del derecho por servicios de aseo domiciliario en relación a las condiciones socioeconómicas del deudor, de manera de propiciar e incentivar el cumplimiento de la obligación contraída del derecho municipal y por otra parte, evitar que personas que cuentan con determinadas condiciones socioeconómicas deban absorber el pago de sumas de dinero que, a su vez, se han visto abultada por el cobro de multas e intereses
Corresponde ahora que la iniciativa –en primer trámite constitucional- sea analizado por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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