La moción de los diputados Díaz, Fernández, Fuenzalida, Gutiérrez, Hirsch, Saffirio, Schilling, Soto Ferrada y Walker expone que el fortalecimiento de la democracia en Chile requiere de decididas acciones institucionales que fomenten la transparencia de actos de los órganos del estado y la probidad e integridad de la conducta de las autoridades y los funcionarios públicos. Así, a diez años de la publicación de la creación del Consejo Nacional para la Transparencia, es conveniente evaluar y ampliar el sistema de transparencia cuyo impacto ha sido positivo en el desarrollo y profundización de la rendición de cuentas por parte de nuestras autoridades. A pesar de dichos avances, desde hace un tiempo que la ciudadanía observa con preocupación los múltiples escándalos y eventuales comisiones de delitos en diversos casos de corrupción, que van desde el financiamiento irregular de campañas políticas hasta los conocidos desfalcos en el Ejército y Carabineros de Chile. Para abordar esta situación, el estado ha impulsado y aprobado una serie de reformas políticas de gran envergadura, que permitieron dotar de más y mejores controles de la actividad política y de promover un alto estándar de transparencia e integridad en el ejercicio de los cargos públicos. Estas leyes han contado con un amplio y transversal apoyo político, a través de los distintos gobiernos democráticos. Asimismo, el Índice de Percepción de la Corrupción, que desde el año 1995 es desarrollado por la Organización Transparencia Internacional, en el año 2017 situó a Chile en el lugar 26, lo que supone el peor resultado desde el inicio de la medición internacional, sin perjuicio de que desde su inicio se han incrementado progresivamente los países sometidos a la evaluación. Si bien actualmente existen más países evaluados, el resultado que no deja de ser positivo, se vio afectado por los numerosos casos de corrupción que en los últimos años nuestro país ha vivido.
Los diputados indican que, por lo tanto, corresponde elevar los estándares de transparencia para que estos sean uniformes y homogéneos para todas las instituciones del estado, con el objeto de fomentar un estricto cumplimiento del principio constitucional de publicidad y del derecho fundamental de acceso a la información pública. Para ello, proponen otorgar rango constitucional al Consejo para la Transparencia, de manera de remover cualquier obstáculo que impida que dicha entidad técnica e independiente pueda conocer y sancionar todas las infracciones a la Ley de Transparencia, independientemente de la naturaleza del órgano infractor.
Por lo anterior, el proyecto de ley eleva a rango constitucional la institucionalidad del Consejo para la Transparencia. Para ello, primero, establece su plena autonomía en la Constitución. Además, constitucionaliza sus atribuciones de conocer de la aplicación y de promover, fiscalizar y sancionar el cumplimiento o incumplimiento de las normas sobre publicidad, transparencia y acceso a la información de los órganos del estado, así como aquellas otras que fije una ley orgánica constitucional. Asimismo, para efectos de dotar de un gobierno institucional autónomo, el proyecto de reforma eleva a rango constitucional el mecanismo de nombramiento de los consejeros que integran el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, así como el procedimiento y causales de cesación en dichos cargos. Finalmente, remite al legislador orgánico constitucional el desarrollo del resto de las normas funcionales y organizacionales relativas al Consejo para la Transparencia.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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