En la PARTE I DE ESTE REPORTAJE, se incluyeron, en orden cronológico, los principales hitos del proceso constituyente desde que el mismo fue anunciado por la Presidente Bachelet.

Ahora, en la PARTE II, sintetizamos algunas de las opiniones que, en torno a la legitimidad y legalidad de este proceso se han expresado en diversos medios, también ordenadas cronológicamente, para que el lector pueda reconstruir el debate y pueda formarse un juicio informado sobre la misma, concluida ya la etapa de los encuentros locales autoconvocados (ELA).

La PARTE III, que será publicada el próximo jueves, se destinará a los contenidos, a la discusión de fondo, rescatando las principales propuestas que se han formulado por distintas personas y autoridades, movimientos, organizaciones y partidos políticos en relación a los valores, derechos, deberes e instituciones que creen necesario incorporar y configurar en la Constitución.

ABRIL DE 2016

CRÍTICAS al proceso constituyente formularon, Hernán Larraín, Cristián Monckeberg y Alberto Espina: “En el Gobierno existe la voluntad de insistir en este proceso a como dé lugar, utilizando todo el poder para imponer el planteamiento de la NM”. “Están intentando imponer, ideológicamente, su postura. Están haciendo lo mismo que se le criticó a (Augusto) Pinochet, el hacer una Constitución a su gusto”. “Reformar la Constitución con la participación ciudadana es muy bueno. Hacerlo engañándola y tratando de manipular el proceso, es algo que no vamos a tolerar”. El Mercurio (14).

JOSÉ MIGUEL INSULZA también deslizó criticas, aunque luego las matizó: “Francamente confieso, y tengo el sueño de equivocarme, creo que este proceso de debate no va a llegar demasiado lejos”. “No va a participar la misma gente, dejémonos de cuentos. Espero que participe mucha gente, pero van a ser más los míos los que van a participar que los otros, y eso le quita el consenso que estamos buscando”, y añadió: “Nunca he entendido por qué razón tiene que pasar tanto tiempo para dictar una nueva Constitución, cuando realmente creo que un buen proyecto, una buena propuesta con alternativas y todo podrían haber sido puesta ante las fuerzas políticas y hacia abajo. La Tercera (14). “Lo que pienso, lo dije mal”, rectificó el ex canciller, y añadió: "No era mi intención debilitar ni criticar un proceso que apoyo plenamente". La Tercera (11). Sus declaraciones habrían causado molestia en la NM y en el Ejecutivo.  Diario Financiero (15) Pulso (15).

FRANCISCO SOTO, miembro del Consejo de Observadores Ciudadano, replicó que Insulza tiene la visión de quienes han generado cambios desde la elite, y añadió que el actual proceso apunta a un "constitucionalismo más popular". La Tercera (15),  Págs. 2, 3, 4.

En El Mercurio (13), JOAQUÍN TRUJILLO, “La Constitución y la continuidad histórica”, escribe que “reponer simbólicamente el texto de la Constitución de 1925 y sus reformas como pie forzado para reformarlo hasta que luzca conforme a las necesidades de hoy, y recién entonces ponerlo en vigencia (aprovechando de paso todo nuestro acervo constitucional), es la manera de restablecer la continuidad. Esa continuidad, obviamente, no debe desconocer la vigencia de la Carta actual. Decir lo contrario significaría proponer un interrogatorio anárquico”.

Bajo el titulo “Debate Constitucional”, RENATO CRISTI escribe que la discusión actual se refiere a la cuestionable legitimidad de ejercicio de lo que estrictamente hablando sería la Constitución de 1989, y a las trabas que ello significa para la efectiva reforma de sus disposiciones. Una solución es que el pueblo, en virtud de su poder constituyente originario, convoque a una asamblea constituyente para fijar un nuevo texto constitucional. Otra solución es la que han puesto en juego Fontaine y Ossa, que no busca necesariamente reponer íntegramente la Constitución del 25, sino solo restaurar selectivamente aquellas disposiciones que permitan al pueblo ejercer su poder constituyente derivado y lograr así liberar a la Constitución del 80 de las trabas que inhiben su efectiva reforma. Esta solución tendría la virtud de respetar nuestra Constitución histórica. Burke, presumo, estaría de acuerdo. El Mercurio (14).

Muchos creen, probablemente de modo errado, que un nuevo ordenamiento constitucional hará de Chile un edén de probidad y de justicia en medio de un escenario general en estado crítico. Yo no pienso así. RODERICUS. El Mercurio (15).

EUGENIO EVANS escribe sobre la decepción que puede traer consigo una nueva Constitución, que aun cuando legítima en su origen no tiene por si misma la capacitad de solucionar íntegramente los problemas de la ciudadanía. La Tercera, (15).

Bajo el título “¿Maquiavelismo constitucional?”, FERNANDO ORREGO Vicuña escribe que “Serán los pequeños grupos organizados políticamente los que impondrán su opinión, la cual será sesgada desde su origen”. El Mercurio (15).

La representatividad de los cabildos “será con suerte el 0,05% del padrón”, y cuando se recoge la opinión del 0,05% del padrón electoral, ¿qué importancia tendría este proceso? ¿Cuál debiera ser su incidencia?”, se preguntó JORGE CORREA. El Mercurio (15).

SEBASTIÁN SOTO, de Libertad y Desarrollo, refiere que existen dos alternativas frente a los cabildos: restarse de todo y denunciar fraudes, o participar, ir a terreno y persuadir, criticar los eslogans superficiales, viralizar las trampas. La Tercera (16).

PATRICIO NAVIA comenta que si el Gobierno realmente estuviera comprometido con promover un proceso constituyente debiera haber comenzado por el principio, promoviendo un plebiscito que permitiera a los chilenos decidir si quieren o no una nueva constitución. El Líbero (15). 

En El Mercurio (17), el ex ministro del Interior, EDMUNDO PÉREZ YOMA, afirmó que "el Gobierno ha declarado al país en un estado de asamblea por un tiempo largo y eso no se ha hecho en ninguna parte del mundo", pero si el proceso constituyente ya comenzó lo que se debe hacer es analizar las propuestas. Añadió que si se opta por un sistema semipresidencial hay que cambiar nuevamente el sistema electoral y que la elección de intendentes no necesariamente funciona en un país unitario. 

JAIME JANAKELEVICH W. observa que resulta inverosímil que el Gobierno haya abierto la participación de adolescentes de 14 años al debate sobre el tipo de Constitución que Chile debe tener. La Tercera (15).

CARLOS PEÑA califica al proceso constituyente como una astuta jugada del Gobierno, que usará lo que ocurra en los cabildos ciudadanos (donde se impondrá la visión de minorías bien organizadas) como argumento irrefutable para imponer su propio proyecto. Aunque se lo presenta como un diálogo ciudadano “será poco más que un focusgroup”. El Mercurio (17).

AXEL BUCHHEISTER escribe que la voceada participación ciudadana es un mito. Un proceso constituyente que simula ser democrático y que va a desembocar en un final predeterminado tiene un solo apellido: chavista. La Tercera (17).

MAX COLODRO señala que el Gobierno ha terminado por hacer de este esfuerzo por arribar a un nuevo texto constitucional un proceso con demasiadas debilidades. La Tercera (17).

JOAQUÍN GARCÍA HUIDOBRO pronostica que los historiadores del futuro se preguntarán cómo la autoridad estuvo más preocupada de manejar los cabildos que de cautelar la integridad y la paz del país en La Araucanía. El Mercurio (17).

JORGE NAVARRETE no comprende bajo qué criterios se decide no consultar al CCO antes de divulgar el video. La Tercera (17).

ANDRÉS CHADWICK en La Tercera (18), bajo el titulo “Proceso tramposo”, señala que “No queda más que decir NO a un proceso constitucional al estilo chavista”. Constata que los observadores pidieron incluir sólo a mayores de 18 años en los cabildos ciudadanos y la Presidenta anunció en cadena nacional que podrán participar los mayores de 14, que éste solicitó omitir el término “nueva Constitución” y que aquella convocó a la ciudanía con ese objeto. Augura que “lo mismo pasará con el intento de politizar el proceso, en la redacción de las conclusiones de los cabildos, las “bases ciudadanas” que el gobierno quiere manejar y con la participación de funcionarios públicos. Para muestra un botón: el despliegue de ministros en terreno, acompañados obviamente de parlamentarios, alcaldes y concejales, y la selección de los monitores por la Segpres. El manto de duda es total. Más cuando, en un evidente abuso de poder, el gobierno obliga a los canales a transmitir gratuitamente una campaña que no tiene sustento jurídico alguno para ser calificada de “interés público”.

El EX MINISTRO reiteró en El Mercurio (18) que el proceso constituyente será "estéril" y  no respeta "participación y transparencia".

LIBERTAD Y DESARROLLO, en estudio “Participación Constitucional: Descorriendo el Velo”, acusa intencionalidad electoral en "docureality" del Gobierno, critica las bases de la licitación del video, su contenido -que se pida a uno de los personajes demostrar un "sentimiento de orgullo"-, entre otros cuestionamientos al proceso constitucional, lo que podría degenerar en un “populismo constitucional” situación que afectaría no solo al Gobierno sino también a la política y a las instituciones. La Tercera (18), Diario Constitucional (19).

LUIS LARRAÍN en El Líbero (14) señala que en el fondo, lo que la Presidenta está haciendo es utilizar un procedimiento extra institucional que, como lo ha denunciado Mauricio Rojas conlleva un ejercicio de populismo constitucional.

PATRICIO NAVIA escribe que la nueva Constitución puede tener buenas justificaciones, pero no va a hacernos más responsables como sociedad ni va a asegurar que los gobiernos anticipen todas las contingencias razonables antes de darle luz verde a los privados para que actúen inescrupulosamente. El Líbero (19). 

En una editorial El Mercurio (21) EVALÚA LA ACTUACIÓN DEL CCO. Se ha ido fortaleciendo, ha habido desencuentros con el gobierno, lo que refleja la improvisación con que se ha pensado y planificado todo el proceso constituyente, pero el Consejo se ha ido ganando un espacio estimable, dando muestras de aplicación y cohesión interna. Las tensiones han provenido del contenido de las campañas comunicacionales, de la designación de los facilitadores para los cabildos, de la redacción de lo que surja de esos cabildos, y del rol informante o motivador que pueda tener el Gobierno para convocar a la ciudadanía a participar. Y enseguida se formula una interrogante; una vez que la gente se haya expresado en los cabildos, ¿qué se hará con lo que de allí emerja?. Observa también que no hay claridad sobre la discusión de fondo, en torno a los contenidos de una nueva Constitucional o la reforma a la actual –ni siquiera existe acuerdo aún en torno a cómo llamarla-, y que es en esos puntos donde se darán probablemente las mayores diferencias.

El actual diseño de La Moneda para darle viabilidad al proceso constituyente se está viendo amenazado por la ausencia de una estrategia de orden, escribe MARCO MORENO en El Mostrador (21) bajo el titulo “El problema de gobernanza del proceso constituyente”.

En La Tercera (21), CLAUDIO ARQUEROS sostiene que “el gobierno ha tratado de convencernos de que –tal como señalaba Atria- es posible emancipar la política de las trabas constitucionales a partir de una reactivación de la ciudadanía. Aquello, sin embargo, implica necesariamente restituir de investidura a la política, dotarla de un sentido afable para la ciudadanía que hoy no tiene y que la presidenta no transmite. El horno no está para esos bollos, porque precisamente el andamiaje representacional de este gobierno no interpela a la ciudadanía. Esa era la utopía de Atria, y ese es el error que está cometiendo este gobierno”.

El proceso constituyente está en riesgo, manifiesta DANIEL IBÁÑEZ, señalando que “Si bien la idea de una nueva Constitución cuenta con un amplio respaldo ciudadano, lo cual se refleja en prácticamente todos los estudios de opinión que muestran un apoyo de la gente que sobrepasa el umbral del 70%, el proceso enfrenta hoy un grave problema en cuanto a la capacidad de convocatoria y participación de la ciudadanía en los cabildos y encuentros que parten en los próximos días, básicamente por problemas de información”. El Dínamo (22).

JAIME ALCALDE, en El Mercurio (22), luego de citar los comentarios de Kelsen a la Constitución de 1925, reflexiona que en la hora actual, la lectura de estas consideraciones nos debe llevar a meditar sobre el hecho de que la preparación de una nueva Constitución exige de un pacto donde converja el cuerpo social que lo elabora y que recoja un sistema de libertades concretas. Esas libertades se conforman a partir del círculo de acción de los derechos de cada persona según sus circunstancias particulares, el que se enmarca dentro de una determinada tradición política vivida y sentida como propia, que da origen al sistema de gobierno que se desea. Es en este último aspecto, el del desarraigo, donde falla la actual Constitución. Pero mirar al pasado como regla de descarte para solucionar el problema puede resultar no solo anacrónico, sino también peligroso.

Bajo el titulo “PARTICIPACIÓN EN PROCESO CONSTITUYENTE”, La Tercera (23) en su editorial señala que en esta nueva etapa de la convocatoria ciudadana a cabildos y otros espacios diseñados por el Ejecutivo, un factor clave a esclarecer por el denominado CCO es la determinación de los parámetros a utilizar para medir el éxito o fracaso de esta convocatoria ciudadana. Enseguida afirma que llama la atención, por ejemplo, que el aparato comunicacional del gobierno informe diariamente sobre la cantidad de visitas a la página web del sitio creado en el marco de este proceso, como si ello fuese equiparable con algún grado de involucramiento en éste, cuando incluso algunos integrantes de partidos oficialistas han planteado sus inquietudes en torno al grado de representatividad que tendrán los cabildos. Concluye señalando que lo “anterior es consecuencia de la alteración que este proceso implica respecto a las fórmulas de reforma reconocidas en la propia Constitución y que dejan la responsabilidad en los estamentos de representación popular efectivamente democráticos, como es el mismo Congreso”.

PABLO RUIZ-TAGLE en El Mercurio (24), luego de afirmar que el proceso de cambio constitucional chileno es imperfecto y persona alguna puede reclamar su autoría, alude a algunas personas que han descalificado como se da la participación ciudadana. Desliza críticas nominales a Jorge Correa y Carlos Peña, para concluir que se aceptan todas las críticas respecto de cada una de las etapas del proceso constituyente chileno, particularmente aquellas que se refieren a sus formas políticas más innovadoras, pero especialmente se agradecen las que pueden contribuir a su mejora.

EUGENIO TIRONI, señaló a Emol (25) ”que es una responsabilidad de la élite y los líderes de opinión, que hasta ahora hemos tenido el monopolio de la voz de la ciudadanía, que nos traguemos una píldora de modestia y apostemos, nos atrevamos y colaboremos por generar un proceso participativo y no le tengamos miedo. Eso es tenerle muy poca fe a nuestros compatriotas y en la gente que desea participar. Yo al menos, tengo mucha confianza y les tengo fe”.

MAURICIO MORALES, en el Líbero (25) observa que “los defensores de la Asamblea Constituyente creen que este es el mecanismo mayoritario. Una mirada más profesional, responsable y seria de la evidencia nos lleva, al menos, a ser más prudentes antes de emitir juicios”.

JOSÉ IGNACIO NÚÑEZ, escribe en La Tercera (25) a propósito de las críticas que la etapa participativa del proceso constituyente contemple a toda persona mayor de 14 años.

JULIO RIVEAUX le responde a Pablo Ruiz-Tagle señalando que la noticia principal de El Mercurio muestra al Presidente y un miembro del CCO en un encuentro citado en Puente Alto al que no llegó nadie. “El hecho pareciera darles la razón a Jorge Correa y Carlos Peña”. El Mercurio (25).

J. IGNACIO CORREA, en El Mercurio (26), se muestra sorprendido que desde la academia haya surgido la propuesta de sumarse procedimentalmente al proceso constituyente, postulando retomar la Constitución del 25 como regla por defecto, lo que a juicio de sus promotores tendría el gran mérito de evitar comenzar desde cero y pondría coto a las decisiones adoptadas por grupos pequeños de expertos y por cabildos cuya legitimidad no es para nada obvia ni inmediata, porque dichos académicos prescinden de “los juicios críticos vertidos tanto por la doctrina internacional como por la nacional sobre la Constitución del 25”.

PATRICIO ZAPATA escribe en  La Tercera (26) que con “Tu Constitución”, el ex Presidente Lagos revela su sensibilidad frente al mundo nuevo que emerge y proyecta su compromiso con la profundización de la democracia.

JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER, luego de constatar en El Libero (27) que este proceso ha dado lugar a una serie de controversias, tales como si ¿Hubo suficiente información de manera de incentivar la participación? ¿Sirvió de algo la etapa previa de educación cívica? ¿Llegaron a evaluarse sus resultados? ¿Existe un informe público al respecto? ¿Cuánta gente participó en la fase educacional preparatoria y cuánta se espera participe en la actual consulta-conversación? ¿Qué resultado se espera del período de cabildos y grupos autoconvocados? ¿En cuál papel cabe el Consejo Observador en este procedimiento consultivo? ¿Por qué debe ser observado el proceso?, afirma “que estamos ante un experimento social probablemente más interesante para el posterior análisis sociológico y de la ciencia política que por su impacto real y efectivo en el proceso conducente a dar una mayor base de participación ciudadana y de legitimidad a la nueva Constitución. Cabe esperar, por lo mismo, que un sano debate acompañe a este proceso de modo de evitar que se transforme en un vehículo de mistificación o sea usado para manipular a los ciudadanos”.

MÁXIMO PAVEZ, en El Libero (27), se pregunta en relación al proceso constituyente si ¿importa lo que digan las personas? Nada. Si no fíjese usted mismo. La Presidenta dice en el encuentro en San Miguel: "No hay que preocuparse si uno no conoce las palabras técnicas, porque después, cuando hay que escribir esa nueva Constitución, habrá los especialistas que sabrán colocar las palabras más adecuadas para decir y expresar de mejor forma esa gran, la madre de todas las leyes, que es la Constitución".

La deliberación constitucional es legítima, pero no lo es crear falsas expectativas, como decir que el proceso constituyente permitirá tener una Constitución “escrita entre todos”. Eso no es posible, y es mejor no llamar a engaño, escribe SERGIO MUÑOZ en La Tercera (28).

A PROPÓSITO DEL INICIO FORMAL del proceso constituyente, El Mercurio (28) en su editorial, recuerda “que lo que se ha querido salvar aquí es la legitimidad democrática de nuestra Constitución, razón suficiente para no dejar la participación ciudadana librada a los infortunios de un proceso inédito ni a las opacidades propias de una novedad”, ello luego de la escasa la asistencia a los encuentros locales, a las dudas expuestas por diferentes personeros políticos en relación con la pluralidad y neutralidad de quienes conducirán y facilitarán el proceso, a la baja capacidad de convocatoria por parte de La Moneda y al real interés ciudadano por participar.

Al ser incapaces de respetar el derecho de la gente a escoger a los candidatos de sus coaliciones, con la venia de la Presidenta Bachelet, los partidos de la NM han socavado la credibilidad de su supuesto compromiso con un proceso constituyente que otorgue poder a las personas, escribe en El Líbero (29) PATRICIO NAVIA. 

JOAQUÍN GARCÍA HUIDOBRO se pregunta en  El Mercurio (30), ¿si debe participar la oposición en los cabildos constitucionales?, y concluye que en una democracia representativa el lugar para tratar los cambios constitucionales es el Congreso y no cualquier calle o callejón.

Sobre los cambios a la Constitución, LUIS RUBILAR escribe en La Tercera (30) que se están creando falsas expectativas con una nueva Constitución. 

MAYO DE 2016

En columna “Nueva Constitución ¿con pueblos originarios?”, SALVADOR MILLALEO escribe que una verdadera discusión constitucional debe estar siempre abierta para que aquellas organizaciones que así lo decidan, hagan sus propios procesos. El Mostrador (1).

El proceso constituyente NO DEJA ALTERNATIVA a quienes se oponen a la elaboración de una nueva Constitución, editorializa La Tercera (1).

HERNÁN BÜCHI, escribe en El Mercurio (2), que la “Constitución es la encargada de brindar certeza por antonomasia, lo que no equivale a decir que no evolucione. En Chile, a partir de los cambios plebiscitados en 1989, esta ha sido modificada treinta y tres veces. Sin embargo, hoy su espíritu y letra están nuevamente en entredicho, y no porque se hayan presentado propuestas concretas siguiendo las normas por las que se la puede modificar, sino a partir de un proceso con claras reminiscencias totalitarias en que luego el líder traduce la supuesta "voluntad popular". Que la autoridad tenga que salir a declarar que no está en juego el derecho de propiedad es un sintomático símbolo de confusión e inestabilidad”.

En The Clinic (2), CARLA AMTMANN habla sobre los desafíos de un proceso constituyente ampliado.

JOAQUÍN TRUJILLO, escribe en El Mercurio (2), que afortunadamente el destino de una república no lo dicta una sola persona  y, muchas veces, ni siquiera un colectivo, sino la posta de los vivos y los muertos. Así, el guiño al texto de la Constitución del 25 y sus reformas permite reorganizar ex post facto nuestra historia constitucional, de la cual hay bastantes pruebas que hacen que la retórica continuista no sea mitología constitucional.

El proceso constituyente que impulsa el gobierno no pasa de ser, para los efectos legales, una consulta no vinculante que alimentará una propuesta de cambio constitucional que hará el gobierno más impopular desde el retorno de la democracia justo antes de irse, escribe PATRICIO NAVIA, en El Libero (3).

En su editorial El Mercurio (3) se refiere a la cartilla sobre el actual proceso constituyente que el ARZOBISPADO DE SANTIAGO ha difundido en parroquias en la que se plantea "¿qué necesita saber y hacer?" un católico al respecto, con una somera referencia a las razones por las cuales se está proponiendo un cambio a la Constitución, algunas nociones básicas sobre qué es una Carta Fundamental, y por qué ella es importante para los católicos. No se advierte en este documento sesgo alguno, es natural –se dice luego- que ese documento enumere 12 elementos que "resultan importantes para un católico", entre otros el derecho a la vida, derechos humanos, derechos sociales, libertad religiosa, familia y matrimonio, sobre los que, según se anuncia, se abundará próximamente en otra cartilla, aunque se concluye señalando que “La Iglesia mal podría estar ajena a tema contingente alguno que concierna a su amplísimo ministerio en favor de las almas, pero no es evidente que estas cartillas respondan desde ahora a esa misión superior. Más que un problema de legitimidad para opinar, se trata de una cuestión de oportunidad sobre el momento adecuado para hacerla valer”.

Bajo el titulo “EL ITINERARIO CONSTITUYENTE, ¿NO MENOS DE CINCO AÑOS?, escribe en El Mostrador (3) Alejandro Gonzalez-Llaguno: "Junto a la cuestión de la temporalidad del proceso, hay dos momentos en que el proceso constituyente va poner a prueba su consistencia. El primero, se manifiesta en una pregunta: ¿qué sucede si el actual Congreso no habilita al próximo para que elija el mecanismo?; y, el segundo, se relaciona con el rol que va jugar el siguiente Ejecutivo en el proceso constituyente".

En columna “Constitución ¿ilegítima?”, SEBASTIAN SICHEL afirma en El Líbero (4) que es sano para una democracia estudiar continuamente el perfeccionamiento constitucional y si es necesario haciendo un nuevo texto, pero insano hacerlo botando la estantería primero.

El Mostrador (5) editorializa que en la HISTORIA CONSTITUCIONAL DE CHILE, nunca o en muy poca medida las constituciones han tenido un componente ciudadano real como se supone debiera tener la eventual Nueva Constitución de Chile y que la hace amenazante hasta lo impensable.

JUAN IGNACIO BRITO en La Tercera (5), escribe que poco importa que la Constitución no sea una prioridad para la gente y que la participación sea exigua: los problemas, según el vocero de gobierno, son comunicacionales y de falta de recursos.

PATRICIO NAVIA en columna que titula “El que pone la música constitucional”  sostiene que si para ganar las próximas elecciones, la derecha acepta la premisa que Chile necesita una nueva constitución —y no solo reformar la actual— esa victoria tendrá el amargo sabor a derrota. El Líbero (6)

Daniel Hopenhayn, escribe en The Clinic (6), sobre “LA INSPIRACIÓN TEOLÓGICA DE LA CONSTITUCIÓN QUE RIGE A CHILE”. Diversos escritos de Jaime Guzmán, así como las actas de la Comisión Ortúzar permiten advertir la vocación mística de algunos conceptos clave que el jurista introdujo en nuestra Carta Fundamental.

A propósito del PROCESO CONSTITUYENTE INDÍGENA, El Mercurio (7) señala en su editorial que iniciar un proceso constituyente exclusivo para representantes de los pueblos originarios crea una serie de expectativas de complejo cumplimiento, resta representatividad al proceso general, puede contribuir a tensionar las relaciones que ya son complejas en diversas localidades donde conviven ciudadanos de diferente origen étnico y debilitar la visión integradora que debiera primar a nivel nacional.

GERARDO VARELA en El Mercurio (7), propone nombrar “padrinos del proceso constitucional de la NM a Potemkin, Goebbels y Mugabe. Ni a ellos se les habría ocurrido inventar un Consejo de hombres buenos, que actúe de mirón y acusete, pero que cuando mira y acusa lo ningunean; crear cabildos de tramoya, en que lo único importante es el acta que levante un amanuense del gobierno; en que la audiencia será un grupo de fanáticos chavistas, que de Derecho Constitucional saben poco y nada, pero que de manejo de barras bravas saben mucho, y aquellos oportunistas a los que les interesa dejar escrito en piedra alguna ventajilla particular. Añade que teniendo un Congreso democrático y una Constitución, que ha dado estabilidad y progreso a Chile, que el Gobierno pretenda crear una parodia de participación para supuestamente averiguar cuál es la voluntad popular, me parece un tongo de cuarta categoría.

Bajo el titulo ¿PARTICIPAR O RESTARSE?, Benjamín Valladares escribe en El Mostrador (7),  que “Es un poco difícil pensar que “se presentará como la opinión imparcial de la ciudadanía”, ya que concitar un acuerdo en modo alguno supone unanimidad, pero sin duda será bastante difícil promover ideas diferentes a las que se adopten en el proceso de cabildos a menos que promuevan consensos en el seno de una instancia más democrática que la actual. En ese sentido es mejor participar que abstenerse. Además, lo último lamentablemente terminará aportando a los burdos argumentos esgrimidos por los sectores conservadores, como “a la gente no le interesa participar en estas cosas, pues, no entienden qué es la Constitución”.

Bajo el titulo “MUJERES Y NUEVA CONSTITUCIÓN”, José Ignacio Núñez escribe en La Segunda (7) que las mujeres no pueden marginarse ni ser marginadas de esta oportunidad de pensar en la Constitución, y los hombres no podemos seguir estigmatizando sus intereses como demandas que sólo deben ser defendidas por ellas.

Sobre el ROL DE LA DERECHA EN PROCESO CONSTITUYENTE, escribe Jorge Navarrete en La Tercera (8), que “Si de verdad les preocupa que las reglas propuestas no garantizan un juego limpio, es sólo desde adentro y dando real respaldo a sus quejas, que podrán provocar las respectivas modificaciones”. Restarse del proceso no detendrá ni paralizará el juego. Y concluye señalando que “Mal que mal, y pese a todo lo que dicen algunos, mostrando ignorancia o derechamente mala fe, será sólo el Congreso Nacional, con la mayoría de sus 2/3, el que finalmente dirimirá por el procedimiento y contenido de nuestra próxima Constitución”.

La situación de los altos niveles de parcialidad política de los facilitadores del proceso constituyente, resulta preocupante, ya que se relaciona con cuestiones fundamentales para el tipo de democracia que estamos construyendo, escribe TOMAS FUENTES en La Tercera (8).

En columna “Una mejor Constitución para Chile”, el EX PRESIDENTE PIÑERA entra al debate sobre la reforma de la Carta Fundamental. Critica el proceso constituyente y pide concretar la discusión en los contenidos antes que en los mecanismos. El Mercurio (8), Emol (8). El ex mandatario sostiene que la iniciativa oficialista centra su atención en el mecanismo y no en los contenidos, no da garantías de transparencia y crea el mito de que el "modelo neoliberal" es la causa de los problemas. El Mostrador (8).

Los encuentros locales del proceso constituyente no tienen base jurídica y carecen de regulación, señala JOSÉ LUIS CEA a El Mercurio (8). El sistema de reforma a las Constitución “no está siendo respetado”. El CCO no cuenta con facultades resolutivas. El proceso es “casi por completo desconocido, ignorado. Es un misterio”. En su opinión, “se va dando a conocer gota a gota”. “Qué grado de conocimiento o de cultura cívica pueden tener personas a las que se les llama de manera tan poco formal, de 14 años hacia arriba. Muchos de ellos ni siquiera pueden votar en un eventual referéndum o plebiscito, pero se los convoca”. La oposición e independientes deberían tener el mismo acceso a los spots televisivos. Las definiciones para orientar el diálogo son “risibles, no son serias”. Para explicar que es una “república” se dice que “Chile es una república, es decir, no hay rey (salvo el rey del mote con huesillo”. Los cabildos son “enteramente desorganizados y nos plantean la gran duda de quién va hacer orden en el desorden, de qué manera, con qué facultades, elaborando sobre la base de qué documentos, qué actas y qué acuerdos”.

Informe UDP concluye que CAMBIOS A LA CONSTITUCIÓN NO IMPACTAN EL CRECIMIENTO Y LA INVERSIÓN. Expansión del PIB y de la tasa de inversión fue mayor antes y después de las modificaciones en los países de la muestra, exceptuando Venezuela. Diario Financiero (9).

Bajo el titulo “Danza Constitucional”, escribe JOAQUÍN FERMANDOIS que los “26 años de vigencia real de la Constitución de 1980, no por casualidad coinciden con el mejor período de la historia del país desde fines del XIX, al menos medido con los índices con que normalmente se evalúa el progreso o declinación de un país (ciertamente no en todos los índices, no en algunos como en la violencia cotidiana asociada a la delincuencia), para no hablar de la excelente apreciación externa sobre Chile”, y concluye que una “Constitución no puede transformar un país por más derechos que se le agreguen; en cambio, sí puede entumecer y corroer el proceso institucional”. Emol (10).

ANÍBAL RODRÍGUEZ escribe sobre Rol de las universidades en el proceso constituyente en La Tercera (10).

CRISTÍAN LEPORATI escribe en El Mostrador (10), bajo el titulo” Y Bachelet… ¿no está comunicando el proceso constituyente?”, que “El peso de Caval le quitó fuerza mediática, credibilidad y empuje a la Presidenta y, por defecto, al proyecto constitucional”.

PATRICIO ZAPATA en La Tercera (10), a propósito de las criticas de falta de legitimidad del proceso constituyente en curso, invita a “que todos aquellos que disfrutamos del privilegio del micrófono, la cámara o la columna a que reflexionemos sobre las oportunidades que ofrece un proceso de conversación ciudadana abierto a todas y a todos”.

Nos parece que ya es cada vez más elocuente que el proceso oficial no ofrece garantías suficientes para hablar de información clara, ecuanimidad, transparencia, independencia y posibilidades reales de participar. El Gobierno se farreó la posibilidad de hacer las cosas bien. No podemos ser cómplices de una Carta Fundamental que nos tenga nuevamente discutiendo por muchos años sobre si su origen fue legítimo o no, escriben en El Mercurio (11) CRISTIÁN STEWART y DIEGO SCHALPER.

RODRIGO DURAN escribe que la oposición ha insistido en excluirse de participar en el proceso constituyente llevado adelante por el Gobierno. La medida no puede ser más inoportuna. Es en la discusión donde se puede fiscalizar el proceso e instalar las ideas La Segunda (11).

Acudir a la Constitución de 1925 me parece que viene a ser una respuesta discutible en muchos aspectos, pero valiosa en el preciso grado en que ella se sitúa en el nivel profundo de la discusión y permite enfrentar a la izquierda revolucionaria con un pensamiento específicamente político, de talante conservador, en el significado amplio de opuesto a las ideas revolucionarias, escribe en El Mercurio (12) HUGO HERRERA.

Bajo el titulo “LA APUESTA DE LAS DOS DERECHAS”, Kenneth Bunker escribe en La Tercera (12), que “los partidos de derecha y sus representantes más emblemáticos se dividen entre los que lo buscan ignorar y los que lo buscan avalar” el proceso constituyente. El primer grupo está bajo la impresión de que tienen el poder de veto para detener el proceso. Su apuesta es que pueden detener la ofensiva en la quinta etapa al hacer uso de su minoría legislativa. El segundo piensa que el proceso es algo inevitable y que se va llevar a cabo con o sin su apoyo. Su apuesta es participar en el proceso para influir en el producto final.

GONZALO CORDERO en La Segunda (12), afirma que "Cualquier reconocimiento o expresión de voluntad política de que Chile necesita una nueva Constitución no la comparto, es generar una expectativa que no se condice con la realidad. Nuestra Constitución no es tan excéntrica, responde a los estándares internacionales".

Bienvenidos los cabildos que están proliferando en Chile para estudiar la Constitución proyectada, porque a través de ellos y con ellos el país se ha puesto a pensar. Esta reflexión es gratuita y constituye por eso la forma más perfecta del ejercicio de la política, escribe en El Mercurio (13) MARTA CRUZ-COKE DE LAGOS.

MÁXIMO PAVEZ y CLAUDIO ARQUEROS de la Fundación Jaime Guzmán, escriben en El Mercurio (13), que “nos parece claro -ni menos compartido- que sea urgente un cambio constitucional. Chile tiene una buena Constitución, que se ha legitimado en el ejercicio democrático por más de un cuarto de siglo, que ha sido respetada y aplicada por gobiernos de distinto signo y que es la piedra angular que ha permitido el desarrollo institucional y económico del que se admiran en el concierto internacional”.

En entrevista a The Clinic (13), TOMÁS MOULIÁN llama a participar del proceso constituyente para avanzar hacia una democracia más representativa. Es partidario de culminar con una asamblea constituyente y un plebiscito que otorgue legitimidad a la Nueva Constitución. Además lanza dardos contra el rol del TC y del Partido Comunista.

En los Encuentros Locales del proceso constituyente las actas deben subirse íntegramente a la web, incluyendo RUT y firma de cada asistente, pero lo que se discute en el Chile Day entre autoridades nacionales y directores de empresas no queda registrado, escribe ALBERTO CODDOU en The Clinic (12).

La NM consiguió que la oposición entrara a la cancha que venía diseñando cuidadosamente, para discutir ya no sobre si es o no conveniente reemplazar la actual Constitución, ni respecto a los cambios que Chile requiere para modernizar sus instituciones y consolidar su convivencia democrática, sino sobre si sumarse o no al proceso constituyente y a los cabildos ciudadanos, dos figuras que no existen en nuestra institucionalidad y son, por tanto, ilegales, escribe ISABEL PLÁ en El Líbero (13).

RICARDO IRARRÁZABAL, en El Líbero (13), escribe que las bases de la propuesta constitucional del gobierno están reflejadas en el libro “El otro modelo”, de Atria, Larraín, Benavente, Couso y Joignant, “otro modelo” que choca en aspectos relevantes con varios de los conceptos fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia, muchos de los cuales están recogidos en la Constitución vigente.

MÁXIMO PAVEZ escribe que la propuesta constitucional de Chile Vamos tiene una virtud principal: es un esfuerzo por avanzar en la discusión de fondo y referida a qué cosas hay que perfeccionar de la actual Constitución. La Segunda (13).

A propósito de la decisión política de abrir el proceso constituyente a los mayores de 14 años, escribe XIMENA GAUCHÉ en The Clinic (13) que la participación infantil no sólo ayuda a cumplir con un deber estatal impuesto por la Convención de Derechos del Niño que Chile se obligó a respetar en democracia, sino además permite levantar un camino posible en la búsqueda de ciudadanos empoderados.

Pretender que -en el actual clima y desarrollo del país- el anteproyecto de una nueva Constitución pueda ser elaborado en salas cerradas y por un puñado de notables, no sólo es un imposible político sino un acto de ceguera y estupidez. Negar la participación es imposible. Si en la derecha  hay quienes piensan que los cabildos se llenarán de “minorías proféticas”, mayormente de izquierda, lo que deben hacer es abandonar su “pereza gregaria” e ir a plantear aquellas ideas en que creen; vencer la apatía y la indiferencia que tanto daño ha hecho a ese sector y al país, escribe GENARO ARRIAGADA en La Tercera (14).

Bajo el titulo “GARANTÍAS EN EL PROCESO CONSTITUYENTE”, El Mercurio (14) señala en su editorial, que “Así como los consejeros no han tardado en comprender que el papel que representan ante la opinión pública les exige actuar con firmeza y notoriedad cada vez que la ecuanimidad y fe pública del proceso que supervisan se ven amenazadas, un actuar igualmente transparente y definido sería esperable del Gobierno en un proceso tan delicado como este”.

Aunque el Gobierno se aferra a su proceso constituyente como tabla de salvación para lograr el favor de la mayoría de los chilenos, la verdad es que la política del futuro tendrá mucho más que ver con cómo sus protagonistas reaccionaran frente a innovaciones que cambian la vida de las personas, tal cómo el fenómeno de Uber, que con sus posiciones frente a una nueva Constitución, escribe LUIS LARRAÍN. El Mercurio (14).

El proceso preconstituyente del Gobierno, por su diseño, solo podrá terminar siendo una encuesta mala y poco representativa. Participar en ella -o restarse, como algunos sugieren- no cambiará su situación ni tendrá efecto alguno en su validez, escribe VÍCTOR MANUEL AVILÉS. El Mercurio (15).

En columna “¿Y SI DEFENDEMOS LA CONSTITUCIÓN?”, Gonzalo Cordero sostiene que a estas alturas no estaría de más que se evaluara la posibilidad de sorprender, salir jugando por donde nadie lo espera y defender la Constitución. El Líbero (16).

Chile Vamos ha decidido no sumarse, denunciando vicios y falta de parcialidad. Esto es relevante porque se trata de un proceso informal que carece de toda base legal; poco transparente. Este debate no enfrenta a los que quieren participar contra los que no, tampoco contrapone a los que quieren reformas frente a los que se oponen a ellas. En este proceso participan los que se prestan a una “Trampa Constituyente” frente a los que no estamos dispuestos a ello, escribe JOAQUÍN LEÓN en La Tercera (16).

CRISTINA BITAR sostiene que hasta junio, los chilenos y chilenas tenemos una oportunidad de participar en la discusión sobre una nueva Constitución. No se trata de un ejercicio romántico o de una simple idealización, sino de una oportunidad concreta de generar, de manera autoconvocada y sin mayores reglas, una instancia de participación en el proceso constituyente. La Segunda (16).

Así como el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, el actual proceso constituyente generará un conjunto de promesas y un catálogo de derechos económicos y sociales que será imposible de cumplir y garantizar, escribe RODRIGO CASTRO en La Tercera (17).

GUSTAVO CUEVAS escribe que la Carta Fundamental es clara en señalar el camino institucional para dar curso a un proceso constituyente, por lo que mientras el Presidente de la República y el Congreso no expliciten el contenido de los cambios que desean introducir el actual proceso seguirá desarrollándose por una vía extra institucional. La Tercera (17).

Roberto Meza, bajo el titulo “PROCESO CONSTITUCIONAL: ¿PARTICIPAR O NO?”, escribe que “Si bien podría parecer consistente liberar a las personas partidarias de una sociedad libre para participar o no activamente en esta fase del proceso constitucional, con todas sus imperfecciones, dudas e improvisaciones, el que los partidos de derecha se resten, dejando a sus militantes y simpatizantes sin la debida dirección política, aparece más como una táctica de elites partisanas que estarían apostando a una más favorable correlación de fuerzas en el próximo Gobierno y Congreso”. El Mostrador (17).

A propósito de la decisión de Chile Vamos de restarse de participar, EUGENIO TIRONI escribe en El Mercurio (17) que “En una época bastante más dramática, se dio un debate parecido al que hoy desgarra a Chile Vamos. Fue ante el plebiscito de 1988. En lugar de denunciarlo y combatirlo, como querían los más puristas, o de insistir en el llamado a elecciones libres, la oposición a Pinochet decidió tomar el riesgo y participar. Esa cancha sí que estaba dispareja; pero aun así el NO triunfó, y el régimen tuvo que aceptarlo.

A propósito del “DEBATE CONSTITUYENTE EN CHILE VAMOS”, La Segunda (16) editorializa que “Las diferencias parecen motivadas no por diferencias de fondo, sino por intereses personales, caudillismos y luchas por parcelas de poder”.

Cuando queda poco más de un mes para terminar la fase de los encuentros locales autoconvocados del proceso constituyente -luego vendrán los cabildos provinciales y regionales- persisten dudas, tanto en la derecha como en la izquierda, sobre si participar o no. La derecha teme que el proceso participativo en curso pueda debilitar a futuro su idea de que cualquiera modificación constitucional radique en el Parlamento, mientras que sectores de izquierda, que al involucrarse en un proceso participativo de naturaleza consultiva, no vinculante, a futuro pueda servir como argumento para prescindir de la expresión de una soberanía popular constituyente, del tipo AC., escribe en La Tercera (18) ERNESTO ÁGUILA.

Bajo el titulo “¿DEBEN PARTICIPAR LOS LAICOS (CATÓLICOS) EN EL PROCESO CONSTITUYENTE?”, escribe Eugenio Yañez en La Tercera (18)  que “Si bien la Conferencia Episcopal de Chile o su Comité Permanente no se han pronunciado al respecto, si lo hizo el Arzobispado de Santiago. En una cartilla distribuida en las diferentes parroquias de Santiago el obispo llama a participar en el proceso, en especial para dejar a buen recaudo en la Constitución principios como el bien común; el derecho a la vida; la defensa de los derechos humanos y de la libertad religiosa; la libertad de enseñanza, el rol de la familia y el matrimonio, entre otros. Admite que existen “razones razonables” para no participar, pero creo que existen mejores razones para hacerlo”, afirma.

CLAUDIO ARQUEROS y MÁXIMO PAVEZ aclaran en El Mercurio (18) que no proponen un inmovilismo constitucional, que valoran la actual Constitución, la que ha resultado de más de treinta procesos de reforma, que están abiertos a "debatir su perfeccionamiento.

FERNANDO SILVA, en El Mercurio (18), escribe que el proceso constituyente en curso “no es ilegal, como lo han sostenido miembros de la desorientada y maltrecha oposición, sino abiertamente inconstitucional”. "El Partido Socialista, que es el de la Presidenta Bachelet, ha sido en esta materia muy explícito: es partidario de una asamblea constituyente, entidad que carece absolutamente de sustento constitucional”.

Es inapropiado y una distorsión de la historia USAR EL TÉRMINO “CABILDO” en referencia a los encuentros asociados al proceso constituyente que se están llevando adelante. La institucionalidad de los cabildos hispánicos se remonta a la conquista de España. Provienen de los ayuntamientos medievales, y fueron órganos de cooperación de la monarquía hispánica que contribuyeron a la unidad y el engrandecimiento del Imperio Español. Una de las prerrogativas  que tenían era darle a los habitantes la oportunidad de elegir a sus regidores y alcaldes, para que éstos velaran por la administración de sus comunidades y las legislaran, escribe Cristián Poblete en La Tercera (18).

A propósito del proceso constituyente, LUIS RIVEROS escribe que “Es una desgracia que no exista un lineamiento de la autoridad para discutir estos y muchos otros temas, así como tampoco hay un diseño claro de procedimientos”. Estrategia (18).

FERNANDO ATRIA, por marginación de Chile Vamos, señala que “La derecha quiere defender su Constitución”. Afirma que si de verdad creyera que el proceso constituyente fuera objetable, "llamarían a todo el mundo a no participar”. Además esboza una crítica al actual desarrollo de cabildos, pues considera muy breve el período en que se llevarán a cabo, lo que dificultará la participación ciudadana. Que Pasa (18).

El proceso constituyente es un esfuerzo por conducir una importante demanda ciudadana para saldar una cuenta pendiente: dejar de ser uno de los tres países en el mundo que en el tránsito de dictaduras a democracias mantuvieron constituciones impuestas a la fuerza, escribe JOSÉ IGNACIO NÚÑEZ en La Tercera (19) quien critica a JORGE SCHAULSOHN que se quejó de que “vagos y personas con problemas mentales” tuviesen espacio para organizar encuentros locales, a DIEGO SHALPER que se refirió a los encuentros locales como reuniones de quince personas con diez “piscolas” y a LUCÍA SANTA CRUZ  que calificó la existencia de los encuentros locales como una estrategia Bolivariana. La Tercera (19).

La ciudadanía debe estar algo aburrida del proceso constituyente en curso, escribe DIEGO SCHALPER. Además de los permanentes traspiés y cuestionamientos al proceso oficial –el CCO prácticamente no pasa un día sin un incendio–, el debate se ha centrado en el procedimiento, desplazando de lleno a lo realmente central: los contenidos, de allí que celebra la propuesta de Chile Vamos, de la que destaca tres ideas: la del Estado solidario-subsidiario, la consagración de deberes del Estado reclamables mediante el Defensor de las Personas y las vinculadas con la inclusión social como sustrato decisivo de la propuesta.  La Tercera (19).

Desgraciadamente, en el último tiempo un sector con un claro objetivo ideológico, ha promovido demagógicamente la idea de que los chilenos mejorarán sustancialmente su calidad de vida y sus expectativas de mayor progreso y justicia social cuando se reemplace la actual Constitución por otra que comprenda una extensa enumeración de derechos sociales como si se tratara de una lista de deseos. La evidencia rechaza esas afirmaciones. Comparando los periodos de vigencia democrática de las Constituciones de 1925 y 1980, desde la perspectiva económica los resultados son elocuentes: la tasa promedio de crecimiento del PIB bajo la Constitución de 1925 fue de 3,5%; con la del 80 correspondió a 5,1%. La inflación con la de 1925 promedió 23,4%; con la Carta Fundamental de 1980, 5,8%. Con la anterior Constitución el crecimiento de los salarios fue de 1,4%; con la de 1980 llegó a 2,7%. Finalmente los ingresos fiscales bajo la Constitución de 1925 llegaron a 14,9% y con la de 1980 a 21,3%., escribe CRISTIAN LARROULET en El Mostrador (19).

En vista del "éxito" obtenido, se baja de 15 a 10 la mínima asistencia a los cabildos para esta Constitución minoritaria. Así como vamos serán cafecitos de amiguis no más, opina en La Segunda (18) PEDRO ÁVALOS.

Resulta incomprensible que Chile Vamos —partidario de reformar la actual Constitución— haya caído en un falso debate sobre si participar o no del proceso constituyente a que ha convocado el Gobierno, afirma ROBERTO OLIVARES. La Segunda (18).

ROSARIO MORENO comenta en El Libero (19), que en el fondo el Ejecutivo no está dispuesto a aceptar que chilenos, en el proceso constituyente, digan “no” a una nueva Constitución.

En columna “LOS ENCUENTROS CONSTITUYENTES EN EL REINO UNIDO”, Alberto Coddou escribe que para los británicos nuestros diálogos son una iniciativa excepcional. No pueden creer que incluso antes de cualquier decisión del Congreso, las personas puedan juntarse a conversar sobre qué quieren para el futuro como comunicad política. The Clinic (19).

El proceso constituyente está generando dudas, suspicacia, adhesión y participación. No es para menos, porque es una dinámica completamente nueva la que pretende introducir Michelle Bachelet, donde ha habido tensiones incluso entre el gobierno y el CCO, escribe  ERNESTO EVANS en El Dínamo (19).

La forma de reformar la Constitución radica en el Congreso, no en un grupo de autoconvocados "cabildos" que a medida que avancen hacia los niveles provinciales y regionales serán el reino soñado de la "patota". ¿No es tramposo un proceso en que los llamados "facilitadores", los que según el decreto del gobierno que los nombra deben ser "independientes y neutrales", sean en gran número simples activistas políticos? ¿No está escrito el resultado cuando ya está oficialmente anunciado que, antes de fin de año, la Presidenta Bachelet enviará al Congreso un proyecto cuyo único propósito es que el actual Congreso se anule, deje vía libre a la asamblea constituyente y, además, rebaje los actuales quórums constitucionales? Al rechazar una invitación mañosa… ¿se está restando la oposición al debate constitucional? Todo lo contrario: le está diciendo al Gobierno, fuerte y claro, que es en el Congreso donde se debaten las reformas constitucionales. Que presente la suya; nosotros tendremos la nuestra, escribe ANDRÉS ALLAMAND en El Mercurio (19).

En respuesta a Andrés Allamand, escribe EUGENIO TIRONI en El Mercurio (21) que nada dice aquél del plebiscito de 1988 en que la oposición participó, abriendo camino al Chile que hoy tenemos. Enseguida que la centroderecha debiera aprovechar esta oportunidad para medir y legitimar su ideario, y que restarse al diálogo y crear un procedimiento paralelo importa negar su propio ideario. Termina preguntándole ¿qué cree que habría hecho Patricio Aylwin ante el proceso constituyente?;

Bajo el titulo “Un proceso en marcha”, AGUSTÍN SQUELLA escribe en El Mercurio (20), que "La idea de una nueva Constitución cuenta con un respaldo de más del 70%, un dato ilustrativo de que la población dejó de comprarse el discurso habitual del sector más retrógrado del país. Me refiero a aquel que siempre se ha opuesto a los cambios políticos en nombre de que no tienen que ver con los problemas reales de la gente…"

JUAN FRANCISCO GALLI, escribe en El Mercurio (20), que el proceso constituyente avanza sin lograr convocar a todos los chilenos, sin dar garantías de imparcialidad y ecuanimidad y sin un contenido claro sobre el cual discutir. La fase de participación ciudadana registra un sinnúmero de tropiezos, incluyendo dudas sobre su real capacidad de convocatoria y múltiples desencuentros con el CCO, lo que ha llevado al gobierno a improvisar constantemente las reglas del juego. La total ausencia de contenidos contrasta abiertamente con las 80 propuestas concretas planteadas por Chile Vamos, que sí permiten un debate profundo y honesto.

SERGIO ROMERO, en El Mercurio (20), hace una comparación con "la trampa de la democracia asamblearia", última iniciativa de la alcaldesa de Madrid, "doña Carmena" y la curiosa coincidencia con nuestra "Trampa Constituyente" en actual proceso. Agrega que ojalá en Chile haya un verdadero afán de participación, no en procesos inconstitucionales, sino en la democracia de verdad, que se debe traducir en una alta concurrencia a las urnas.

RODRIGO REYES siente que vivió un momento histórico, de gran trascendencia republicana, al participar en un Encuentro Local Constituyente para debatir y proponer ideas, principios y valores que cree deben estar plasmados en una nueva Constitución. La Tercera (20).

Tras las movilizaciones de los últimos años ha quedado al descubierto, por una parte, cómo diversos problemas de la convivencia social se relacionan con la Constitución vigente y, por otra, que el pueblo dispone del poder para cambiar esta realidad. En este contexto se inscribe el proceso constituyente, cuyo propósito es promover, de manera inédita, la participación ciudadana, escribe CARLOS NAVIA en El Mercurio (20).

El momento clave para el desarrollo de las democracias modernas se da a fines del siglo XVIII momento en que se introduce definitivamente la idea de la representación y las instituciones que la hacen posible. El pueblo como soberano no es posible en unidades políticas mayores, como los estados modernos. La masividad de los individuos convierte en inviable una democracia directa o "asambleística". La representación es una ficción jurídica esencial y ni la ilusión de una futura "computocracia" es una amenaza real. Norberto Bobbio da en el blanco contra esa ilusión: "Nada es más peligroso para la democracia que el exceso de democracia". Tanto la Presidenta como los parlamentarios son los representantes legítimos del pueblo. Están plenamente facultados para adoptar decisiones en su nombre. Se debe trabajar por fortalecer la representatividad y no por deteriorarla. De allí que el llamado "procedimiento constitucional" supone una suerte de abdicación o, al menos, suspensión de la representatividad y su sustitución por una institucionalidad paralela y confusa que resta legitimidad a los representantes, quienes poseen, por elección, la potestad constituyente, escribe PEDRO GANDOLFO en El Mercurio (21).

Resultó llamativo que dos ministros de Estado, así como un ex ministro de Hacienda de esta administración, aludieran  al DERECHO DE PROPIEDAD e intentaran entregar certezas de que el actual proceso constituyente no alterará esta garantía, que hoy está sólidamente consagrada en la actual carta fundamental. Es valioso que altos personeros de gobierno reconozcan la importancia de que el derecho de propiedad tenga un fuerte sustento constitucional, pero el solo hecho de tener que plantearlo también es una señal de que podría estar en entredicho. A la luz del diseño constitucional que ha elaborado el gobierno, sobre la base de “cabildos” y que posteriormente derivará en alguna alternativa que incluso podría ser una asamblea constituyente, no hay certeza de que el derecho de propiedad continúe resguardado de la forma en que hoy lo está, y las confianzas que intentan transmitir las autoridades terminan siendo sólo intenciones, lo que da pie a una justificada incertidumbre, señala La Tercera (21) en su editorial.

OTROS PROYECTOS REFUNDADORES ocupan la agenda gubernamental, comenzando por el denominado proceso constituyente, que la Presidenta volvió a defender como una propuesta de Estado, pese a su irregular conformación y mínimas garantías de ecuanimidad y representatividad, señala en su editorial La Tercera (22).

La derecha haría bien en imitar a Andrés Velasco y decirle a los chilenos que el proceso constituyente es una distracción, escribe JUAN IGNACIO BRITO en El Líbero (23).

Desearía celebrar las expresiones del ministro Eyzaguirre al garantizar el pleno respeto al derecho de propiedad que contendría el proyecto de nueva Constitución y la categórica afirmación del ministro Valdés respecto de la certeza jurídica imperante en nuestro país. Sin embargo, lamentamos constatar que en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado se sometieron a votación propuestas de modificación al Art. 19 números 23 y 24 de la Constitución, aprobándose la adición de tres nuevos incisos al número 23, con lo que extinguirían los derechos vigentes y permitirían otorgar nuevos derechos vía concesiones temporales, caducables, circunscritas a fines específicos y sujetas a pago de patentes o tasas, y se rechazó por reiteración de empate, la pretendida eliminación del inciso final del número 24 que reconoce la propiedad de los particulares sobre los derechos de aprovechamiento de aguas al consagrar que "los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos", escribe PATRICIO CRESPO en El Mercurio (24). De haberse aprobado la eliminación del inciso final del Nº 24, y con la previa aprobación de las tres adiciones al Nº 23, se habría configurado el escenario inconstitucional de expropiación de todos los derechos vigentes sin ley y sin determinar indemnización. El proyecto pasó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, donde esperamos se tengan presentes las expresiones de los señores ministros, las que procuran restablecer las confianzas perdidas y, con ello, recrear el clima indispensable para seguir invirtiendo y reactivar nuestra alicaída economía y sus secuelas en el empleo.

HUGO HERRERA, en columna “Poder constituyente”, señala que corto se queda, entonces, quien asume la táctica puramente retardataria de asegurar el régimen de propiedad privada o cree que alguien va a tranquilizarse con algunas reformas. Se necesita, cuanto menos, hacer un diagnóstico de profundidad política, capaz de comprender la situación —de desajuste entre el pueblo y su institucionalidad— que vive el país. La Segunda (24).

Por largo tiempo se ha hablado del reconocimiento constitucional y de la participación política de los pueblos indígenas, y pese a que se modificó el sistema electoral, este aspecto quedó fuera de los cambios. La transformación de CONADI en una agenda de desarrollo ha sido propuesta por varios gobiernos, pero esta entidad sigue funcionado igual que cuando se creó hace más de 20 años. La violencia en la región es repudiada transversamente, pero siguen ocurriendo hechos todos los días, escribe LORENZO DUBOIS en La Tercera (24). Es hora que el Estado le dé a este tema la relevancia que requiere. Lo que sucede en La Araucanía es grave y urgente.

¿Requiere el país una reforma profunda? ¿Debe ser el Congreso el único agente de este cambio? ¿Sobre la base de qué proyectos ideológicos debe plantearse este debate? De parte de la derecha, la respuesta a estas tres simples preguntas refleja un estado de confusión. La propuesta que se dispone a socializar Chile Vamos contiene una fuerte carga ideológica que se expresa en la definición de ciertos derechos, el énfasis en la iniciativa privada, la minimización del Estado, el reforzamiento de la propiedad privada, la atenuación del poder Ejecutivo, etc. Lo que critica Chile Vamos de la NM es lo que se dispone precisamente a realizar: socializar una ideología, escribe CLAUDIO FUENTES en El Mostrador (24).

LA PRESIDENTA, EN SU MENSAJE, incluyó un conjunto de declaraciones tranquilizadoras, probablemente destinadas a reconquistar la confianza de la ciudadanía y favorecer la reactivación económica. Es así como aseveró que "sin crecimiento sostenido, el progreso social termina siendo una ilusión". Admitió que las reformas han provocado incertidumbre y desaceleración económica, y confirmó su compromiso con la disciplina fiscal y -aludiendo al debate constitucional- proclamó que "son claves el respeto a la propiedad privada y el reconocimiento a su función social", agregando, claro, que "al mismo tiempo requerimos derechos sociales que protejan a las personas y equidad para la cohesión de la sociedad". No puede desconocerse el valor de esas afirmaciones. Pero, desgraciadamente, el discurso reiteró el muy cuestionable diagnóstico  nace de una visión extremadamente crítica de la situación del país, señala en editorial El Mercurio (25).

Bajo el título “CABILDOS”, Federico Gana opina que “no sé cómo llegarán nuestros planteamientos a incidir en una nueva Constitución, pero… ¡me sentí ciudadano!”. El Mercurio (26).

SEBASTIÁN SICHEL y ERNESTO EVANS escriben en “Ni nueva ni vieja, una mejor Constitución”, que habría que cambiar de plano el desorden de quórums de cada capítulo y de las leyes orgánicas, interpretativas y de quórums calificados, y que se debería permitir un quórum de reforma único para toda la Constitución más bajo que el actual. El Mercurio (27).

PATRICIO NAVIA en El Líbero (27) señala que resulta ilógico aseverar que la obra gruesa de este gobierno está casi terminada. No hay obra gruesa más importante que la constitución. Todos los otros debates y acuerdos quedarán supeditados a lo que diga el nuevo texto constitucional.

Bajo el título “TU VOZ VALE: NUEVA CONSTITUCIÓN, NUEVA COSMOVISIÓN” Denise Dutrey afirma que hoy tenemos una oportunidad de reunirnos a reflexionar, a escucharnos, a ponernos una mano en el corazón, hacer una pausa, volver a sentir y recordar, que sí podemos transformar juntos este sistema tirano y decadente para tantos. Abuelos abandonados, matrimonios divorciados, hijos con problemas, depresión, obesidad, ansiedad, estrés, nos condenan al caos”. El Mostrador (27).

A propósito de lo que ha declarado la Presidenta, de que los marginados quedarán “abajo del carro de la historia” sin poder hacer valer sus ideas, ALFREDO JOCELYN-HOLT escribe en La Tercera (28), que “Quien no participa en esta vuelta queda fuera de lo que estaría oleado y sacramentado, ya listo para ingresar en los anales de la historia. De ser así, no se entiende a qué garantías se refiere la Presidenta. No existen tales. Cuándo se ha visto que un Ejecutivo inicie un proceso constituyente dispuesto a reducir sus prerrogativas presidenciales.

PABLO RODRÍGUEZ en El Mercurio (29), bajo el titulo “Falso escenario constitucional”, escribe que la experiencia avala que una nueva Constitución solo puede darse en el marco de una crisis institucional profunda que exija una refundación del modelo político, social y económico. En la actual coyuntura política, no se vislumbra una conmoción que ponga en peligro las estructuras del Estado”.

HÉCTOR SOTO escribe en La Tercera (29), que lo que no consiguieron las reformas tributaria, educacional y laboral, sí lo consiguió el proceso constituyente: dividir a la derecha. Califica al proceso constituyente como la tabla de salvación del gobierno. “No cabe duda que la iniciativa de la Presidenta será el caballo de batalla del oficialismo para situar la discusión política de los próximos meses en un eje menos adverso que el de la gestión gubernamental”.

Bajo el título “PROCESOS PARA DEBATIR REFORMAS CONSTITUCIONALES”, La Tercera (30) en su editorial señala que llamó la atención que la Presidenta, en relación al proceso constituyente afirmara que “quien se margina, no sólo se queda abajo del carro de la historia chilena, sino que le resta valor a sus ideas”, porque de tales expresiones se desprende que quienes legítimamente cuestionan o no son partidarios de una nueva Constitución entonces se marginan del proceso democrático. De otra parte, pretender que sólo el mecanismo constituyente diseñado por el gobierno es la forma de canalizar el debate constitucional resta vitalidad a nuestra democracia.

Las cosas tienen un límite, escribe VÍCTOR MANUEL AVILÉS en El Mercurio (30), luego de afirmar que con o sin nuestra participación, el actual proceso no dejará de ser una mala encuesta, y se refiere enseguida a dos hechos que deslegitiman el proceso, por lo que llama al CCO a no seguir validándolo, proceso ahora ilegítimo y eventualmente ilegal, y que ha sido irremediablemente manipulado por una élite de izquierda que tiene poco respeto por la democracia representativa y un afán desmedido de figuración, a costa de todos.

JORGE ARRATE: “Lo que se ha hecho es muy poco para las expectativas que generó la Presidenta”. Un lento debate constitucional, malas decisiones en materia educacional y una reforma laboral “con más retrocesos que avances”. Diario Financiero (30).

Bajo el título “Un proceso constituyente con muchas dudas”, MAXIMILIANO RAVEST opina que no creo que el país necesite una nueva Constitución. La actual Carta Fundamental tiene aspectos positivos, con importantes respaldos tanto ciudadanos como políticos a partir de las reformas de 1989 y 2005. Existe recelo que el gobierno quiera convocar y escuchar de manera incidente a la ciudadanía para determinar el contenido de una nueva Constitución, entre otras observaciones que formula. Diario Constitucional (30).

Bajo el título “LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL PROCESO CONSTITUYENTE”, Marcos Barraza escribe en El Mostrador (30), que “El proceso participativo para los ciudadanos miembros de los pueblos indígenas tendrá un doble carácter, no excluyente. Esto significa que ellos contarán con un espacio de participación diferenciado en tanto miembros de un pueblo indígena y, también, podrán sumarse individualmente, en un plano de igualdad con toda la población, en las otras estructuras formales de debate y diálogo como los Encuentros Locales y los Cabildos Provinciales y Regionales”.

En respuesta a PABLO RODRIGUEZ, el senador FELIPE HARBOE escribe en El Mercurio (31), que un país soberano sí puede darse una nueva Constitución en tiempos de paz. En las democracias modernas constituye un deber de un verdadero líder el evitar situaciones de crisis o quiebres democráticos a través de la adopción oportuna de medidas institucionales que refuercen la democracia y el Estado de Derecho. La Constitución del 80 ha sufrido múltiples modificaciones, todas ellas circunscritas a las reglas constitucionales, mas no a los valores y principios que la inspiran, los que evidentemente no son representativos de la sociedad de hoy. Los derechos fundamentales, más allá de su enumeración, resultan evidentemente insuficientes en su concepción, contenido y mecanismos de protección, lo que los ha transformado en punto de permanente discusión y división, y no en punto de encuentro o unidad nacional. El proceso convocado  se ajusta plenamente a lo preceptuado por el texto vigente, toda vez que promueve la participación ciudadana en una etapa previa al cambio institucional que deberá adoptar el Congreso Nacional, y en ningún caso ha planteado el carácter vinculante del citado proceso.

TOMÁS HENRÍQUEZ manifiesta en La Tercera (31), su rechazo al llamado que hizo el gobierno a funcionarios internacionales de la OIT, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Unicef y del PNUD, con el objeto de que pasen a integrar el Consejo Consultivo y de Seguimiento del Proceso Participativo Constituyente Indígena, por entrometerse en asuntos internos del Estado, tratando de validar, consciente o inconscientemente, un procedimiento sin ninguna base jurídica. Porque en asuntos de nuestro Estado extranjeros poco o nada saben de nuestra historia y porque las opiniones que hemos recibido de funcionarios internacionales en el pasado son invariablemente negativas para Chile, sin tomar en cuenta las razones de las víctimas de la violencia y de nuestros tribunales. Nuestro país se ha convertido en un campo de acción de funcionarios internacionales que llegan a tratar de influir en las políticas públicas. 

GONZALO MARTNER, bajo el título “Discusión constitucional: el veto permanente de la  minoría”, escribe en El Mostrador (31) que en Chile, la minoría oligárquica encontró su propio procedimiento constitucional, una vez que diagnosticó que su poder en la sociedad retrocedió irremediablemente entre 1920 y 1973: imponer por la violencia normas constitucionales y luego declarar su carácter inamovible en nombre de la estabilidad institucional. De democrático esto no tiene nada, y de racional, menos. El actual diseño gubernamental deja el tema constitucional en manos del actual Parlamento o del próximo, sin que los ciudadanos se pronuncien con poder de decisión. Esta no parece ser una buena idea, pues tendrá el resultado de ampliar el distanciamiento ciudadano con la democracia, de imprevisibles consecuencias de mediano y largo plazo.

FELIPE VERGARA se pregunta en La Tercera (31) si ¿es necesario destinar parte de nuestros escasos ingresos para hacer una nueva constitución, siendo que perfeccionándola quedaría más representativa y democrática? No todo lo que nace en dictadura es per sé malo. Crear una nueva Constitución porque nos molesta que haya sido hecha en la dictadura de Pinochet no es razón suficiente, habría que demoler el metro y la carretera austral si esa fuera la razón; ahora si la razón es que no nos identifica, entonces hagámosla representativa, modifiquemos los quórum, las atribuciones del TC, acotemos la reelección indefinida de parlamentarios y autoridades comunales. No esperemos que la Constitución sea la cura para todos nuestros males, eso no existe.

JUNIO DE 2016

PABLO RODRIGUEZ responde que la adopción de una nueva Constitución implica una profunda transformación del Estado, del sistema político y de los principios rectores en materia económica y social, y solo procede cuando acontecimientos políticos relevantes permiten dar por agotado un modelo institucional. De allí que si un gobierno, interesado en promover cambios sustanciales, agita y convulsiona a la ciudadanía, a fin de justificar el reemplazo de la Constitución, está montando una "escenografía política" que, al carecer de sustento propio, puede provocar situaciones imprevistas y descontroladas. No es válido justificar esta estrategia en la acusación de ilegitimidad que se imputa a la Constitución de 1980, si se tienen en consideración las modificaciones de que ha sido objeto y los resultados y estabilidad creados bajo su vigencia. El Mercurio (1).

Lo ideal sería tener una discusión sobre el contenido de nuestra Constitución, comparándola con propuestas concretas. Pero da la impresión que eso no le interesa al Gobierno. Lo que busca es generar un clima político proclive para la izquierda justo en el momento que llega el período de elecciones. ¿Usted cree que es una mera coincidencia? Las personas han percibido que no hay un genuino intento democrático y objetivo para llevar adelante un proceso de esta naturaleza. Más bien muchos chilenos nos damos cuenta de que hay una manipulación política que le está causando un daño grande a la legitimidad de un proceso que el mismo Gobierno promueve, escribe IVAN MOREIRA en El Mercurio (1).

Un reciente sondeo arrojó que el 81% desconoce la importancia y contenido de la Constitución, excusa perfecta para quienes quieren echar abajo el proceso. Mientras, para nosotros constituye una oportunidad para retomar la formación cívica. No es casualidad que cinco de los seis presidentes de la República post 1990 hayan promovido cambios constitucionales. La Constitución Política vigente se funda en valores y principios propios de un sector de la sociedad de los 80. Sus posteriores modificaciones fueron sobre las reglas constitucionales, pero no sobre sus principios y valores originales. Toda constitución debe tener vocación de estabilidad basada en su legitimidad y carácter inclusivo, escribe FELIPE HARBOE en La Tercera (2).

Nuestro ordenamiento se funda, en gran parte, en el concepto de soberanía nacional, y su ejercicio se realiza tanto por el pueblo mediante el plebiscito y las elecciones periódicas como a través de las autoridades que la Constitución establece. Resulta evidente que la participación de la ciudadanía que tiene lugar en el marco del proceso constituyente no cae dentro de ninguna de estas categorías y, por lo tanto, no puede ni debe confundirse con el ejercicio de la soberanía, ni mucho menos reemplazarla, escribe TERESITA SANTA CRUZ en La Segunda (2).

Cuando el gobierno anunció su proceso constituyente, habló de una primera etapa pedagógica, para que los ciudadanos pudieran entender los principales conceptos a discutir en los cabildos y encuentros. No informó nada con respecto a lo que realmente debería considerarse a la hora de discutir en cuanto a una constitución. No hubo alusión a principios constitucionales esenciales como la separación de poderes, la igualdad ante la ley, la independencia del poder judicial o la supremacía de la persona humana frente al ejercicio del poder estatal, escribe JORGE GÓMEZ en El Líbero (4).

Bajo el título “Temores constitutivos y miedos constituyentes”, escribe JUAN CRISTÓBAL BEYTÍA en El Mostrador (5), que “Chile se tiene que mover, pero no por temores que no sabemos dónde nos conducen, salvo a la parálisis. Chile tiene que plantearse hacia dónde quiere ir, qué quiere construir y de qué manera nos vamos a organizar para ello”.

En “Cabildos y cabildeos”, PABLO INHEN escribe en El Líbero (5), que invocando la soberanía del ciudadano y derechos espurios mediante la política del cabildeo, las libertades más básicas podrían verse amenazadas.

Bajo el título “PROCESO CONSTITUYENTE ABC1”,  Mauricio Morales escribe en La Tercera (7), que el 21 de mayo la Presidenta señaló que en el proceso constituyente -hasta ese momento- participaron más de 60 mil personas. Esa cifra hoy es mayor, bordeando los 70 mil. En https://www.unaconstitucionparachile.cl/datos se reportaron- hasta el mediodía de ayer- 7.760 encuentros locales, incluyendo 143 realizados en el extranjero. Sin embargo, el volumen de participación sigue siendo extraordinariamente bajo. Al analizar el número de encuentros locales por comuna, la preocupación no sólo responde al bajo volumen, sino que también a su composición socioeconómica. Del total de encuentros locales, el 22.3% se ha realizado en las comunas de mayores ingresos, incluyendo a Vitacura y Las Condes. Las otras comunas son Lo Barnechea, Providencia, La Reina, Santiago, Ñuñoa. En cambio, en las comunas con mayores niveles de pobreza de la Región Metropolitana las cifras, definitivamente, no acompañan.  Este sesgo socioeconómico del proceso constituyente- hay más encuentros locales en comunas ricas que en comunas pobres- convive con un sesgo territorial. Todo esto lleva a pensar que el proceso constituyente no hace más que reproducir las brechas socioeconómicas y sociodemográficas de la representación. Acá se debiesen concentrar los esfuerzos a fin de lograr que en un proceso amplio y participativo -que fue la promesa inicial- se rompan las tradicionales barreras de acceso.

Quienes seguimos creyendo en la política y sus procesos racionales como expresión del sistema democrático hemos descubierto -en los últimos días- un oasis político en un desierto de desconfianza y negativismo: las consultas ciudadanas para una Constitución. Personas, de todos los orígenes, culturas y sensibilidades, concurren a opinar sobre derechos, obligaciones, atribuciones, necesidades y mecanismos que debiera contener la próxima Constitución. Estas consultas ciudadanas -más allá de si habrá o no una Constitución distinta a la actual- son el rescate de la política por los ciudadanos. Y ya se perfilan las dos tendencias clásicas: el idealismo social y el emprendimiento personal, escribe EDUARDO KLEIN en El Mercurio (7).

CLAUDIO FUENTES escribe en The Clinic (9), que son tantas las trabas que se colocan a la participación que observar un genuino interés por informarse, participar y debatir sobre la Constitución debiese llamarnos la atención. Se trata de una activación que a todas luces es sencillamente milagrosa.

ALFREDO JOIGNANT: el éxito o el fracaso del proceso constituyente se juega en esta lucha de métricas: el pensamiento cómodo y conservador apelará al argumento de frivolidad y sesgo, mientras que el argumento democrático (observable en no poca centroderecha liberal) podrá afirmar que, más allá de los números, sí fue posible conversar sobre la Constitución. La Segunda (9).

Los diputados Giorgio Jackson, Cristina Girardi, Camila Vallejo, Lautaro Carmona, Sergio Aguiló, Hugo Gutiérrez, Daniel Núñez, Vlado Mirosevic, Alberto Robles y Loreto Carvajal, escriben en El Mercurio (10) que CHILE NECESITA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN y que así lo está entendiendo la ciudadanía, que participa cada vez más masivamente de los Encuentros Locales Autoconvocados, por lo que piden al CCO que extienda el plazo de estos encuentros, al menos hasta el 24 de julio, y que no frene la creciente participación ciudadana, que lo único que hace es dotar de legitimidad este proceso, además de que sea el real reflejo de la voluntad del pueblo.

Cuando se discuten cambios de fondo a la Constitución, sería muy tranquilizador oír del nuevo jefe del gabinete que ello en ningún caso comprometerá la autonomía constitucional y la competencia profesional de que hoy goza el Banco Central, señala una editorial de El Mercurio  (11).

ALBERTO POBLETE sostiene en El Líbero (12), que si la nueva Constitución cambiara el régimen vigente, se pondrá en jaque un sistema que ha promovido decisivamente la inversión nacional y extranjera. Y de nuevo, una decisión más ideológica que práctica -más teórica que prudencial- habrá afectado seriamente las posibilidades de crecimiento y de desarrollo del país, ya bastante mermadas por lo alicaída de nuestra economía.

Es preocupante comprobar el grado de ignorancia con que se está discutiendo el tema constitucional. Esto es consecuencia directa de la nula preocupación histórica en Chile por la educación cívica, cuyos conceptos en los países con democracias estables se inculcan desde la primera infancia escribe KARIN EBENSPERGER en El Mercurio (13).

El gobierno evalúa posibilidad de EXTENDER EL PERÍODO DE LOS ENCUENTROS LOCALES AUTOCONVOCADOS. Se justificaría en que la ciudadanía estaría participando cada vez más de este proceso, lo que sería consistente con los resultados de algunas encuestas, que indican que sobre el 60% de la población mira con interés la posibilidad de participar. Es positivo que se busque fomentar instancias de participación ciudadana, y es saludable que exista interés en los asuntos públicos, pero es discutible que el actual proceso constituyente sea el mecanismo idóneo para ello, pues se trata de un diseño improvisado y que no ofrece garantías de ecuanimidad para aquellos sectores que no comparten el cambio de la Constitución, señala una editorial de La Tercera (13).

En materia constitucional, mientras en EE.UU. la Constitución va a cumplir 240 años, con mínimas enmiendas, en Chile se pretende redactar una nueva, sobre la base de lo que las personas, en "encuentros locales", manifiesten "sentir" respecto de cuáles son sus siete derechos más importantes, una metodología que daría resultados distintos cada vez que se hiciera, dependiendo del estado de ánimo de los participantes. Con ello, se ignora el carácter técnico que una Constitución debe tener, escribe ÁLVARO FISCHER en El Mercurio (14).

Hicimos nuestro encuentro local siguiendo las instrucciones del gobierno. Una vez que comenzamos a ejecutar el instructivo orientado a cuantificar preferencias y no a recoger argumentos, la cosa empezó a degenerar desde un nivel de debate aceptable a una especie de focusgroup, hasta tocar las profundidades de un bingo.  Es imposible tomarse realmente en serio la discusión constitucional sin que el ejercicio dure no horas, sino días, semanas y meses. Definir y articular principios y derechos fundamentales no es un juego. Esto podría haber sido diferente, si el gobierno hubiera sincerado desde un principio exactamente qué de la Constitución pretende modificar. Habríamos podido discutir sobre ese asunto en profundidad y tratar de impulsar un debate público accesible y argumentado, con posiciones claras. En vez de eso, los ciudadanos fuimos convocados a legitimar el proceso constituyente mediante un simulacro de participación, escribe PABLO ORTÚZAR en La Tercera (15).

Al no haber proposiciones constitucionales (proyectos formales) que sirvan como marco de referencia, el proceso constituyente corre el riesgo de convertirse en un compendio o listado de aspiraciones y deseos ciudadanos. Esto, bajo la creencia de que hechos sociales negativos -abusos, privilegios inmerecidos y desigualdad- pueden ser corregidos con la sola dictación de una nueva Constitución, escribe GUSTAVO CUEVAS en La Tercera (15)

Sobre el sesgo de clase y de territorio en el proceso constituyente que ha puesto de relieve Mauricio Morales, ERNESTO RIFFO en La Tercera (18) señala que asistir a un local de votación y marcar una preferencia es muchísimo menos costoso para las personas que convocar, organizar, y llevar adelante un encuentro local, por lo que la comparación es inadecuada pues se trata de formas de participación  distintas.

Con el correr de las semanas el proceso constituyente ha ido concitando mayor atención revitalizando la instancia de participación ciudadana, sin perjuicio de su acotado papel. Sin embargo, precisamente cuando la confianza pública iba en aumento, de pronto se han revelado desprolijidades operativas que afectan el meollo mismo de este proceso: su capacidad para compendiar, en toda su amplitud y diversidad, el fruto de la deliberación ciudadana participante, sustento sobre el que se han de fundar las fases de participación sucesivas. La página web a la que se deben subir las actas con las conclusiones de los encuentros locales autoconvocados presenta dificultades técnicas que hacen muy arduo completar este proceso, es claro que con ellos se puede afectar la credibilidad de un proceso que se debe entera y precisamente a la fe pública, lo cual, pensando en su última parte, vuelve a poner en entredicho el mecanismo mediante el cual se espera redactar, a partir de las conclusiones de los cabildos provinciales y regionales, las Bases Ciudadanas, documento compilatorio de todo el proceso, señala una EDITORIAL de El Mercurio (22).

Hace poco se dio a conocer que no serían incluidos los resultados de todos los “cabildos ciudadanos”, debido a un problema con el sitio web del llamado proceso constituyente. Esto viene a ser como la guinda de la torta de un proceso francamente confuso, con un plan de educación cívica paupérrimo y con más dudas que certezas, escribe JOSÉ FRANCISCO LAGOS en La Tercera (22).

Con el título “Cabildo”, JUAN LUIS OSSA SANTA CRUZ escribe que estas reuniones son espacios de conversación y reflexión más que una ocasión concreta de "soñar" nuestra futura Constitución. Y ello me parece bien, ya que, de otra forma, los cabildos serían petitorios interminables que poco o nada tienen que ver con una Constitución. Si estos encuentros fueran vinculantes, lo más probable es que terminaríamos con un documento repleto de artículos, tal como ocurre con otras constituciones latinoamericanas. La Segunda (22).

El número de ELA en los sectores más segregados de nuestro país, se ha incrementado poco a poco. Tomando en cuenta lo anterior, creemos que la prórroga de 5 días anunciada recién es insuficiente. Si deseamos que el proceso constituyente sea realmente participativo, no basta contentarnos con números y porcentajes de aumento en los ELA inscritos. Necesitamos inclusión. ¿Cuán representativos están siendo los ELA? ¿Qué sectores del país están simbolizados en las actas de ELA que llegarán a los cabildos provinciales?, escribe JUAN CRISTÓBAL BEYTÍA en El Mostrador (27).

ES IMPERIOSO QUE EL PROCESO SEA TOTALMENTE ABIERTO, y la única vía para lograrlo es que todos los datos, incluyendo las opiniones emanadas de los encuentros locales, sean de fácil acceso y puedan ser consultadas en internet. Datos que pueden publicarse sin liberar información personal, escriben Jorge Pérez, Bárbara Poblete, Claudio Gutiérrez, Alvaro Graves, Carlos Ruz, Marcelo Arenas y Juan Reutter en La Tercera (28).

Bajo el título “PROCESO CONSTITUYENTE: BALANCE PRELIMINAR”, Claudio Alvarado escribe en La Segunda (28), que los pronósticos sobre la baja participación ciudadana se han cumplido. Enseguida, pese al indudable esfuerzo del CCO los problemas, dudas y reparos del proceso están lejos de terminar. Luego, los conceptos sugeridos fueron demasiados generales y ambiguos, y los tiempos del encuentro hacen inviable un auténtico ejercicio de deliberación transformándose la actividad en un registro de preferencias generales, cuando no arbitrarias.

CRISTÓBAL JOANNON, bajo el título “Encuentros locales”, reflexiona sobre su experiencia y afirma que entre los participantes llamó la atención que no hubiera un espacio para pronunciarse sobre qué vamos a entender por Constitución y cómo queremos que ésta sea en términos amplios. The Clinic (29).

Expertos creen que participación en proceso constitucional es consistente con la realidad. EDUARDO VALENZUELA señala que "comparados con la participación electoral, incluyendo las elecciones de más baja convocatoria como las primarias, son cifras relativamente bajas, aunque es cierto que los encuentros locales requerían una inversión considerable de tiempo". Para Marcela Ríos, las cifras "son consistentes con los niveles de participación que tenemos en el país. En la Auditoría a la Democracia del PNUD constatamos que los niveles de participación en Chile, tanto política como de asociatividad, son extremadamente bajos. Y Cristián Parker destacó la "diversidad y la heterogeneidad de los encuentros: a nivel vecinal, de trabajo, de amigos, ex compañeros de colegio". La Segunda (29).

Sorprende que una decisión de tanta importancia y con efectos devastadores pueda tomarse por una simple mayoría absoluta y sin ninguna opción de confirmarla. Distinto habría sido si antes del referéndum, por ejemplo, el Parlamento hubiera decidido retirarse de la UE y pide la confirmación popular. El resultado valida así la idea de que una mayoría calificada o una ratificación posterior en el tiempo tiene sentido en ciertas materias. Otra conclusión es que en las democracias modernas la ideología mantiene su carácter, pero muchas decisiones se toman más bien por la condición del votante. El panorama político en esta sociedad globalizada está cambiando, y son esas señales las que hay que mirar y analizar para que en Chile tengamos una visión de lo que acá puede también suceder. Votantes menos ideologizados, que votan más por su condición, su circunstancia o, simplemente, por las emociones, señala una EDITORIAL de El Mercurio (29).

Esto es lo que ocurre –se ha dicho- con las consultas que vienen a trasladar a la ciudadanía los problemas que deben ser resueltos por los políticos, pero ¿podría haber quedado un tema de tal magnitud sólo en sus manos? Nos referimos a la creciente tendencia a que asuntos, antaño resueltos por autoridades elegidas, terminan siendo trasladados a otros espacios lo que trasluce, sin pretenderlo, una mezcla de abdicación e incompetencia. Hay países como España, que ha efectuado sólo dos en su historia democrática reciente hasta Irlanda, el lugar donde más se ha ejercitado, acumulando un récord de 38 entre 1941 y 2013. Un caso paradigmático es Suiza, donde los referéndums, tanto nacionales como cantonales, representan una faceta predominante. La cuestión es que un mecanismo de democracia directa reduce algo trascendente a códigos binarios y el Brexit ha puesto en cuestión un instrumento que iba al alza. Los quórums requeridos y su eventual frecuencia quizás podrían mitigar el efecto de inesperados resultados, escribe Mª DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ en La Tercera (30).

“Si pensamos que se podría llegar a 7 mil 500 encuentros, es decir, entre  80 mil o 100 mil personas, esto no llegará al 1% de los ciudadanos. Equivale a un séptimo de militantes declarados y es menos de quienes votan en las elecciones internas de los partidos. Esto representa una complejidad, pues las cifras son bajas para plantearlas como representativas de la voluntad popular”. “Si es significativo que 100 mil personas se reúnan a hablar de política, pero tampoco hay que sobrevalorarlo. La falta de realismo es un mal consejero en política y a mí no me parece que se desprecie a la gente que participó por el hecho de constatar que no es un número representativo de la voluntad popular”. “Estas cifras indican algo positivo: se dio un proceso participativo ordenado, no disruptivo de la institucionalidad a diferencia de lo que la derecha solía acusar, pese a que no tuvo un marco político claro”. En la medida que no se convoque a un número representativo de personas, es un proceso que “dirá poco para tomar decisiones políticas”. “Tampoco este proceso constituyente ha tenido un marco jurídico de regulación muy claro, pese a que este marco fue ostensiblemente mejorado por el CCO. Tuvo una metodología muy deficiente, problemas tecnológicos para subir las actas, aún así, esto demuestra una necesidad de crear espacios de participación ciudadana”. Tanto por la falta de concreción en la forma de preguntar en los encuentros locales y las cifras de participación, el ejercicio no sirve para orientar el contenido de una nueva Constitución, señala JORGE CORREA. El Mercurio (30).

JULIO DE 2016

Para analizar la legitimidad de los encuentros locales resulta útil atender a los criterios de la democracia representativa. En Chile podríamos hablar de un poco más de 7 millones de ciudadanos responsables y activos. En consecuencia, para que una decisión o proceso pueda ser considerado legítimo, debe ajustarse —como mínimo— a tal marco de representatividad, escribe HENRY BOYS en La Segunda (1).

¿CUÁL ES LA EVALUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROCESO CONSTITUYENTE?, específicamente sobre su institucionalidad, resultados y representatividad, preguntó La Tercera (2) a Patricio Zapata y a Nicolás Monckeberg.

PATRICIO ZAPATA respondió que varias de las críticas que se dirigen al proceso de diálogos constitucionales apuntan a problemas reales y deben ser recibidas con humildad y auténtico espíritu autocritico. El CCO no ha tenido ningún problema en reconocer las dificultades y ha pedido que los errores se asuman y corrijan. Creo que las objeciones que apuntan a una pretendida irregularidad jurídica del proceso no son acertadas. En la medida que ha quedado siempre claro que las conclusiones del proceso no son vinculantes  y que nunca se ha pretendido sustituir los mecanismos normales a través de los cuales se expresa la soberanía popular. No se advierte de qué modo una fórmula de consultas puede infringir el orden constitucional. Hemos desplegado acción constante para garantizar que el proceso satisfaga condiciones de transparencia, inclusividad, amplitud y ausencia de sesgo. Con el concurso del Servicio Civil pudimos lograr que la selección de los facilitadores del proceso se fundara en estrictos criterios de mérito. Sugerimos varios e importantes perfeccionamientos al proceso (una metodología de conversación más acogedora con el disenso, una valorización especial de los encuentros locales, la participación de nuestros compatriotas en el extranjero y la conformación de un equipo de sistematización plural). Reivindicamos, sin complejos, nuestra responsabilidad ineludible en la redacción de la síntesis de las Bases Ciudadanas para una Nueva Constitución.  No dudamos en defender aquellos plazos cuyo cumplimiento ayuda a la calidad del proceso. Los encuentros locales fueron un espacio valioso  para la participación ciudadana. Nuestro compromiso es que lo que allí se dijo sea recogido de manera fiel y completa. Lo que ahora nos toca es velar por el adecuado funcionamiento de la etapa que viene: los Cabildos Provinciales y Regionales.  En los próximos días se darán a conocer los detalles de estos eventos (día, lugar, hora, metodología).

Por su parte, NICOLÁS MONCKEBERG respondió en La Tercera (2) que el proceso se cae a pedazos. Así por ejemplo se debió ampliar el plazo para subir las actas de los encuentros locales en respuesta a las fallas por varias semanas de la plataforma electrónica. Luego,  tres días después, el mismo CCO manifestó su “grave preocupación” respecto del tratamiento de los datos de los participantes a raíz de un informe lapidario del CPLT. Lo anterior es solo el corolario de casi dos años de errores, improvisaciones y una actitud contumaz del Gobierno de tratar de legitimar, sin hacer cambios, un proceso que a todas luces hasta ahora ha carecido de la participación y transparencia suficiente.  Los esfuerzos del gobierno y en oportunidades del propio Zapata por tapar el sol con un dedo no han dado resultado y los cuestionamientos exceden por mucho a la sola “trinchera política”. Las críticas más duras provienen precisamente de académicos, ciudadanos, sociólogos y políticos de distintos sectores, que han objetado graves falencias en un proceso que por su naturaleza no puede improvisarse ni sostenerse sobre la base de buenas intenciones. Es  irrelevante “en términos institucionales”, la participación es “miserables”, en materia de recolección y uso de datos personales de los participantes no se ha ajustado “a las normas legales respectivas”,  las cifras no son representativas de la voluntad popular, son algunas de las expresiones. A este proceso le queda la sola fachada de participación y legitimidad. Se ofreció un proceso ecuánime y pluralista, pero a los pocos días se supo que la gran mayoría de los “facilitadores árbitros” eran activistas de izquierda. Se hablaba de un proceso equilibrado, pero no hay semana que el CCO no repare al gobierno algún aspecto relevante. Se objetó el sesgo ideológico en la campaña comunicacional que el gobierno tenía preparada. ¿Qué más se necesita para concluir que este proceso sin cambios radicales no va a ninguna parte?  Lo preocupante  son las ilusiones y expectativas de quienes han participado confiados en él.  En este gobierno no habrá nueva Constitución y lo que es peor, tampoco hemos conocido una sola propuesta constitucional de ellos.

Entre las PRINCIPALES DIFICULTADES que marcaron la primera etapa del proceso constituyente, La Tercera (2) alude a las críticas sobre su legitimidad, los cuestionamientos a la campaña comunicacional y a las fallas en la plataforma web.

Sobre su legitimidad y representatividad, en El Mercurio (3) JOSÉ LUIS CEA escribe que el mal llamado proceso constituyente carece de base en la Carta Política y que van surgiendo vicios más graves que aquellos que pretendían ser saneados con la implantación de una nueva Constitución. Hoy no existe ningún precepto constitucional, ni siquiera legal, que ampare y regule el sistema de grupos autoconvocados y cabildos que está siendo impulsado por el Gobierno. Esto genera más incertidumbre que certezas, socavando la seguridad jurídica y la legitimidad del Código Fundamental que se postula aprobar. Es preocupante que un asunto de la mayor relevancia jurídica, política e histórica, que compromete el futuro de Chile, por generaciones, sea diseñado e implementado con tanta improvisación y descuido de las consecuencias.

Por su parte, CARLOS PEÑA señala que ni sus partícipes eran reflejo del pueblo cuyo poder constituyente jugaron a ejercer, ni tampoco tenían autorización alguna para actuar en su nombre, ni su presencia suscitaba la adhesión emocional que despierta el pueblo. Puede afirmarse, entonces, que esos encuentros pudieron tener un valor escénico, performativo, a lo sumo indiciario; pero no representativo. Lo que no significa que carecieran de importancia. Es probable que quienes participaron de ellos hayan vivido la ilusión de pensar en qué tipo de sociedad, con qué derecho, deberes e instituciones y en base a qué principios vivirían, pero de ello no se sigue ninguna razón para compeler al conjunto de la ciudadanía a aceptar como valioso o digno de ser obedecido lo que allí se acordó. No cabe duda. Los Encuentros Locales Autoconvocados (ELA) no tiene ningún valor de representación, pero su metodología y el balance que de ellos se hace ejemplifica, como si fuera un psicodrama, el rasgo más marcado de la gestión gubernamental: la desaprensiva capacidad de poner en juego expectativas desmesuradas, la incapacidad artesanal de satisfacerlas y la manera naïve que se emplea para intentar convencer de que se satisficieron. El Mercurio (3).

Concluida la primera etapa de los ELA, el CEP publica un libro que recoge diversas PROPUESTAS CONSTITUCIONALES en torno a la reelección presidencial y el voto obligatorio. Sobre la necesidad de moderar el presidencialismo, la postulación indefinida de parlamentarios y el Congreso bicameral. La Tercera (3), La Tercera (3). Gastón Gómez en ese texto "Apoya mantener la elección indefinida en el Parlamento", cambiar el régimen presidencial, pero también autorizar la reelección inmediata del Jefe de Estado. La Tercera (3). Francisco Zúñiga aboga por "Una Contraloría con un órgano colegiado porque evita la arbitrariedad". Disminuir la preponderancia de la Presidencia en las urgencias legislativas, otorgar más autonomía económica a las regiones y eliminar el control obligatorio del TC. La Tercera (3).

LUCAS SIERRA sostiene que: “Buscar la identidad de la nación en un gran bautismo constitucional es una ilusión políticamente peligrosa”. No se pretende que la Constitución sea un “largo papiro de derechos”. “Las constituciones debieran ser lo más parcas posibles y dejar a la política que juegue”. “A veces, llevar organismos a la Constitución funciona como un volador de luces. Lo ponen en el texto, pero se olvidan después de la sala de máquinas.” Elección de Intendentes: “Como está, es una legislación inconveniente”.  “En la academia, todos critican el presidencialismo; una vez en el gobierno, se olvidan”. Respecto a los encuentros locales autoconvocados: “Para la gente que participó, creo que ha tenido un efecto terapéutico y educativo”. El Mercurio (3).

“El sector privado debe participar sin complejos ni inhibiciones en el debate de las políticas públicas”, señaló en El Mercurio (3) BERNARDO LARRAÍN, quien participó en un encuentro autoconvocado. Comparte que los procesos de reforma constitucional deben tener participación ciudadana, pero estima que esta debe estar nutrida de contenidos por los sectores políticos. Y afirma: “Eso ha estado bastante ausente”.

Bajo el título “ENCUENTROS LOCALES: TRES LECCIONES”, en El Líbero (4) escribió Claudio Alvarado que la primera lección dice relación con el Gobierno: todo indica que éste aún no toma nota de los errores cometidos al impulsar otras reformas. La segunda consiste en que, al menos hasta ahora, la oposición no ha logrado superar su actuar errático en este debate. La última, quizás la más relevante, se refiere a lo que cabe esperar −y, sobre todo, a lo que no podemos esperar− de los encuentros locales.

FRANCISCO SOTO en La Tercera (4), escribe que las primeras cifras oficiales de participación de los ELA y de la encuesta individual dan cuenta de una participación que supera 8 mil encuentros y 86 mil consultas individuales. Para algunos, las cifras son bajas, cuestionan el grado de representatividad y las eventuales conclusiones que se puedan sacar. Lo comparan con la participación electoral o la de los partidos políticos, lo que carece de rigor académico. Los procesos constituyentes participativos vistos como serios y que han motivado investigaciones son los de: Brasil (1988), Colombia (1990-1991) e Islandia (2008). En todos ellos nos encontramos con mesas de debate y encuentros, consultas vía internet y formulación de propuestas desde la base y en ninguna de estas experiencias la participación supera el 1% de los ciudadanos. La crítica no dimensiona la particularidad y la relevancia de haber iniciado un proceso de deliberación constitucional como el que se está generando. Este fenómeno “socio-constitucional”, no puede ser interpretado como antagónico o en competencia con el sistema representativo.

En un país acostumbrado a no debatir y con una crisis de representación relevante, GLORIA DE LA FUENTE en La Tercera (4) agrega que los más de 8.500 encuentros realizados, donde han participado cerca de 100 mil personas, son una señal importante. No es posible utilizar como parámetro el número de electores para medir el éxito o fracaso de la iniciativa. En un país no habituado a aquello es una buena noticia y muestra lo necesario que es promover en Chile mecanismos de democracia directa y de participación. Respecto al perfil de los participantes, se ha acusado de sesgo de clase que sin duda es cierto, porque los debates han estado concentrados en comunas de estratos sociales altos, pero esto no es un problema particular de esta instancia, sino que de una sociedad que es profundamente desigual y segregadora. Iniciativas como esta no amenazan la democracia. El proceso constituyente abre una luz de esperanza hacia una segunda transición cuyo futuro es aún incierto.

MARÍA INÉS SALAMANCA, bajo el título “una nueva constitución: una oportunidad para mujeres y niñas”, afirma en El Dínamo (4) que la adopción de una nueva constitución es el comienzo y no el fin para alcanzar la igualdad de género. Esperamos que este proceso signifique un avance para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por un Chile 50/50 (igual entre hombres y mujeres).

La reforma agraria fue el fruto de un largo proceso en el que influyeron la Revolución Cubana y los extendidos índices de pobreza. Pero también su origen se encuentra en la crítica a instituciones básicas como el derecho de propiedad. Algo similar se aprecia cuando se habla de cambio constitucional. El problema constitucional carece de un diagnóstico compartido. Para varios es su origen. Para otros su contenido global, y hay quienes buscan recuperar los "afectos". También ven en la batalla constitucional una cuestión ideológica, contra eso que ha venido a llamarse "el modelo". La Constitución ha sido irresponsablemente calificada como la causa de todos los problemas. Y por eso las expectativas de una nueva son altas. El camino que estamos recorriendo en materia constitucional se asemeja, en alguna medida, al de hace décadas con la reforma agraria. La Constitución no tendrá por efecto mejorar la educación ni nuestro bienestar; tampoco será "escrita entre todos", escribe SEBASTIÁN SOTO en El Mercurio (4).

"EL ASADO CONSTITUYENTE" es el nombre de la campaña del indh que incluye seis virales relativos al proceso constituyente y que la UDI denunció a la Contraloría por las críticas que estima infundadas y sesgadas ideológicamente respecto a Constitución de 1980. En esas capsulas se afirma que: “Aunque la Constitución de 1980 ha sido reformada en varias ocasiones, es insuficiente para cumplir con estándares de democracia y de derechos humanos”. Además plantea que la actual Carta Fundamental “establece mecanismos que dificultan la expresión de las mayorías y la implementación de acuerdos democráticos”. “No permite una participación plena de todos los grupos de personas” y advierte que “tampoco reconoce la diversidad de pueblos” en Chile y dificulta el cumplimiento de los tratados internacionales firmados por Chile en materia de derechos humanos.  “No reconoce a todos los derechos por igual”, como el derecho a la vivienda y al agua. La Tercera (4).

La Tercera (4) en una EDITORIAL pone de relieve las lecciones del Brexit para Chile porque “ilustra los riesgos de emprender cambios a la Constitución o reformas estructurales presionados por mayorías circunstanciales”.

En igual sentido MAX COLODRO en La Tercera (4), se pregunta si tiene sentido que una mayoría circunstancial pueda tomar una decisión irreversible, que comprometerá el futuro de una nación entera por décadas. ¿Basta para ello con el 50% más uno o en este tipo de definiciones se debiera requerir de mayorías de otra envergadura? ¿Deben los sistemas políticos contemplar requisitos ‘supra’ mayoritarios para resolver algunas cosas especialmente relevantes y trascendentales, o siempre es suficiente con una mayoría simple o absoluta? Para no terminar siendo los ingleses de Latinoamérica en temas que para nosotros pueden tener igual trascendencia, es preciso construir el mayor grado de consenso posible respecto al tipo de mayorías necesarias para resolver las materias más relevantes.

La evaluación de los consejos locales autoconvocados, organizados en la primera etapa de la fase participativa, difiere sustancialmente según el sector político que la realice. Basta una revisión de la distribución geográfica de los puntos de reunión para advertir los sesgos que podrían conllevar sus conclusiones. Existen juicios fundados respecto del carácter insalvablemente inválido que tendría este camino como vía de reforma de la Constitución. Es un hecho que esta instancia de diálogo suscitó interés y ante la pobre educación cívica es un ejercicio valioso. Resulta imposible obtener conclusiones de las actas. Su pretendida sistematización por un conjunto de expertos para consolidar un sustrato común es un acto voluntarioso, pero no realista. En suma, sin perjuicio de carecer de valor constituyente, el balance de este ejercicio reafirma la importancia de la reagrupación de los contenidos de la educación cívica en un ramo individual, fundamental para el fortalecimiento de la responsabilidad ciudadana, gravemente erosionada por el voto voluntario y un discurso público que ha debilitado toda noción de deberes, señala una EDITORIAL de El Mercurio (5).

Tras finalizar la primera etapa de participación ciudadana (ELA, Encuesta online y Fase de Educación Cívica), el gobierno ha recibido muchas críticas que mucho tienen que ver con la improvisación que a mi juicio ha tenido, pues lamentablemente no se lo concibió desde su origen, de manera inclusiva. Todo lo contrario, ha sido liderado sólo por personas sin discapacidad, dejando fuera a un grupo que tiene mucho que aportar y contribuir justamente para mejorar y corregir esa variable. Es tanto la improvisación que ni siquiera en el CCO hay alguna persona que tenga discapacidad para dar “alguna señal”. No olvidemos que según la II Encuesta Nacional de Discapacidad, actualmente existen en Chile 2.836.818 personas con algún tipo de discapacidad, lo que corresponde al 16,7% de la población, escribe XIMENA FLORES en La Tercera (6).

Ex Presidente Piñera presentó libro "PROPUESTAS CONSTITUCIONALES". Documento recoge el trabajo de un grupo de académicos que respondieron la pregunta ¿Qué haría usted si pudiera redactar la Constitución de Chile?. Emol (6). La Segunda (7) informa que sólo tres constitucionalistas apuestan por mantener actual régimen presidencial en esa publicación.

Con el objetivo de estimular la participación ciudadana en torno a una nueva Constitución, el INDH lanzó hace algún tiempo en redes sociales la campaña “Encontrémonos en el asado constituyente”, cuyos contenidos caen no sólo en un evidente propagandismo en favor de la reforma que impulsa el gobierno, sino también en la contradicción de debilitar la defensa de los derechos humanos, al mezclar estos con finalidades ideológicas que les son ajenas, señala una editorial de La Tercera (6). 

Tras finalizar la primera etapa de participación ciudadana (ELA, Encuesta online y Fase de Educación Cívica), el gobierno ha recibido muchas críticas que mucho tienen que ver con la improvisación que a mi juicio ha tenido, pues lamentablemente no se lo concibió desde su origen, de manera inclusiva. Todo lo contrario, ha sido liderado sólo por personas sin discapacidad, dejando fuera a un grupo que tiene mucho que aportar y contribuir justamente para mejorar y corregir esa variable. Es tanto la improvisación que ni siquiera en el CCO hay alguna persona que tenga discapacidad para dar “alguna señal”. No olvidemos que según la II Encuesta Nacional de Discapacidad, actualmente existen en Chile 2.836.818 personas con algún tipo de discapacidad, lo que corresponde al 16,7% de la población, escribe XIMENA FLORES en La Tercera (6).

No fueron los partidos políticos (ni de derecha ni de izquierda) los protagonistas de este proceso; incluso a la gente de derecha que se oponía a esta actividad le fue dando ganas de participar; la prensa conservadora, en especial El Mercurio, ha hecho todo lo posible por desvirtuar este proceso participativo; algunos dijeron por ahí que se había tratado de un ejercicio clasista. Tonteras se dicen todo el tiempo; según las últimas cifras que maneja el CCO, se realizaron cerca de 9000 encuentros locales y llenaron la consulta individual 85559 personas, pero aún no es tiempo, sin embargo, de hacer evaluaciones finales. Faltan los cabildos, falta la sistematización de los datos y su síntesis en un texto coherente que deberá redactar el CCO con miras al rescate fiel de las opiniones vertidas, que, aunque no son opiniones vinculantes, debieran constituir la primera piedra de una gran obra en construcción, señala The Clinic (7) en una EDITORIAL.

¿Para qué sirvieron los Encuentros Locales Autoconvocados?, se pregunta SERGIO VERDUGO en El Líbero (8).

Se ha anunciado el comienzo de las fases provincial y regional del llamado proceso constituyente. Es necesario revisar el modelo asambleísta con el que se pretende continuar del muy sano proceso de aportes ciudadanos a la discusión de una nueva Carta Fundamental, aprovechando, estimulando e incentivando más intensamente –y mejorando los problemas que mostró el sistema en la primera fase–, el uso de las nuevas tecnologías de las comunicaciones, buscando nuevas formas de diálogo y participación ciudadana a través de estas redes virtuales, las que, por lo demás, se hacen cada día más parte de nuestras experiencias económicas, sociales y culturales, escribe  ROBERTO MEZA en El Mostrador (8).

Ahora para todo llaman a “participar”. Casi siempre dando a entender que a lo que se aspira no es a una participación representativa o institucional; los canales convencionales estarían agotados. Es más, de lo que se trata es promover agendas muy específicas, no arraigadas en el establishment, para lo cual se requiere concientizar y movilizar primero. De hecho, estos mecanismos de participación, desde sus orígenes, se vienen asociando a objetivos tácticos de minorías políticas activistas. De ahí la fórmula de “diálogos ciudadanos” que eligiera el  gobierno. Cuánto del llamado a “participar” no es más que un intento de servirse de la apatía generalizada organizando a minorías activistas militantes “desde abajo” y ver cuántos goles logran meter, se pregunta ALFREDO JOCELYN-HOLT en La Tercera (9).

UDI solicita a Contraloría revisar cuántos participantes de cabildos TRABAJAN EN EL ESTADO. El Mercurio (9).

GOBIERNO SALE A TERRENO para informar detalles de la segunda etapa participativa del proceso constituyente. Ministros y subsecretarios tienen una serie de actividades programadas para informar a la ciudadanía sobre los próximos cabildos provinciales y regionales. Emol (9).

MARCELO DÍAZ: "El despliegue y apoyo de todos, permitirá que el proceso constituyente tenga un claro sello ciudadano". En Antofagasta y Santiago, autoridades ministeriales encabezaron actividades en el marco del plan Gobierno en Terreno, para incentivar a la población a ser parte de la nueva constitución. Emol (9). Ministro Marcelo Díaz llega hasta el barrio Franklin para compartir con los locatarios, mientras Javiera Blanco se traslada a Coquimbo.  La Tercera (9).

VOCERO CRITICA A PIÑERA por cuestionamiento a proceso constituyente y dice que está “desinformado”. Señala que el ex mandatario “desconoce el proceso porque si hay algo que ocurrió en los encuentros locales es que la gente habló de contenidos, de derechos, de deberes, de principios y valores, de instituciones". El Mostrador (10).

Fui partícipe de un Encuentro Local Autoconvocado para discutir sobre nuestra Constitución. Me llamó la atención la puntualidad y el entusiasmo de los convocados. Este espacio se transformaba en una notable excepción para tener una conversación desde y para lo plural. Un segundo rasgo notorio fue el respeto a posiciones bien diversas y contrapuestas. Es cierto que la metodología ha sido criticada. Pero quise ser parte de este momento republicano. De hecho, me fui contento, satisfecho y más esperanzado en Chile y su futuro, escribe Jorge Navarrete en La Tercera (10).