La Pontificia Universidad Católica de Chile demanda al Fisco por incumplimiento de la ley en relación con la norma que establece la obligación de otorgar el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) a las instituciones de educación superior.
La acción judicial, que se presentará ante los tribunales civiles, fue decidida por el Rector de esta Universidad, Ignacio Sánchez, luego de tres semanas de evaluaciones con expertos jurídicos del pantel, encabezados por el decano de la Facultad de Derecho, Carlos Frontaura, y el director de asuntos jurídicos de la UC, Juan Esteban Montero. La decisión del Rector también fue aprobada por el Canciller de la UC, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati.
El directivo señala que "por medio de esta demanda queremos, como Universidad, hacer presente el incumplimiento de la ley en que ha caído el Estado de Chile respecto de una normativa plenamente vigente, que fue creada como una ley de financiamiento permanente, orientada a fortalecer y reconocer a las instituciones con alto desempeño y preferencia entre los estudiantes".
"Nos parece extraordinariamente grave que se establezca un precedente de esta naturaleza en materia de educación superior, por cuanto ello comprometería de manera seria el desarrollo futuro del conjunto del sistema. La medida adoptada por el Gobierno implica para la UC un daño patrimonial de más de $1.700 millones", añade.
El documento incorpora la opción para que otros planteles se puedan sumar a la acción judicial.
Según el Decreto con Fuerza de Ley nº 4, el Estado debe entregar un aporte fiscal indirecto (AFI), creado en 1981, a las universidades institutos profesionales y centros de formación técnica que reciban a los primeros 27.500 puntajes de la ex PAA (ya que el decreto data de 1981) y actual PSU.
El Presupuesto 2017 del Gobierno actual no incluyó tales fondos y, además, la otra vía por la que se entrega dinero a la educación superior, los llamados aportes basales,sólo contemplan $9.000 millones para todas las universidades del Cruch. Esto último es, según el diario mencionado, menos de lo comprometido.
La UC está entre las dos universidades, junto con la U. de Chile, que mayores ingresos reciben por este concepto. Sin embargo, en el Presupuesto 2017 no se incluyeron los montos para los alumnos matriculados el año anterior, razón por la que se basa la demanda.
El Rector explica que "después de más de un mes de haber solicitado opiniones, tanto a la Ministra de Educación, Adriana Delpiano como a la jefa de Educación Superior, nos queda este camino, que si bien uno no quisiera tomar, se ve obligado a hacerlo".
Asimismo, el directivo critica que no se está respetando "un compromiso" que adquirieron los ministros de Educación (Eyzaguirre y Delpiano) ante el CRUCh, respecto de que no habría un detrimento en sus presupuesto en caso de haber cambios en el AFI.
En su demanda, la UC elige un procedimiento "ordinario", es decir que el demandado, representado por el Consejo de Defensa del Estado, tiene 15 días para contestar a la acción civil, más la existencia de otros dos escritos (réplica y dúplica), con sus consiguientes plazos. Esta estrategia legal incluye un llamado a conciliación, y si no existe acuerdo, el Tribunal dicta sentencia.
El procedimiento puede demorar varios meses y las partes pueden recurrir después a la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema.

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