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Ante Comisión de Constitución de diputados.

Presidenta de Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y director de Gendarmería exponen sobre nuevo régimen de condena para enfermos terminales.

La presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, dijo que se debe hacer una clara distinción entre delitos comunes y aquellos de lesa humanidad.

13 de enero de 2017

La Comisión de Constitución recibió a Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y a Jaime Rojas, director de Gendarmería, exponen ante la instancia su punto de vista con respecto al proyecto que modifica la ley N°18. 216, que establece penas en favor de personas que padezcan una enfermedad terminal.
Cabe recordar que  la iniciativa en debate plantea que el tribunal podrá, a petición de parte, y previo informe favorable, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, reemplazándola por la de reclusión domiciliaria total, siempre que el condenado padeciese alguna enfermedad terminal.
Por su parte, el director de Gendarmería, Jaime Rojas, especificó la información estadística para ilustrar la cantidad de enfermos terminales que hay en los regímenes abierto, cerrado y semiabierto que maneja la institución. 
Enseguida indicó que hay 10 personas de un universo de 42.700 internos en régimen cerrado, calificadas por el departamento de salud de gendarmería en condiciones de enfermedad terminal. 
Luego, la dirigenta sostuvo que se debe hacer una clara distinción entre delitos comunes y aquellos de lesa humanidad. Con respecto a violadores de derechos humanos, manifestó que "el bien superior es la no repetición de los hechos. Lo que está en juego es el tipo de democracia que construimos y bajo qué valores", indicó. 
Agregó que "se trata de sujetos que han entrado tardíamente a cumplir sus condenas. La mayoría de ellos, por no decir todos, recalcó, nunca han colaborado con la justicia. Es más, afirmó, se sienten salvadores de la patria y estarían dispuestos a repetir la acción porque se sienten orgullosos". 
A continuación, el diputado Squella afirmó que "quizás y lamentablemente se ha concentrado el debate en la lógica de lo que es un penal en particular, que es Punta Peuco, y las circunstancias en las cuales algunos de ellos están en la situación de enfermedad terminal. Pero en estricto rigor, manifestó, el proyecto es totalmente amplio y genérico. Apunta a cualquier tipo de penal y persona desde el momento en que se encuentra sufriendo una enfermedad terminal". 
Según el legislador "es un buen proyecto que debiese avanzar en lo que es el concierto internacional y revisar si corresponde que personas por sobre determinada edad debiesen estar cumpliendo penas privativas de libertad". 
Finalmente, el diputado Gutiérrez dijo "que no hay una real problemática de personas privadas de libertad con enfermedades terminales. Creo que nos han ensimismado en una discusión que no tiene asidero. Algo totalmente impertinente, pero que se hace con una segunda intención que es grave, y es lo que denuncia la directiva de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y que es buscar formas o fórmulas para, el día de mañana, dejar en libertad a aquellos que tienen mucha edad y que se encuentran privados de libertad". 
Según la opinión del congresista, "los pobres ancianitos que están privados de libertad son una gran falacia, un engaño a la ciudadanía. Son unos cobardes, criminales, genocidas que están cumpliendo la pena como en derecho corresponde".  

 

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.

 

 

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