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Debates de Política Pública.

CEP publicó “Críticas a la metodología y sistematización del proceso constitucional”.

El objeto de este trabajo es llamar la atención sobre el enorme desafío que enfrenta quien intente traducir los resultados de la etapa participativa en disposiciones constitucionales.

23 de mayo de 2017

El Centro de Estudios Públicos (CEP), en su sección “Debates de Política Pública”, publicó el documento “Críticas a la metodología y sistematización del proceso constitucional”, cuyo autor es Lucas Sierra.

En el texto, el autor sostiene que el 16 de enero pasado, la Presidenta de la República recibió los dos informes que encargó sobre la etapa "participativa" del proceso constitucional que su Gobierno viene impulsando. Dicha etapa participativa estuvo compuesta por: la Consulta Individual, Encuentros Locales Autoconvocados (ELA), cabildos provinciales y cabildos regionales. Todos se llevaron a cabo durante el año 2016.

Al efecto, el autor parte de la base que, como afirma el informe del CCO, el proceso en general se desempeñó en forma "correcta". Desde el punto de vista de la utilidad de sus resultados, sin embargo, la respuesta no es tan categórica. El Gobierno ha expresado su intención de que estos resultados "incidan" en la generación de una posible Constitución futura. Mi idea es que esto será especialmente difícil. Y creo que esta especial dificultad tiene que ver con el diseño metodológico que hizo el Gobierno y con la forma en que se sistematizaron los datos, particularmente los que tienen un carácter más cualitativo.

Este argumento se desarrolla en los siguientes pasos. Primero (I) se describe sintéticamente la forma de la etapa participativa, y se hace una referencia al Comité de Sistematización y al CCO. Segundo (II) se hacen algunas observaciones cuantitativas de dicha etapa. Tercero (III) se enuncian los problemas en la metodología que el Gobierno diseñó para ella. Cuarto (IV) se hace una referencia al Comité de Sistematización y al problema de la sistematización de los datos contenidos en las actas, en especial de los "fundamentos", es decir, el aspecto más cualitativo de la sistematización. Por último (V) se avanzan algunas conclusiones.

De ese modo, señala el autor que el objeto de este trabajo es llamar la atención sobre el enorme desafío que enfrenta quien intente traducir los resultados de la etapa participativa en disposiciones constitucionales. Y, también, ayudar a que esta experiencia sirva de aprendizaje en el evento de futuros ejercicios de participación orientados a incidir en la generación de normas jurídicas.

 

 

 

Vea texto íntegro de la publicación.

 

 

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