La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su profunda preocupación por el procesamiento y detención de civiles en la jurisdicción penal militar y el uso de operaciones militares para el control de manifestaciones públicas en Venezuela.
De  acuerdo a la CIDH, la información presentada públicamente por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega, desde el 6 de abril al 24 de mayo el Ministerio Público de Venezuela tiene registradas 55 personas fallecidas por hechos de violencia, 52 de ellas civiles y 3 funcionarios.
Asimismo, añade, el Ministerio Público informó tener registro de más de mil personas lesionadas, incluyendo 771 civiles y 229 funcionarios. Indicó que 346 bienes se han visto afectados durante los hechos de violencia, que hay 1465 investigaciones en curso, que se ha imputado a 2674 personas por diferentes delitos, y que 284 de estas personas han sido privadas de libertad.
Por su parte, continúa la CIDH, las organizaciones de la sociedad civil y voceros del Gobierno,  indican que las muertes producto de la violencia en el contexto de las manifestaciones alcanzarían las 60 víctimas, incluyendo seis adolescentes, y que del 1º de abril al 24 de mayo de 2017, habría 2815 manifestantes arrestados, de los cuales 1240 permanecen detenidos.
A continuación, explica la Comisión que en respuesta a la situación de violencia el Gobierno anunció la activación de la segunda fase de la operación cívico – militar conocida como “Plan Zamora”.
A través de esta operación participan funcionarios policiales y militares y también grupos de civiles armados, y se ha procedido a realizar detenciones masivas y a aplicar la jurisdicción penal militar a los civiles detenidos en las manifestaciones.
De acuerdo a la información disponible, agrega, esta segunda fase del “Plan Zamora” implica el traslado de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y 600 tropas de operaciones militares.
En consecuencia, sostiene la CIDH, se ha reportado que 341 civiles están siendo procesados en la jurisdicción penal militar, de los cuales 178 permanecen detenidos en dicha jurisdicción.
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega, expresó que la detención de civiles en jurisdicción militar,  es contraria a los mandatos y principios emanados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que viola el principio del juez natural, así como también los instrumentos suscritos y ratificados por la República en materia de derechos humanos.
En particular, la Comisión Interamericana recuerda que el uso de la jurisdicción penal militar para el procesamiento de civiles implica la violación de una serie de derechos, como el derecho al juez natural, y desnaturaliza las garantías judiciales de manera transversal en todo el proceso, lo cual tiene grave consecuencias en la vigencia del Estado de Derecho.
Por todo ello, la Comisión llama a las autoridades venezolanas a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo el deber de procesar los delitos comunes en la jurisdicción ordinaria.
Asimismo, urge a Venezuela a no utilizar operaciones de naturaleza militar, como el Plan Zamora, para el control de las protestas sociales, y a abstenerse de utilizar civiles armados para el control de manifestaciones.

Vea texto íntegro del comunicado

RELACIONADOS
*Amnistía Internacional se pronuncia sobre uso por parte de Venezuela de tribunales militares contra civiles…
*CIDH se pronuncia contra medidas represivas adoptadas por Venezuela frente a protestas. y condena la secuela de muertes y heridos…