El Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), en su sección Temas Públicos, publicó el documento “Ley Marco para universidades estatales: las instituciones por sobre las personas”.
LyD recuerda que hace algunas semanas el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley marco para las universidades estatales con el objeto de destrabar la difícil tramitación del polémico proyecto de educación superior que lleva prácticamente un año en discusión en la Cámara de Diputados, con críticas transversales desde todos los sectores.
Cabe señalar, de acuerdo al texto, que en términos generales, el proyecto aborda tres grandes ámbitos: establece una serie de normas comunes de funcionamiento para todas las universidades del Estado; define los mecanismos a través de los cuales éstas deberán colaborar entre sí con otras instituciones educativas y con otros órganos del Estado; y establece las fuentes de financiamiento que tendrán.
A continuación, arguye LyD que este nuevo proyecto permitiría adherir apoyos a la reforma educacional desde sectores que buscan constantemente convertir al Estado en el principal proveedor de servicios como la educación y la salud, quitando espacio a la participación de privados.
Por ello, argumenta, la iniciativa crea un nuevo marco para las universidades estatales manteniendo una equivocada concepción sobre el rol del Estado, tal como ocurre con el proyecto de educación superior recientemente aprobado en la Comisión de Educación de la Cámara.
Luego, plantea que en ambos proyectos es posible apreciar que, en vez de asignar y potenciar el rol que le corresponde al Estado como garante de una educación de calidad a través de un sistema de provisión mixto y con diversidad de proyectos educativos -tanto públicos como privados- se le entrega prácticamente un único rol de proveedor en educación, sin reconocer el importante aporte realizado por instituciones de educación superior no estatales al desarrollo de nuestro país, y a pesar de la ineficiencia que ha demostrado tener el Estado como proveedor en diversos ámbitos donde ha incursionado.
Adicionalmente, continúa LyD, ambos proyectos focalizan los esfuerzos y recursos en las instituciones y órganos estatales por sobre las personas y estudiantes, con lo que se produce una serie de problemas de discriminaciones arbitrarias entre estudiantes de igual necesidad por el solo hecho de asistir a instituciones de distinta naturaleza.
Por lo tanto, a su juicio, el rol del Estado como proveedor en educación es de gran relevancia, pero en ningún caso puede significar una limitación a que otros idearios educativos puedan tener cabida en nuestro sistema de educación superior.
Por otra parte, añade, la iniciativa viene a materializar el trato preferente que los últimos presupuestos han dado a las universidades del Estado por sobre el resto del sistema sin poner mayores exigencias y sin poner el foco en los estudiantes, lo que se agravaría aún más de aprobarse el proyecto de educación superior aplicable a todo el sistema.
Finalmente concluye LyD que pretender cambiar la lógica absoluta de nuestra institucionalidad educacional, basados en diagnósticos ideológicos y en ciertos casos erróneos, claramente no nos permitirá como país seguir progresando en la materia.

Vea texto íntegro del documento 

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