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Publican “Servicio de biodiversidad y áreas protegidas:deuda medioambiental”.

LyD afirma que nuestro país aún carece de la institucionalidad que se requiere para un buen manejo de las áreas protegidas toda vez que su declaración debe sustentarse en un fundamento técnico, con una definición clara de los objetivos.

8 de enero de 2018

En una reciente publicación se da a conocer el artículo “Servicio de biodiversidad y áreas protegidas: deuda medioambiental”. El documento arguye que el  actual Gobierno ha instaurado la idea que parte de su mayor legado ha sido en el sector medioambiental, destacando los avances en la penetración de energías renovables, los planes de descontaminación y la declaración de áreas terrestres y marinas protegidas.
Este legado, se plantea a continuación, es cuestionable porque no todos los eventuales logros pueden atribuirse a esta administración y porque no se han acompañado de la institucionalidad necesaria para que los avances sean efectivos y se mantengan en el tiempo, lo que es especialmente sensible para el caso de las áreas protegidas.
Luego se recuerda que Chile cuenta con una amplia proporción de su territorio bajo esta última categoría. Durante los últimos años además, se ha visto un aumento de éstas, especialmente en territorio marino; pero también ello ha ocurrido con las áreas terrestres a propósito de la aprobación de la Red de Parques Patagonia.
Sin embargo, se expone en el texto, nuestro país aún carece de la institucionalidad que se requiere para un buen manejo de las áreas protegidas toda vez que su declaración debe sustentarse en un fundamento técnico, con una definición clara de los objetivos que busca proteger y habiéndose ponderado correctamente los costos y beneficios que este tipo de acción implica.
En ese sentido, continúa, una importante deuda de este Gobierno en términos medioambientales es haber dejado pendiente la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, ya que no existió la capacidad de ponerle prioridad y revelar la importancia de este tema que se encuentra a la espera desde la última modificación a la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente del 2010.
Enseguida se destaca que  el avance en la protección de la biodiversidad en nuestro país ha sido tal que las áreas protegidas terrestres representan aproximadamente un 20% del total de la superficie del territorio nacional. Con la creación de los anunciados parques marinos de Cabo de Hornos y Juan Fernández, la superficie de este tipo de áreas protegidas superará la de Chile continental, quedando a ojos de la comunidad internacional como un ejemplo de protección de la biodiversidad.
En este contexto, se enfatiza que es relevante, que se cumplan ciertos requisitos para declarar áreas protegidas en el país y que fundamentan la necesidad urgente de contar con un Servicio tan postergado como es el de Biodiversidad y Áreas Protegidas, los cuales se pueden resumir en: • Definir el objetivo a proteger y, según ello, determinar la categoría y la cobertura territorial del área protegida. • Contar con el financiamiento necesario para garantizar el cumplimiento del objetivo para el cual se declara un área protegida. El Estado debe disponer del presupuesto necesario para implementar las medidas de prevención y conservación que cumplan con el objetivo planteado y, por tanto, estos gastos deben estar contemplados para evitar el riesgo de dejar áreas protegidas en el abandono, lo que puede ser peor que no afectar el territorio. • Definir claramente las condiciones que deben preservarse en el área protegida, lo que permite planificar sobre la base de condiciones y no de actividades, además de fiscalizar sus logros de protección. • Disponer de criterios objetivos para aprobar o rechazar los proyectos. Los proyectos deben evaluarse en cuanto a su compatibilidad con el objeto o bien protegido, ya sea dentro o en la cercanía del área protegida. De este modo se garantiza que solo se aprueben los proyectos si toman los resguardos necesarios con el objeto de protección definido.
El documento explica  que la iniciativa que actualmente se está discutiendo crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, un fondo destinado a financiar proyectos de conservación, principalmente fuera de las áreas protegidas del Estado, así como actividades de gestión para la conservación de la biodiversidad y la mantención o recuperación de servicios ecosistémicos. Además, contempla el Sistema Nacional de Áreas Protegidas que comprende diez categorías de conservación con sus respectivas regulaciones.
Al respecto, añade corresponde señalar que la tramitación de esta iniciativa no ha estado exenta de complicaciones y luego de casi cuatro años en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, subsisten dudas respecto de si es la regulación más adecuada, por cuanto contempla un extenso sistema normativo que podría generar complejidades en su aplicación y tiende a otorgar atribuciones que la autoridad podría utilizar con un importante grado de discrecionalidad. La mayor discusión está centrada en privilegiar a priori la conservación ambiental en detrimento de actividades productivas, en circunstancias que lo que debería interesar es el equilibrio entre ambos intereses.
Finalmente, se concluye que se espera  que la próxima administración pueda darle prioridad a la tan postergada tramitación de este Servicio y que logre imprimirle los cambios necesarios para contar con una buena regulación en la materia para de esa manera, garantizar una buena protección en el tiempo de nuestro patrimonio natural.

 

Vea texto íntegro del documento

 

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