En una reciente publicación del diario online español Confilegal se recuerda, por medio de un artículo, que hasta mayo de 1978 el adulterio fue delito en España y estaba castigado con hasta 6 años de cárcel.
Se relata que bajo el Gobierno de Adolfo Suárez, siendo ministro de Justicia Landelino Lavilla, se derogaron los artículos 449 y 452 del Código Penal relativos al adulterio y al amancebamiento (lo que hoy conocemos como parejas de hecho). Hasta entonces, se castigaban con penas de seis meses y un día hasta seis años de cárcel. También se derogó el artículo 84 del Código Civil que decía que no podían contraer matrimonio los adúlteros que hubiesen sido condenados por sentencia firme.
El artículo del Código Penal referido al adulterio decía: “El adulterio será castigado con la pena de prisión menor. Cometen adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido, y el que yace con ella, sabiendo que es casada, aunque después se declare nulo el matrimonio (…) No se impondrá pena por delito de adulterio sino en virtud del marido agraviado”. Y finalizaba: “El marido podrá en cualquier tiempo remitir la pena impuesta a su consorte”.
Su supresión legislativa, se señala en el texto, vino precedida por los cambios que estaban teniendo lugar en la sociedad española, un pueblo en plena ebullición social tras 40 años de dictadura. El cambio estaba en marcha, en la mente de todos, pero la justicia seguía operando con los mimbres de la ley.

DOS CASOS MEDIÁTICOS INFLUYERON

De acuerdo al documento, dos casos mediáticos influyeron. En 1976 tuvo lugar en Zaragoza un juicio contra una mujer casada. La acusada fue denunciada por su marido a raíz de un viaje que hizo a Canarias en compañía de otro hombre. El caso tuvo una repercusión nacional. Asociaciones de mujeres de todo el país se movilizaron y, al final, la “supuesta adultera” fue absuelta por falta de pruebas.
Días más tarde tuvo lugar otro juicio en Madrid contra la madre de dos hijos y un hombre para los que el fiscal solicitó al tribunal seis años de prisión menor y cinco millones de pesetas.
Más de mil mujeres y un importante número de hombres se manifestaron ante el actual Tribunal Supremo, que en aquel entonces también albergaba a la Audiencia Provincial de Madrid, que era donde se iba a celebrar la vista pública. Todos ellos pidieron la abolición del artículo 449 para que el adulterio dejara de ser delito.
En diciembre de ese año, dos mujeres y dos hombres fueron juzgados en Lugo y Pontevedra, con resultados dispares. La de Lugo fue absuelta y la de Pontevedra condenada a seis meses y un día de prisión y a una indemnización de 100.000 pesetas (600 euros al cambio actual, pero con un valor mucho mayor).

“AGUJEROS” DE ESCAPE

A continuación, el texto recuerda que durante esos años, el Supremo tuvo ver una gran cantidad de recursos de casación que solicitaban precisamente la anulación de esas condenas.
Un hombre fue condenado el 15 de octubre de 1976. En mayo de 1978 recurrió al alto tribunal y éste sentenció a su favor bajo la argumentación de que “nada se dice en la sentencia recurrida respecto a que el procesado tuviese conocimiento del estado civil de casada de la mujer”.
Ese era uno de los “agujeros” de escape, destaca el documento, ya que si el acusado desconocía que la mujer estaba casada se libraba de la pena. La mujer no.
En otro caso se argumentó consentimiento por parte del marido, que también era otra justificación para eximirle de la acusación. Pero tuvo menos suerte. “No hubo consentimiento, pues aunque el marido conocía la conducta de su mujer, no pudo ejercitar la acción en tanto los culpables vivían en el extranjero”.
Luego se responde a la siguiente pregunta: ¿Y si el matrimonio estaba roto y cada uno se había ido por su lado? Como no existía el divorcio, el hombre podía vengarse de la mujer denunciándola. Porque seguía cometiendo adulterio.
Así sucedió en un caso de 1973. El hombre y la mujer fueron “descubiertos” in fraganti. La sentencia consideró probado ““que a las 17 horas cohabitaron ambos, con lo que exteriorizan los hechos que el delito llegó a consumarse (…) Los procesados fueron sorprendidos aproximadamente a esa hora, cuando estaban los dos completamente desnudos en la cama”.
Como era lógico, el abogado defensor recurrió ante el Supremo argumentando la diferencia entre “mujer casada y mujer separada”.
El tribunal, se remarca,  -y estábamos a dos años de que la dictadura llegara a su fin- no admitió la diferencia.
“Mientras el matrimonio no se anule o la legalidad actual sea modificada, el vínculo matrimonial subsiste y sus deberes éticos y de fidelidad permanecen”.
Así, se arguye, la ley utilizada para la venganza personal una vez que la relación había llegado a su fin. El machismo imperante en aquel entonces asumía que la mujer era propiedad del hombre.

HABÍA QUE PROBAR QUE SE PRODUJO

Para que hubiera adulterio, indica el documento, había que probar que se había producido esa unión sexual. ¿Y si no?.
En 1963 llegó al Tribunal Supremo un recurso de una señora que había sido condenada porque, según el tribunal inferior, se la había visto con un hombre en lugares oscuros realizándose “actos externos”. 1963 era plena dictadura franquista y la represión sexual era norma.
El Alto Tribunal de entonces revocó la sentencia porque, si bien dichos “actos externos” revelaban la infidelidad moral de la señora y una peligrosa inclinación hacia el acto carnal, no había sido probado que hubieran mantenido relaciones sexuales plenas.
Sobre esos mismos fundamentos jurídicos, añade el documento, tanto la Audiencia como el Supremo habían absuelto un año antes, en 1962, a un hombre y a una mujer, que habían sido denunciados por el esposo de esta como “reos de adulterio”.
No podía existir el “adulterio en grado de tentativa”, ya que se trataba de un delito de resultado, no de tendencia. Era necesario que se hubieran producido relaciones sexuales plenas.
Ni el "panadero" debajo de la cama, ni las aceitunas y demás aperitivos ocultos en el armario valieron para demostrar la consumación del acto carnal.

Vea texto íntegro del documento

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