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En razón de la edad.

Juzgado del Trabajo de La Serena condena a Universidad por discriminación en despido de docentes.

El Tribunal acoge la denuncia sólo en cuanto se condena a la denunciada al pago de una indemnización equivalente a once remuneraciones respecto a cada denunciante.

24 de junio de 2018

El Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena condenó a la Universidad de La Serena por discriminación, al desvincular a 24 docentes que se habían acogido a pensiones de vejez y continuaron –certificados por la misma universidad- prestando servicios académicos,  siendo despedidos en diciembre de 2017.
El Tribunal dio por establecido que si bien la obtención de pensiones por vejez provocó el efecto previsto en el estatuto administrativo, perdiendo los denunciantes su calidad de empleados públicos, al no existir norma especial que solucionara esta particular situación se recurrió al estatuto común de los trabajadores, el Código del Trabajo.
Basado en lo anterior, el Tribunal estableció que la casa de estudios superiores incurrió en un acto de discriminación por razones de edad, y condenó a la institución al pago de indemnizaciones por discriminación, de aviso previo y por años de servicios, además de remuneraciones no pagadas y lucro cesante, ascendientes a un monto total superior a los $1.500 millones de pesos.
La sentencia sostiene que el hecho de extender los certificados dando cuenta de una política de aceptación de la continuidad docente pese a la obtención de pensiones por vejez es una prueba irrefutable de conocimiento y por lo tanto lo que la Universidad nos tendría que haber explicado, son las razones por las cuales después de tanto tiempo de aplicar esta política, que no puede ahora desconocer, decide simplemente cambiar de criterio y poner fin a los servicios de los denunciantes.
La resolución agrega que tenemos la absoluta incapacidad de la Universidad de La Serena en orden a explicar por qué luego de tantos años de considerar compatible la pensión por vejez y la continuidad funcionaria, decide de pronto "consultar" a la Contraloría si esta situación estaba dentro de los parámetros legales.
Los antecedentes reunidos en el juicio nos llevan a concluir que la consulta al órgano contralor fue una manera de blanquear la decisión de ir rebajando la edad de sus docentes sin incurrir en gasto alguno, principiando por la desvinculación de aquéllos que estaban pensionados y que lo habían hecho con su propia venia.

 

Vea texto íntegro de la sentencia

 

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