La Comisión Investigadora sobre Créditos con Aval del Estado (CAE) analizó los actos del Gobierno relativos a este sistema de la Educación Superior. En la sesión participaron el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez; del director del Sernac, Lucas Del Villar; y el profesor en Derecho Civil de la Universidad de Chile y especialista en derechos del consumidor, Mauricio Tapia.
El Contralor expuso a la Comisión, que preside la diputada Rojas, que entre las competencias del órgano fiscalizador está verificar la toma de razón, es decir, el control de legalidad previo a las bases de licitación con las nóminas de estudiantes para otorgar los créditos con aval del estado (CAE); controlar la labor de la Comisión Ingresa; y verificar la refrendación de nóminas de dichos créditos, revisando la legalidad del endeudamiento y que los recursos estén disponibles cada año en la Ley de Presupuestos, que en 2018 considera 281 mil millones de pesos. 
Enseguida, Bermúdez planteó que las bases han ido cambiando por la posibilidad de recompra de los créditos por parte del Estado. Dicha situación habría ocurrido en 2016 y 2017, con dos nóminas no adjudicadas, ya que no hubo entidades financieras interesadas, por lo que el Fisco recompró dichos créditos hecho que es permitido con la actual ley. 
Explicó que “se licita, se recompra y el Fisco se queda con esa nómina de estudiantes, en cuanto a ese instrumento financiero. El Fisco ha tenido que pagar un porcentaje importante de recargo por esta recompra, para hacer atractivo el sistema para los bancos. Toda vez que, en el fondo, es en ese recargo donde está la ganancia del banco y sin ningún riesgo. El Fisco no ha vuelto a vender estos créditos que habían sido adquiridos a las instituciones financieras, tal como lo establece la propia ley”.
Luego, indicó que, como consecuencia de lo anterior, el Estado ha pasado a ser quien financia una gran parte de estos créditos y, de paso, a las instituciones de educación superior, incluyendo todas aquellas que no pertenecen al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH). 
Bermúdez puntualizó que el banco solo administra el crédito, como una especie de caja cobradora a través de la cuponera, pero no tiene riesgo financiero en este sistema. Así, agregó, el Fisco es una especie de acreedor propio. "Todo el financiamiento de la educación superior, -si se considera también la gratuidad- tiene origen en fondos fiscales o públicos", evaluó. 
Con respecto a la Comisión Ingresa, sostuvo en la presentación que, desde 2007 al 2017, se realizaron cinco auditorías, de las cuales hay una en ejecución. Acotó que solo se han constatado algunos hechos como que, porcentajes relevantes del CAE se concentran en algunos conglomerados, tal como lo indican cifras de 2015, donde resaltan, por ejemplo, el grupo Laureate, Inacap y la Universidad Santo Tomás. 
Además, aseguró que se detectó que, en algunos casos, las instituciones recaudadoras no entregan los recursos al fisco, como por ejemplo el banco BCI, en 2012, incumplimiento que no se puede fiscalizar porque la Contraloría no indaga a los bancos. 
Se analizó además  que la Ley CAE establece un mecanismo de cobro que se suscribe a través de un mandato irrevocable (pagaré) en favor del Fisco, para garantizar que se pueda hacer el descuento de las remuneraciones del trabajador (antes estudiante), hecho que nunca se ha activado y que el nuevo proyecto de ley presentado por el Gobierno quiere replantear.
A juicio del Contralor existiría una carga para el empleador que, al momento de contratar, podría generar la discriminación para los postulantes que hayan estudiado con CAE, respecto al resto. 
Más tarde, la diputada Vallejo  estimó que otro elemento interesante del proyecto que plantea el Gobierno es lo perjudicial que resulta ser para la clase media. Ejemplifica que “el empleador se hace cargo de las deudas cuando el estudiante no paga y sumado a la nueva propuesta de Dicom, al cual pasan los egresados morosos, lo que afecta lisa y llanamente -es que la clase media que es la que se tiene que endeudar, que no tiene gratuidad-, termina sin posibilidades de acceder a empleos porque a los empleadores no les conviene contratar a personas con deuda CAE y saben quiénes son porque están en Dicom”. 

Sernac

A continuación, la Comisión escuchó al Director del Sernac quien estuvo acompañado por tres personas de su equipo. Los profesionales explicaron que, en lo que respecta al artículo 16 de la Ley CAE y las cláusulas presentes, por ejemplo, suscribir un mandato irrevocable; la ley del consumidor no tendría competencia, porque se aplica al ámbito general y no a normas especiales.
Sin embargo, el diputado Pardo recordó que el Sernac trabaja con la Comisión Ingresa para mejorar la redacción de los contratos.
“El director del Sernac explicó que la ley que creó el CAE establece en forma expresa determinadas materias que no se dan en otros ámbitos que ellos fiscalizan, pero al ser letra expresa de la ley, ellos no pueden fiscalizarlo, no pueden objetarlo. No obstante a eso, nos dio cuenta que el Sernac se reunió con la Comisión Ingresa con objeto de modificar muchos de los contratos y generar textos que eliminarán muchas de las materias que son objetables, no obstante hay muchas que no se pueden modificar porque son parte de la ley”, resaltó.
El parlamentario planteó que esta es otra situación que se puede corregir en el contexto del nuevo proyecto de ley que se encuentra en el Senado.
Por último, el profesor Mauricio Tapia estimó que la Ley del Consumidor si es aplicable a dichos contratos, ya que no es para regular una actividad económica sino para proteger al consumidor.

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