En una reciente publicación del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) se da a conocer el informe "Ministerio de Familia y Desarrollo Social: redefiniendo el foco de la política social". Se recuerda  que el Gobierno presentó un proyecto de ley que busca redefinir el foco de la política social, de manera que ésta no sólo se dirija a las personas en forma individual, sino que también incorpore a su entorno y, fundamentalmente, a su grupo familiar.
De acuerdo a LyD, asimismo, se busca extender a los beneficiarios de la política social, generando un espacio para la clase media que producto de la contingencia enfrenta la amenaza de caer en situación de vulnerabilidad. De esta forma, se busca dar el primer paso para hacer posible el cumplimiento del programa de Gobierno, tanto en el objetivo de poner a la familia como centro de la política social, como en la creación de una red de apoyo a la clase media. Además, impone al Estado la obligación de actuar en estas materias, asegurando su acción continua más allá de este Gobierno.

INCORPORACIÓN DEL FOCO FAMILIAR

El texto cita que el programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera señala que “la familia constituye la unidad básica de toda sociedad, (…) el núcleo fundamental (…) para el crecimiento, la formación, el bienestar y protección de los niños. La familia le da a sus integrantes el primer apoyo para su desarrollo integral, no sólo durante la infancia y adolescencia, sino también en la vida adulta y la tercera edad”.
Debido a ello, plantea que un objetivo primordial de la política social debe ser “apoyar y fortalecer a las familias, generando condiciones que les permitan alcanzar la mejor calidad de vida posible (…). La misión es potenciar sus capacidades y mitigar sus temores, dándoles las herramientas necesarias para contar con oportunidades y seguridades (…)”. Por último, se precisa que el principio que guiará este nuevo foco será que “siempre que se pueda, las intervenciones y ayudas del Estado se realizarán con y a través de las mismas familias y no contra o fuera de ellas”.
En ese contexto, indica LyD, el proyecto de ley recientemente presentado da un primer paso hacia el cumplimiento de dicho fin y establece el cambio en la denominación del Ministerio de Desarrollo Social a “Ministerio de Familia y Desarrollo Social” e introduce explícitamente a la familia como sujeto de la política social, extendiendo el rol del Ministerio hacia ella. De esta forma, se crea una obligación para el Estado de actuar en este sentido, independiente de cuál sea el Gobierno de turno. Y además del cambio formal, es esperable que esto tenga implicancias en el diseño de los programas alojados en esta cartera.
Se ejemplifica, que en lo relativo al cuidado de la infancia por parte del Estado, ello, pues si bien no se ha publicado en el texto, el Gobierno ya firmó el proyecto de ley que crea el Servicio de Protección Especializada de la Niñez que vendrá a sustituir al actual Servicio Nacional de Menores (SENAME), el que entienden tendrá entre sus orientaciones, precisamente, el resguardo del derecho de los niños y adolescentes a vivir y crecer en familia, ya sea priorizando atenciones dentro de su entorno familiar -y no como sujetos aislados-, o bien, en caso que ello no sea posible, promoviendo su adopción o privilegiando que su cuidado se lleve a cabo en familias de acogida, en vez de la alternativa residencial. Y, por último, en caso de llegar a éstas, rediseñándolas para otorgarles un carácter lo más familiar posible.
Así también, añade el texto, se espera que el enfoque familiar también repercuta en el rol general de protección a la niñez que le corresponde a este Ministerio. Específicamente, en la labor que realiza la Subsecretaría de la Niñez en materia de prevención, la que no puede ser llevada a cabo en forma exitosa sin incorporar a la familia, en tanto las vulneraciones suelen ser el resultado de una problemática familiar previa, que requiere ser detectada y resuelta oportunamente.

AVANZANDO HACIA LA CREACIÓN DE LA RED CLASE MEDIA PROTEGIDA

El documento añade que un segundo cambio que establece el proyecto de ley presentado por el Gobierno, es la incorporación de la clase media como sujeto de la política social, en la medida que ésta se vea enfrentada a amenazas que la hagan proclive de retroceder a una situación de vulnerabilidad. Esta idea surge como respuesta al aumento que exhibe la clase media en nuestro país, así como al hecho de que ésta sigue enfrentando contingencias que la amenazan.
De acuerdo a LyD, según la metodología propuesta por el Banco Mundial, si el año 1990 un 34,8% de la población en el país podía ser calificada como pobre, 38,9% como vulnerable y 23,7% como clase media, gracias al sostenido aumento en los ingresos, para 2015 esta misma metodología ubicaba sólo a un 2,5% de la población como pobre, 25,9% como vulnerable y a un mayoritario 64,3% como clase media. Dichas cifras son compatibles con un informe reciente de la OCDE que arroja que nuestro país ha experimentado una elevada movilidad social, lo que quiere decir que la probabilidad de que personas que nacen en hogares de bajos ingresos puedan mejorar respecto a la situación de sus padres es comparativamente alta . No obstante, si bien esta movilidad constituye la base para el progreso social, el mismo informe de la OCDE plantea un desafío pendiente para que ello ocurra: que dicha movilidad sea más estable en el tiempo. De acuerdo a los datos presentados, la clase media chilena sigue enfrentando una alta probabilidad de volver a caer en vulnerabilidad, lo que se debería fundamentalmente a eventos inesperados, como son la separación familiar, enfermedad o pérdida del empleo
Luego, LyD asegura que el programa de Gobierno del Presidente Piñera se hace cargo correctamente del diagnóstico del informe de la OCDE -aun cuando este último fue presentado recién en junio de este año-, al identificar las inseguridades y amenazas que enfrenta la clase media en el país y proponer la creación de la Red Clase Media Protegida, que consistirá en un conjunto de seguros para apoyar a las familias de este grupo en determinadas contingencias (sistema de intermediación laboral, seguro familiar contra enfermedades catastróficas y apoyo a la longevidad, entre otros). La incorporación explícita de este grupo -no vulnerable- como receptor de la política social es un buen punto de partida para luego entregar al Ministerio de Desarrollo Social la coordinación de esta oferta diferenciada para ellos, que evidentemente será distinta a los programas que van dirigidos a la población en situación de pobreza que requiere un apoyo más constante por parte del Estado.

MÁS INFORMACIÓN PARA LA UTILIZACION ÓPTIMA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Por último, expone LyD, que un tercer eje de este proyecto de ley, es que se faculta la entrega de información proveniente del Registro de Información Social a la Dirección de Presupuestos (DIPRES). Ello, en forma innominada y sólo para su utilización en la elaboración de informes financieros de proyectos de ley y para la evaluación de programas sociales. Asimismo, se establece que los informes de seguimiento de la gestión e implementación de los programas sociales puedan ser considerados para la asignación de recursos en la formulación del proyecto de Ley de Presupuestos. Esta modificación contribuye al uso más eficiente de los recursos públicos, en la medida que la DIPRES pueda incorporar correctamente dicha información a sus estimaciones de gasto y reajustar los presupuestos correspondientes a la oferta programática de acuerdo a los resultados de las evaluaciones.

UN PRIMER PASO NECESARIO

Finalmente, arguye LyD, el proyecto de ley que busca cambiar el nombre al Ministerio de Desarrollo Social y extender su foco hacia la familia y la clase media vulnerable, es recién un primer paso para avanzar en las promesas del programa de gobierno que presentó el Presidente Piñera en estas materias. Si bien es cierto que por sí solas estas modificaciones no aseguran un cambio efectivo en la política social, sí establecen nuevas funciones y, por lo tanto, deberes al Estado, constituyendo un cambio necesario para ir generando el espacio para el desarrollo de iniciativas concretas que podrán repercutir directamente en los beneficiarios de la política social.

Vea texto íntegro del documento

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