La Comisión investigadora del CAE votó su informe final, luego de revisar modificaciones propuestas por parlamentarios a aspectos de la redacción.
En las conclusiones se logró consenso y la aprobación unánime de los puntos relacionados con las responsabilidades políticas y los abusos contra los deudores de créditos de educación superior. Y, por 5 votos a favor de la oposición y 4 en contra de Chile Vamos, se aprobó lo referido al impacto en el sistema de educación superior y las medidas de reparación.
La presidenta de la instancia, diputada Rojas recalcó que la formación de la instancia surgió de manera transversal y que siempre se buscó que hubiera consenso en el informe, hecho que terminó por plasmarse en los aspectos relacionados con las responsabilidades, los problemas de diseño e implementación de la política pública del CAE.
Luego detalló que “ahí lo que zanjamos en el informe es que hay problemas, tanto de diseño como de implementación. Y las responsabilidades están asociadas al diseño, es decir, a los primeros gobiernos, particularmente, al Gobierno del expresidente Lagos, como también en la implementación, que incluye todos los gobiernos posteriores hasta hoy día. ¿Por qué hago este punto? Porque ha habido, sin duda, una concentración respecto de ese primer Gobierno que fue el que lo diseñó".
Luego planteó que les parece, y en el informe está constatado, "que es grave que, habiendo sabido ya los problemas y los perjuicios que se causaban con el Crédito con Aval del Estado, particularmente desde 2011, cuando ya había una corte de estudiantes que ya había salido, cuando ya había protestas sociales asociadas a este punto; que aún en consideración de aquello no se hayan tomado las definiciones necesarias para cambiar la política”.
En esta línea, el diputado Santana aseguró que existen responsabilidades compartidas de todos los gobiernos y estimó relevante considerar el trabajo recopilado por la instancia en la futura discusión de un proyecto de ley que reemplazará el cuestionado crédito de financiamiento estudiantil.
“Existe una responsabilidad por parte del Parlamento de esa época; por cierto de los gobiernos; por cierto de los ministros de educación y de hacienda, de todos los gobiernos desde la época hasta entonces. Y, por lo tanto, yo creo que eso no es hoy día lo relevante. Lo relevante al finalizar esta comisión es el aprendizaje que podamos tomar, toda vez que se va a incorporar a la discusión de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que presenta el Ejecutivo, que viene a reemplazar el CAE", puntualizó. 
Además dijo que es relevante "cómo el trabajo de esta instancia asume aprendizajes en torno a que no existan nuevamente herramientas de financiamiento para la educación superior que generen endeudamientos mayúsculos para los estudiantes de este país”.
Por su parte, el diputado Venegas agregó que existen muchas más responsabilidades de otros organismos estatales y privados en la gestión del crédito CAE. “Hay una serie de otras responsabilidades que quedan consignadas: la Comisión Ingresa, los bancos, el Sernac. Todo eso no operó y explica el conjunto de abusos, etc. Así que clarísimo eso y, hoy día, se consigna que quedó mal diseñado y fue peor implementado”, señaló.
En tanto, el diputado Schalper explicó los puntos del informe en que Chile Vamos no llegó a acuerdo. “No estamos de acuerdo en que parte de la Comisión quería señalar que las políticas de financiamiento que vincularan créditos no pudieran ser complementarias a la gratuidad. Obviamente, no estuvimos de acuerdo, porque nos parece que eso si es posible", afirmó.
A su juicio también se pretendió, por parte de la Comisión, establecer una situación de privilegio en favor de las universidades del Estado, cosa que, por supuesto, tampoco estuvieron de acuerdo. "Y otro punto es que, parte de la Comisión pretendía hacer mención específica a una forma de reparación, de lo cual tampoco estuvimos de acuerdo. Y el informe lo que hace es tomar nuestra postura en esta materia, señalando que hay que debatir sobre cómo reparamos a los perjudicados del CAE”, detalló.
Cabe señalar que en materia de abusos contra los deudores, la instancia investigadora recogió los testimonios de 802 personas, donde se consignan malas prácticas de los bancos y un Estado y sus órganos que no jugaron a favor de los deudores, sino que los abandonaron. Situación que, sostiene, hay que reparar.
Por último, los parlamentarios de la Comisión emplazaron al Ejecutivo a que tome las consideraciones del informe final en la discusión de un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior.

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