En su nueva administración, el Presidente Piñera decidió rescatar la propuesta de masificar el uso de la firma electrónica avanzada y encargó a la cartera de Economía actualizar su perfil a los actuales tiempos, trabajo que se tradujo en un paquete de indicaciones que fueron presentadas por el Ministro José Ramón Valente y su equipo ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. 
Cabe recordar que en julio de 2012, el entonces primer Gobierno de Sebastián Piñera ingresó a trámite legislativo un proyecto que tenía este  fin, sin embargo, la propuesta no tuvo movilidad durante el mandato de Michelle Bachelet y con el avance de la tecnología, algunas de sus normas perdieron vigencia.
El encargado de entregar el detalle a los diputados fue Julio Pertuze, asesor del Ministerio de Economía. En su exposición entregó antecedentes de la realidad del mercado y recordó los alcances del proyecto original, para luego pasar a especificar el tenor de las modificaciones planteadas.
Así, relató que las indicaciones pasan por facultar al Ministerio Secretaría General de la Presidencia a elaborar un reglamento que especifique casos en que se usará la firma electrónica avanzada en la administración del Estado. Asimismo, le entrega atribuciones a dicha cartera para extender certificados en este ámbito y se le asigna la tarea de elaborar decretos que regulen procedimientos de certificación de funcionarios y autoridades de la Administración del Estado.
También, entre otras materias, se promueve la creación de un repositorio de acceso público a certificados y la aceptación de “otras formas de comparecencia no presenciales”, para efectos de comparecer ante notario u oficial del registro civil.
Luego, el ministro Valente destacó la propuesta y su carácter ciudadano. "Es un proyecto que, básicamente permitiría a la gente tener que tomarse ese bus tedioso para llegar a hacer un trámite o tener que transitar y perder mucho tiempo en cosas que hoy día la tecnología permite que se haga desde su celular, que se haga desde el tablet, que se haga desde el computador", remarcó.
Enseguida, el diputado Van Rysselberghe (UDI) sostuvo que "yo estoy confiado en que aun cuando estudiemos las indicaciones, revisemos con sentido de urgencia el detalle de estas, lo que yo espero, fundamentalmente, es que le demos celeridad a esto y que dentro de nuestro Gobierno actual, podamos entregarle a Chile la nivelación en un tema tan importante como este".
Pese a lo anterior, hubo algunos parlamentarios, como el diputado Silber, que expresaron dudas sobre el tema y plantearon al Ejecutivo la necesidad de impulsar algunos perfeccionamientos.
"Queremos avanzar en materia de seguros, que los chilenos se sientan confiados de que alguien va a responder si su sistema es vulnerado o pasado a llevar; sanciones penales para quienes obren efectivamente de mala fe y puedan alterar, recordemos que tenemos el delito de sabotaje informático, algún servidor que de soporte obviamente a la instalación de la firma electrónica", indicó.
A continuación, el parlamentario dijo que otro punto es darle más atribuciones al Registro Civil en esta materia. “No podemos tampoco privatizar la fe pública en esta línea y vamos a tener especial cuidado respecto de las competencias y atribuciones que desde el Ministerio de Economía le estamos dando a las agencias acreditadoras", agregó.
El presidente de la Comisión, diputado Sepúlveda coincidió en la necesidad de avanzar con celeridad en el tema, de modo que la legislación no quede nuevamente desfasada y adelantó que, despejándose las dudas, sería posible votar y despachar la propuesta.
"Veremos en la próxima semana algunas de las dudas que se han planteado. El Ejecutivo ha mostrado nuevamente la disposición de acoger estos planteamientos; veremos otras opiniones sobre el proyecto y si todas esas dudas y todas esas preocupaciones quedan solucionadas, yo espero que se pueda votar, sino en la próxima sesión, en la siguiente", puntualizó.
Cabe señalar que la Comisión continuará con este tema el próximo martes 16, oportunidad en donde se contempla recibir en audiencia al retail financiero, al Registro Civil y a alguna empresa certificadora de firma electrónica.

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