En una reciente publicación del Instituto Libertad y Desarrollo se da a conocer el artículo “Presupuesto 2019: financiamiento de los gobiernos regionales”. Sostiene que en el contexto de la discusión del presupuesto para el año 2019, se ha dado un interesante debate en cuanto al financiamiento de los gobiernos regionales. Actualmente, en su gran mayoría, estos se financian por medio de transferencias desde el Gobierno central y, por ende, es éste el que determina cuántos recursos dispondrán las regiones. Se añade que en dos años más se elegirá por primera vez en nuestro país el recientemente creado cargo de Gobernador regional, cabeza de los gobiernos regionales.
A continuación, arguye que si hoy existe una fuerte discusión y crítica en el parlamento respecto de cuántos recursos se transfieren a cada una de las regiones y cómo se hace; ello es sólo la antesala de lo que ocurrirá cuando sean autoridades electas las que encabecen los gobiernos regionales. Por esto, previo a la elección de autoridades regionales, se deben revisar los actuales canales por medio de los cuales se transfieren recursos a las regiones, asegurando que ello sea sobre la base de criterios conocidos, objetivos y verificables.
Hoy por hoy, afirma, existen amplios espacios para una distribución discrecional de recursos por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) del Ministerio del Interior, lo cual es inaceptable e incompatible con un escenario de autoridades regionales electas.
A la luz de lo planteado, LyD presenta un análisis de la Ley de Presupuestos presentada al Congreso para el año 2019. La Ley de Presupuestos entrega recursos a los gobiernos regionales tanto para financiar su funcionamiento como para su programa de inversión. Para el próximo año, en su conjunto, los gobiernos regionales dispondrán de $ 75 mil millones para su funcionamiento y se les fijó una dotación máxima de 1.866 personas.
Hoy, expone, no se conocen parámetros objetivos sobre los cuales se determinan estos valores, lo cual es necesario ya que una vez que se cuente con autoridades regionales electas, las regiones se confrontarán en forma permanente con el gobierno central para obtener mayores recursos, eventualmente acusándolo de politizar los criterios de asignación.

PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN REGIONAL

LyD detalla que en cuanto a los recursos para inversión, para el próximo año los gobiernos regionales contarán con $ 1.275 mil millones. De estos, $ 1.072 mil millones (84% del total) son distribuidos a regiones en la propia Ley de Presupuestos, lo que se conoce como Inversión Regional Distribuida. Los restantes $ 203 mil millones son asignados a regiones durante el año. En este punto, se plantea en el texto,  surge el primer cuestionamiento en cuanto a la discrecionalidad que tiene la SUBDERE en la distribución regional de estos recursos ya que no se conocen criterios objetivos para su asignación. Los recursos que sí se distribuyen a regiones en la Ley de Presupuestos, los $ 1.072 mil millones que conforman el presupuesto para inversión de cada una de las 16 regiones del país, se pueden agrupar en tres grandes fuentes de financiamiento: Ingresos Propios de cada gobierno regional, Fondos mediante los cuales se transfieren recursos y Otros programas de la SUBDERE.

INGRESOS PROPIOS

LyD explica que los recursos que conforman este grupo, que para este análisis se han denominado Ingresos Propios, corresponden a los provenientes del pago de patentes mineras, patentes acuícolas, casinos de juego, patente por no uso de derechos de agua, patentes geotérmicas, ventas de inmuebles del Ministerio de Bienes Nacionales, ingresos de la zona franca de Magallanes y los derechos de explotación de ENAP. Respecto de ellos, ni la Dirección de Presupuestos (DIPRES) ni la SUBDERE tienen injerencia alguna en el monto global a asignar ni en la distribución por región. Estos ingresos representan un 9% del total de los ingresos para las regiones en su conjunto. En el caso de la región de Antofagasta, estos recursos representan el 27% del total de recursos que reciben en la Ley de Presupuestos, mientras que para otras regiones, como la de La Araucanía, sólo un 2%.

FONDOS PARA TRANSFERIR RECURSOS A REGIONES

Luego se especifica que los gobiernos regionales reciben, a través de cuatro fondos, recursos para sus programas de inversión: Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), Fondo de Inversión y Reconversión Regional (FIRR) y el Fondo de Apoyo Regional (FAR). En conjunto, estos ingresos representan el 77% del total de ingresos de la Inversión Regional Distribuida. De estos, el FNDR es el fondo más antiguo y en sus inicios era el único mediante el cual se transferían recursos a regiones. Actualmente representa un 44% del total de la Inversión Regional Distribuida. Los criterios de distribución interregional se encuentran fijados en el artículo 76 de la Ley de Gobierno Regionales.
No obstante ello, añade, hoy la SUBDERE no mantiene en su página web información suficiente para hacer un seguimiento a los coeficientes que utiliza para su asignación y si bien los criterios están fijados por ley, no son verificables. El Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) fue creado el año 2006 en el contexto de la discusión del impuesto específico a la actividad minera que se estableció en esos años. Hoy las regiones definen un 25% de los recursos de este fondo, siendo el resto administrado por el Ministerio de Economía. Para las regiones este fondo representa en promedio un 3% del total de la inversión regional distribuida. Si bien transfiere mayores recursos a las regiones mineras, en términos generales los recursos sólo representan una parte menor del total de los recursos. Respecto a la distribución interregional de los recursos no se conoce reglamento o decreto que fije su forma de operación. El Fondo de Apoyo Regional (FAR) existe desde el año 2014 y tiene por objeto canalizar a regiones los recursos del fondo espejo del subsidio al Transantiago. La ley que lo crea establece los criterios para su distribución, pero no se tiene información transparente en cuanto a los coeficientes que dan origen a ello. El Fondo de Inversión y Reconversión Regional (FIRR) fue creado el año 2011 con el objeto de allegar a las regiones los recursos recaudados por el royalty minero que se venía creando. Estos recursos son distribuidos sobre la base de los criterios de distribución del 90% del FNDR debiendo distribuirse 1/3 del fondo a las regiones mineras y 2/3 al resto de las regiones del país.
Así, LyD reflexiona que se debe avanzar para que todos los recursos a regiones se distribuyan en la Ley de Presupuestos y sobre la base de parámetros objetivos, conocidos y verificables. Ello no sucede en la actualidad y, por ende, se estima que la autoridad central tiene un importante grado de injerencia en los mismos.
Enseguida puntualiza que del total de recursos destinados a regiones para sus programas de inversión, el 28% admite importantes espacios de discrecionalidad en su asignación. Se conocen, asegura, algunos lineamientos de cuáles son los criterios sobre aproximadamente un 64% de los recursos, pero no son de fácil acceso los coeficientes que dan origen a ello, por lo que resulta difícil evaluar en forma objetiva cómo se distribuyen estos recursos. Con todo, sólo un 8% del total de los recursos de inversión de los gobiernos regionales no pueden ser afectados por decisiones discrecionales por parte de la autoridad central, tanto en su monto total como en su distribución entre regiones. Ello no es compatible con autoridades regionales electas ya que tensionará la relación entre regiones y el nivel central.

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