En una reciente publicación de la Biblioteca del Congreso Nacional se da a conocer el documento “¿Hacia dónde va Chile en materia ambiental?”.

Actualidad medioambiental de Chile

La BCN sostiene que sin dudas, el fortalecimiento de la institucionalidad y gobernanza medioambiental en Chile se ha producido de manera sistemática y organizada en la última década, particularmente con la creación de entidades tan importantes como el Ministerio del Medio Ambiente y la entrada en vigencia de los Tribunales Ambientales. Así lo destacan importantes organismos multilaterales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la que valora  los resultados conseguidos por el país en la Segunda Evaluación de Desempeño Ambiental, en la cual entrega además recomendaciones para avanzar hacia un desarrollo económico sustentable.
Esta evaluación, continúa, junto con reconocer varias mejoras en la realidad medioambiental nacional, recalca varios aspectos importantes, como prácticas sostenibles en diversas industrias (vitivinícola, agrícola, sector pesquero) y resalta el buen pie en el que se encuentra el país para enfrentar los desafíos que ha asumido en la lucha ante el cambio climático.
Luego expone que varios avances normativos han posibilitado este fortalecimiento. La nueva ley de fomento al reciclaje, por ejemplo, contenida en la Ley N° 20.920 que establece el marco para la Gestión de Residuos, Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, es sin dudas uno de los puntos más sobresaliente ya que permitirá luchar contra el procesamiento ilegal de basura y contribuir a realizar mejoras en las plantas de tratamiento de residuos.
Otra norma que debe ponerse de relieve es el Decreto Supremo N° 2 de 2010 del Ministerio de Salud, que prohíbe la exportación de baterías plomadas fuera de uso, dado que que Chile posee la capacidad para procesarlas de manera segura y responsable dentro de sus propias fronteras, cuestión que se encuentra alineada con los compromisos internacionales que ha tomado el Estado de Chile.
Junto a esto, el país ha adherido a varias declaraciones y resoluciones procedentes de foros internacionales, en los que se sugiere fomentar la educación ambiental de los ciudadanos; asimismo,  se está discutiendo una posible regulación de la Responsabilidad Social Empresarial, en la que el fomento a buenas prácticas ambientales es un punto importante.
La lucha por la “acción climática” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (ONU), la adhesión al Acuerdo de París de la COP21 y la formación de capital humano en estas líneas dan cuenta que las preocupaciones medio ambientales son clave actualmente para el país.

Compromisos: fortalecer los marcos normativos y la regulación ambiental

La BCN comenta que la comunidad internacional se ha esforzado en el último lustro, de manera sin precedentes, en los asuntos y conflictos medioambientales. Si éstos eran reconocidos sólo de una manera tácita en los Objetivos de Desarrollo del Milenio fijados por Naciones Unidas el año 2000, actualmente la acción por el clima es una batalla abiertamente reconocida y por lo mismo, diversos planes y programas a nivel internacional dan cuenta explícitamente de ellos.
Enseguida, añade que teniendo en mente el objetivo final de mantener el calentamiento global por debajo de los dos grados Celcius, los países firmantes de la 21ra versión de la Conference of Parties (COP21) materializada en el Acuerdo de París en diciembre del 2015, se comprometieron a realizar revisiones periódicas de sus emisiones -cada cinco años- informando  sus resultados y nuevos planes de adaptación a la totalidad de la comunidad internacional, lo cual corresponde a un compromiso  exigible por parte de los otros Estados Miembro de la ONU.
Dentro de las metas comprometidas específicamente por Chile, puntualiza, el país acordó reducir en 30% sus emisiones hacia 2030, con un fuerte impulso a las energías limpias, en especial las provenientes de fuentes renovables. Se acuerda incentivar el  uso de estas tecnologías especialmente  en sectores productivos y contaminantes, como son el  sector minero y r agropecuario.
Además, el país se comprometió a elaborar leyes y programas de diversos tipos para fortalecer aún más su gobernanza desde el plano normativo. Así, se obligó a la elaboración de una ley marco de eficiencia energética; y junto a ella la implementación de un plan de acción ante el cambio climático. Éste fue sometido a consulta pública en marzo del año 2016, y entró en vigencia para el período 2017-2022. El mismo cuenta con objetivos que regulan el sector industrial, así como con nuevas exigencias y  estándares para artículos como los electrodomésticos y vehículos motorizados.
El Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC 2017-2022) fue elaborado por el Departamento de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente y contó también con la colaboración de equipos multi e interdisciplinarios de otros ministerios, instituciones de la sociedad civil, academia, entre otros. En su elaboración se consideraron, las lecciones aprendidas, los avances alcanzados a la fecha, iniciativas en desarrollo y los desafíos futuros que deberá enfrentar el país.
Junto con este Plan, destaca los compromisos internacionales que el Estado de Chile ha tomado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Entre estos, los objetivos número 7 (Energía asequible y no contaminante) y 13 (Acción por el clima) resultan especialmente relevantes para la actualidad medioambiental y energética que vive el país.
 

De retrocesos y avances

La BCN asegura que sin perjuicio de los  avances institucionales alcanzados, una noticia provoca desazón: la empresa francesa ENGIE pondrá en marcha la última central a carbón que se construirá en Chile, denomina Proyecto Infraestructura Energética Mejillones (IEM), el cual tendrá una capacidad de 375 MW y significará una inversión de US$1.100 millones, e incluirá una enorme unidad generadora y un puerto de descarga asociado.
El problema de esta noticia es que se produce  en medio del plan de descarbonización al que Chile adscribió en la COP23 en Bonn y responde a contratos suscritos por  el Estado  desde la licitación del año 2014.  El proyecto se establecerá además en una zona con altísima vulnerabilidad ambiental como lo es Mejillones,  generando muchas críticas por parte de la sociedad civil, que no ve con buenos ojos la apertura de centrales con este tipo de tecnologías en el año 2018.
Pero  no todo es retroceso, agrega, pues tal es el avance de Chile en la descarbonización de su matriz energética, que la División Energías Renovables del Ministerio de Energía elaboró un Compendio Cartográfico Regionalizado de Proyectos de Energías Renovables, el cual muestra iniciativas en etapa de calificación ambiental y aquellas que ya poseen aprobación ambiental (RCA). Los grandes pasos dados en  este mercado han sido favorecidos por la eliminación o atenuación de varias barreras de entrada que limitaban el desarrollo de proyectos de Energía Renovable No Convencionales (ERNC). A ello contibuyó de un lado, el perfeccionamiento del marco regulatorio, mediante la promulgación en 2013 de la Ley 20.698 que  propicia la ampliación de la matriz energética mediante ERNC; y por  otro la implementación de instrumentos de apoyo a iniciativas de inversión.
No obstante, señala, el aumento de la ERNC si se observa el autoconsumo de tecnologías ERNC el índice es bajo. Es por esto que el Ministerio de Energíaa planteó que debe “contribuir al desarrollo de las energía renovables no convencionales para autoconsumo en Chile mediante la generación de políticas, programas y proyectos” y para lo cual las mejorasrecientemente aprobadas por el Congreso en octubre de este año, a la Ley de Generación Distribuida (también conocida como net-metering) N°20.571, son una excelente noticia.
Estas modificaciones permitirán la generación comunitaria de energía, producida por paneles solares compartidos entre distintos hogares y lo que por lo mismo, fomentará una mayor interconexión descentralizada para aquellas comunidades que no quieran depender exclusivamente de la línea de transmisión central. Adicionalmente, asevera la BCN, este tipo de acceso promoverá no sólo el uso de fuentes renovables sino que dará mayor cobertura a la población, siendo ideal para la ciudad pero también para zonas remotas dentro del territorio nacional. Se espera que estas modificaciones legales traigan consigo reducciones a la cuenta de la luz de varios miles de hogares, a la vez que permitan que varias personas adquieran en conjunto paneles solares, eliminando barreras económicas a la entrada de dicha tecnología en los hogares del país.
Por último, puntualiza que otras normas y programas que favorecen una mejor distribución de la energía limpia en Chile, y que las  fomentan, contribuyendo de paso a combatir  el cambio climático adaptando a las distintas localidades ante sus  efectos, son las siguientes:

• Ley N° 20.805, que perfecciona el Sistema de Licitaciones de Suministro Eléctrico para clientes sujetos a regulaciones de precios, aprobada el año 2015.
• Ley 20.365, del año 2009, que establece una Franquicia Tributaria respecto a Sistemas Solares Térmicos para vivienda. Su prórroga se encuentra en Segundo Trámite Constitucional del Senado, en la Comisión de Minería y Energía del Senado, el proyecto que modifica la Ley N° 20.365 que establece Franquicia Tributaria respecto de Sistemas Solares Térmicos (Boletín 9628-08). 
• Finalmente, se ha llevado a cabo un programa con financiamiento público de recambio de calefactores y cocinas a leña, y de vehículos de carga y pasajeros antiguos, por parte del Ministerio de Energía. 

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