Los senadores Navarro, Provoste, Latorre, De Urresti y Quintana, proponen “instaurar una nueva causal de cesación de ciertos y determinados cargos de elección popular, que se sustenta en la hipótesis de una autoridad electa que resulte responsable de difundir, promover o financiar noticias falsas respecto de las otras candidaturas durante el período de campaña, por cualquier medio, incluidas las redes sociales”.
Los legisladores agregan que “buscamos que se sancione una nueva y nefasta forma de hacer política, que es manifestación del populismo y que avanza en latinoamérica mediante distintas modalidades, incluso utilizando big data, es decir, investigando las preferencias de los usurarios de redes sociales, para luego difundir mentiras y destruir con estas malas artes las candidaturas de sus contendores, su imagen, su prestigio”.
El texto legal pone como antecedentes la realidad mundial y su legislación, además de estudios, como el de la Revista Science, que publicó la investigación de los profesores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, quienes analizaron 126.000 historias difundidas en Twitter entre 2006 y 2017, con más de 4.5 millones de tuits de unos 3 millones de personas.
La conclusión fue relevante, "la falsedad se difunde significativamente más lejos, más rápido, más profunda y más ampliamente que la verdad en todas las categorías de información, y los efectos fueron más pronunciados para noticias políticas falsas”.
Así, se apuesta a que las fake news son manifestación de la manipulación emocional de las audiencias, apelando a las emociones y no a la racionalidad del público. Por ello son tan efectivas y permiten imponer una mentira o post verdad.
Cabe señañar que el proyecto de ley deberá ser analizado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis
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