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Modifica DL N° 2.695, de 1979.

Buscan eliminar requisito de acompañar declaración jurada para regularizar la pequeña propiedad raíz en áreas rurales.

Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Vivienda y Desarrollo urbano de la Cámara de Diputados.

24 de febrero de 2019

La moción de los diputados Mellado, Paulsen y Rathgeb, expone que el Decreto Ley Nº 2.695 fue promulgado y publicado en 1979, y su última modificación fue realizada en septiembre de 2018 en virtud de la ley 21.108, donde se facultó a la autoridad administrativa para ordenar la inscripción de predios, logrando incorporar a una gran cantidad de predios urbanos y rurales que no se encontraban inscritos en el Conservador de Bienes Raíces.
Manifiesta a continuación que si bien dicha norma fue recientemente modificada, en dicha modificación no se contempló aquella situación que afecta a los poseedores de áreas rurales, ya que el  artículo 5  establece que el solicitante deberá acompañar una declaración jurada respecto de la historia de la propiedad y en el inciso segundo, indica que “…adicionalmente, tratándose de áreas urbanas y rurales, se deberá acompañar un certificado de informaciones previas con fines de regularización, emitido por la dirección de obras municipales correspondiente…”.
Al respecto, señala que se genera un grave problema para aquellas personas poseedoras de inmuebles en áreas rurales, toda vez, que la Dirección de Obras Municipales no tiene la obligación ni tampoco la información respecto de un certificado en zonas rurales, quedando esto a su solo criterio y voluntad, entorpeciendo el correcto funcionamiento de esta normativa.
De este modo, con este proyecto de ley se busca solucionar un problema práctico que afecta a muchos poseedores irregulares en vías de regularizar su propiedad raíz en virtud del requerimiento adicional que hace el artículo 5, inciso 2, de incorporar un certificado de informaciones previas con fines de regularización, el cual es emitido por la Dirección de Obras Municipales, obstaculizando y perjudicando la obtención del título de dominio respectivo.
Corresponde ahora que la iniciativa –en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Vivienda y Desarrollo urbano de la Cámara de Diputados.

 

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.

 

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