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Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprueba proyecto que aborda temas vinculados a los procesos de acreditación.

La instancia recibió a Víctor Orellana, director de Educación de la Fundación Nodo XXI; al vicerrector de la Universidad de Valparaíso, José Miguel Salazar; y a Diego Durán, de la Red de Universidades Públicas No Estatales G9, que entregaron propuestas sobre el proyecto.

14 de marzo de 2019

Por seis votos favor y uno en contra, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadis aprobó en general el proyecto que modifica disposiciones transitorias de la ley sobre educación superior.
La iniciativa considera extender el plazo de aprobación, publicación y aplicación de los nuevos criterios y estándares de calidad e incorpora un periodo de transitoriedad para acreditar los programas de doctorado.
Para el debate, los legisladores recibieron a un grupo de expertos que entregó una serie de recomendaciones en orden a asegurar que las instituciones de educación superior vivan procesos rigurosos de acreditación.
De acuerdo a la Red de Universidades Públicas no Estatales G9, representado por el rector Diego Durán, es necesario establecer nuevos criterios y estándares de acreditación, ya que ven con preocupación que, tanto la actual ley como el proyecto en debate, no presentan claridad respecto a la concepción de calidad de educación superior que subyace a la ley.
En este sentido, consideran que es fundamental que el Ministerio de Educación valore y considere la propuesta comprometida por el Consejo de Rectores, de un nuevo marco conceptual que sustente este modelo de aseguramiento de la calidad.
Indican que, si bien el proyecto establece un mayor plazo de transitoriedad para la acreditación, continua la dificultad y ambigüedad en los criterios de calidad, especialmente para los doctorados, que son presentados y decididos por la Comisión Nacional de Acreditación y su equipo, integrantes que serán reemplazados. 
El vicerrector académico de la Universidad de Valparaíso, José Miguel Salazar, entregó recomendaciones que apuntan a enfatizar la orientación estratégica del proceso de implementación, en vez de la forma que este asume. Para esto, planteó que, inicialmente, el diseño y validación del marco de la evaluación sea un tema intra-sistema.
Entre otros varios puntos, mencionó también que la transición necesita una mejor logística, así como dimensionar y planificar la tarea, para lo cual se requeriría de un diagnóstico preciso. 
En esta materia, se consideró que se debe reducir la complejidad, con procesos pendientes a través de las agencias; remover las trabas administrativas de la CNA para la presentación de programas a la acreditación; y repensar el rol y configuración de los comités técnicos.
Luego, Víctor Orellana, director de Educación de la Fundación XXI, puntualizó que los sistemas de Aseguramiento de la Calidad ya no pueden seguir siendo vistos como conducción o base de funcionamiento de un sistema de educación superior. Sostuvo que el sistema de Educación Superior, lamentablemente, no tiene coherencia ni gobierno y evaluó que ello no se lo dará la acreditación.
No obstante, indicó que es importante legislar sobre esta materia, dado que los plazos y disposiciones transitorias efectivamente presentan dificultades prácticas.
Añadió que el legislador debe saber distinguir cuándo estas dificultades son utilizadas por intereses velados ilegítimos, para asegurar su espacio en el sistema, contrariando el espíritu de la reforma anterior.

 

Vea texto íntegro del mensaje, discusión y análisis

 

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