Recientemente, el autor argentino Manuel Grosso publicó un análisis sobre la corrupción como un fenómeno propio del orden político moderno y explora sus características como componente estructural de la conformación de dicho orden; la forma cómo evoluciona y se adapta, particularmente en los Estados periféricos de la Modernidad en la actualidad y su impacto en la pobreza y la desigualdad en estas regiones, teniendo como telón de fondo la globalización.
En el documento, se efectúa una aproximación al hecho de que enormes volúmenes de recursos públicos vayan a parar a los bolsillos de los corruptos impide la satisfacción básica de las necesidades de la población más pobre y vulnerable, agudiza la desigualdad social, hace ineficiente e inoperante al Estado, multiplica exponencialmente los niveles de conflicto social y fomenta la cultura de la anomia en todos los estratos de la vida social de esos países.
Luego, el autor realiza un análisis histórico – conceptual señalando que la corrupción es un fenómeno propio de los Estados modernos y un paso que todos ellos dieron dentro de su proceso de modernización, a medida en que se va produciendo una separación clara y tajante entre las esferas de lo público y lo privado. Agrega que, en los Estados absolutistas o patrimonialistas, donde se entendía que el monarca era propietario absoluto del territorio y las personas sobre las que ejercía su domino, no podría haber corrupción por cuanto uno no puede apropiarse indebidamente de lo que ya le pertenece y si paga favores políticos, militares o eclesiásticos con cargos, prebendas o rentas, solo está disponiendo de lo que es suyo como a bien tiene. Solo cuando emerge en las sociedades renacentistas de las repúblicas italianas la idea de que el monarca es una especie de administrador de los bienes de todos y que el ejercicio de su poder es más un mandato para que realice el bien común que un derecho en sí mismo, es que aparece la idea de una res-publica y con ello la posibilidad de unos malos manejos, administración deshonesta o aprovechamiento inapropiado por parte del gobernante, de algo que le pertenece a todos y que debe ser administrado con transparencia.
Enseguida, comenta el caso latinoamericano, expresando que América Latina nunca vivió el proceso de formación del Estado moderno que vivieron los Estados Unidos y los países de la Europa occidental moderna. Nosotros nunca tuvimos un Estado patrimonialista que evolucionara hacia uno moderno; nuestra región nunca se conformó como un orden político moderno estable y duradero, porque nunca se dieron las condiciones que se consideran indispensables para que ello sea posible: ni la separación entre las esferas de lo público y lo privado, ni la conformación de un poder político fideicomisario de los bienes de todos, ni la formación de unas instituciones fuertes, en torno a una clase social fuerte, germinaron en un gobierno políticamente responsable que rindiera cuentas de sus actos, como tampoco hubo nunca un sometimiento de ese gobierno a un orden legal sólido y claramente definido. Finaliza explicando que, en nuestra región, no se han logrado consolidar hasta el día de hoy auténticos Estados de derecho, fuertemente institucionalizados y debidamente controlados bajo los principios de legalidad, eficiencia y gobierno responsable.
Posteriormente, se refiere a la situación actual donde reflexiona que resulta poco menos que una ingenuidad pensar que por el hecho de que, con la última generación de reformas constitucionales en nuestra región, que en el papel, consagran modelos de Estados-Nación conformados como repúblicas democráticas, defensoras de los derechos humanos, con Estados institucionalmente constituidos, una aparente división de los poderes, y la consagración de los principios del gobierno responsable y el principio de legalidad, realmente nos vayamos a convertir en auténticas repúblicas, y mucho menos que vayamos a poder superar el estado generalizado de anomia que ha caracterizado nuestros gobiernos y sociedades desde sus orígenes. Adiciona que Las cosas se agudizan con la globalización y la proliferación de los populismos de izquierda y de derecha y los antipopulismos de ambos bandos; con la guerra de desinformación y la masificación de las noticias falsas y la postverdad.
Finalmente, concluye que, la corrupción en Sudamérica no tiene realmente nada que ver con los que de ella dicen la propaganda y los manipuladores de la opinión, que crean una falsa imagen del problema, para general reacciones emocionales y mediáticas que a lo único que contribuyen es a alejarnos de su adecuada comprensión. Ello es así porque detrás de los que orquestan las propagandas anticorrupción, hay muchos intereses corruptos. Asimismo, estima que las instituciones políticas deben desconfiar del poder y estar vigilante frente a él, porque la experiencia enseña que todo poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente; por lo que, como aconsejaba Cicerón: “que los cónsules cuiden de la república y que la república se cuide de los cónsules”. El problema es que la república, como modelo de orden político, está en la actualidad en franca decadencia; se muestra como un modelo agotado e incapaz de contener los embates de los poderes corruptos y de los autoritarismos antidemocráticos que se están apoderando, no solo ya de los países del tercer mundo, sino también de los países centrales, amenazando con saltar en pedazos las que se creían sólidas estructuras de la democracia; por lo que al parecer para nosotros esa República es cada vez más una remota utopía.

Vea texto íntegro de la publicación.

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