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Reconocimiento facial en salas de clases.

CPLT releva urgencia de resguardar datos personales a partir del control de asistencia estudiantil.

A juicio del Consejo la introducción de sistemas de reconocimiento facial en la vida cotidiana posibilita la recolección de datos personales, pero «conlleva una enorme responsabilidad para el mundo académico, empresas e instituciones públicas».

12 de febrero de 2019

Ante la propuesta de implementar un sistema de reconocimiento facial en salas de clases, el Consejo para la Transparencia (CPLT) apuntó a la responsabilidad que conlleva para el ámbito académico y de la investigación el adecuado resguardo de los datos personales como derecho fundamental.
La entidad reconoció el avance de un grupo de investigadores de una de las principales casas de estudios del país, en el que se desarrolló un sistema automatizado de control de asistencia que fue testeado en sus salas de clases. Pero, mismo tiempo, recordó que la aplicación de este tipo de tecnologías en la vida diaria de las personas debe responder a una serie de obligaciones, normativas y reglamentos nacionales e internacionales.
Por ello, la entidad planteó la necesidad de tener una mirada integral en el caso de la formación de futuros profesionales que implementan éstas y otras tecnologías en el país, incorporando conocimientos asociados al resguardo de los datos personales e información de carácter sensible, como es el caso de las características físicas de las personas.
“Consideramos necesario ir tomando consciencia de lo rápido que el reconocimiento facial entró en nuestra cotidianeidad. Tecnologías como ésta y otros avances digitales que se basan en el uso y tratamiento de datos personales, como es el rostro, vuelven a poner el foco en el retraso de nuestro marco legal que nos mantiene en la desregulación en Chile por su antigüedad”, detalló el presidente del Consejo, Marcelo Drago.
El titular de Transparencia, órgano garante del cumplimiento de la actual Ley de Protección de Datos Personales en las instituciones del Estado, explicó el llamado en esta materia que no se limita a convocar a los usuarios a cuidar de sus datos, sino a exigir que las instituciones cumplan con la normativa vigente y que implica el consentimiento expreso de los titulares de los datos, entre otras obligaciones.
“Tenemos que exigir a las empresas  que sean leales con sus clientes y a las instituciones a que cuiden los datos personales de sus usuarios. Incluso aún antes de conseguir que se modernice nuestra normativa, se requiere que las empresas y las organizaciones en general se pongan a la altura de los estándares nacionales e internacionales en la materia”, aseveró.
Agregó que: “los centros de investigación y de estudios que trabajan en el desarrollo de tecnología que involucra el uso de datos personales también tienen un desafío, que es una formación integral que ayude a los estudiantes a entender y conocer los numerosos alcances del uso de éstas y otras tecnologías y avances digitales”.
Drago apuntó a que “el uso de datos personales a partir del reconocimiento facial lo hemos visto en diversos ámbitos: estadios, centros comerciales o medios de transporte”. Además afirmó que “El uso creciente de sistemas de reconocimiento facial conllevan una responsabilidad para las empresas y organismos públicos que los usan, pero también para aquellas instituciones que participan en su desarrollo e implementación”, subrayó el presidente de CPLT.
Recordó que se han visto tratamientos ilegales a datos personales en casos como el Facebook y el escándalo de Cambridge Analytica, donde “la aplicación que se usó contaba con una licencia con fines académicos y es una de las afectaciones a los datos personales más emblemáticos de la historia”.
"Ante este creciente uso de tecnologías que manejan datos sensibles y a casos de uso de datos personales ilegales o perjudiciales para sus titulares, esperamos tener a la brevedad un marco regulatorio adecuado que prevenga eventuales abusos, y resguarde adecuadamente los derechos de las personas”, finalizó el presidente del Consejo para la Transparencia.
Esta entidad, de acuerdo a la redacción actual del proyecto de ley de protección de datos personales, que se encuentra en trámite en el Parlamento, se transformaría en la autoridad de control con facultades fiscalizadoras y sancionatorias. 

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