La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile remitió –para que cumpla control previo de legalidad- una resolución que aplica medida disciplinaria de destitución a una funcionaria, quien, a su vez, reclama que la sanción es desproporcionada.Como cuestión previa, el ente de control constató que en la resolución  se atribuye a la funcionaria la adulteración de liquidaciones de sueldo a fin de acceder a un préstamo en el Servicio de Bienestar del Personal de esa institución de educación superior,  vulnerando el principio de probidad administrativa. Tal actuar, si bien es aceptado por la subalterna, sostiene que jamás obtuvo el dinero y justifica su proceder en su precaria situación económica.Así, el órgano fiscalizador se hace cargo de las alegaciones de la recurrente, razonando que la inexistencia de un perjuicio pecuniario “no es óbice para la aplicación de una sanción si se encuentra acreditada la conducta”. Luego, efectúa una interpretación del artículo 125 de la ley N° 18.834, señalando que la norma contiene un mandato genérico, en que procederá la medida de destitución, cuando la autoridad administrativa constate que se trata hechos constitutivos de una infracción que vulnera gravemente el principio de probidad administrativa.En mérito de lo expuesto y según su jurisprudencia administrativa, el Contralor dictaminó que el “sumario en análisis carece de arbitrariedad”, tomando razón de la resolución, y a su vez, rechazando el reclamo de la funcionaria, por estar debidamente acreditada la falta que se le atribuye. 

Vea texto íntegro del dictamen N° 46746.

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