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Al rendir la Cuenta Pública.

Contralor planteó crear un sistema de integridad en la administración del Estado.

Al rendir su Cuenta Pública 2017, Jorge Bermúdez sostuvo que para enfrentar la corrupción se requiere contar con mejores capacidades humanas y técnicas para desarrollar instituciones más sólidas.

10 de mayo de 2018

Crear un sistema de integridad que abarque a todos los servicios de la Administración del Estado, para aumentar los estándares de probidad en la función pública planteó el Contralor General, Jorge Bermúdez, al rendir la Cuenta Pública institucional 2017, este miércoles 9 de mayo.
El propósito es apuntar al desarrollo de instituciones más sólidas, que permitan avanzar en la recuperación de la confianza ciudadana, sostuvo.
La ceremonia de rendición de Cuenta Pública se efectuó en la sede central y a ella asistió el Presidente de la República, Sebastián Piñera; junto a parlamentarios, ministros, subsecretarios, representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, jefes de servicio y de la Academia e integrantes de la sociedad civil, además de funcionarios de la Contraloría General.
Mediante un video, el Contralor General rindió cuenta de los principales progresos vinculados a los Objetivos Estratégicos del organismo, aunque insistió que la baja sostenida del presupuesto institucional en los últimos años, en comparación con el gasto público, dificulta enormemente la labor fiscalizadora.
Sostuvo que la incorporación de nuevas tecnologías, como Big Data, perfeccionó la planificación de las auditorías, lo que ayudó a fortalecer la presencia de la Contraloría en instituciones consideradas como prioritarias por el flujo de recursos que manejan.

Principales avances

La elección de la Contraloría como integrante de la Junta de Auditores de la ONU a partir de julio de 2018 se alzó como uno de los relevantes logros alcanzados durante 2017 y que serán un desafío para la Institución que lidera.
El Contralor hizo hincapié en que la creación y fusión de departamentos y unidades efectuada en la entidad permitieron efectuar 10.080 fiscalizaciones, 627 auditorías (87 más que en 2016) y que a través de los informes de auditoría y de investigaciones especiales se restituyeron al fisco más de $2.800 millones sin que fuera necesario iniciar un proceso sancionatorio. Asimismo, otros $2 mil millones se recuperaron mediante 74 sentencias de juicios.
También indicó que la ciudadanía tiene mucha confianza en el actuar institucional, lo que se tradujo en que durante el año pasado se recibieron más de 108 mil declaraciones de intereses y patrimonio tramitadas en línea y se ingresaron 9.508 denuncias y sugerencias de fiscalización de parte de ciudadanos (40 por ciento más que en 2016). Ello, subrayó, debe tomarse con responsabilidad y compromiso.
Otro punto destacado fue el reconocimiento por parte del Congreso Nacional de las competencias de la Contraloría para fiscalizar empresas públicas como Codelco y que ratificó el requisito de informar al organismo de control y al Poder Legislativo cuando se contrate a familiares o sociedades relacionadas. El Contralor afirmó que una de las lecciones aprendidas en este caso fue que “no hay órganos públicos exentos del control” y que el estándar del sector público debe ser más alto que en el privado.
Mencionó que en el periodo se emitieron 18.569 pronunciamientos jurídicos, se redujo de 15 a 11,9 los días hábiles la toma de razón, se firmaron 39 convenios de Control Previo de Juridicidad con municipios y se creó un Departamento especializado en materias de personal de la Administración del Estado, que tramitó 106.927 actos electrónicamente. Además, explicó que este organismo de control se integró a la Red Lenguaje Claro Chile, que promueve el desarrollo de productos más comprensibles.
Como parte de su rol colaborativo, la Contraloría firmó 126 convenios de Apoyo al Cumplimiento con instituciones públicas, aumentó la oferta de cursos del Centro de Estudios de la Administración del Estado (CEA) y capacitó a casi 12 mil funcionarios públicos. Además, cerca de mil estudiantes realizaron visitas guiadas y se entregaron gratuitamente a 19 servicios sistemas informáticos desarrollados en la Contraloría. Este rol seguirá desarrollándose con gran énfasis, mencionó Jorge Bermúdez.
En cuanto al combate a la corrupción, se consolidó la Alianza Anticorrupción UNCAC; se efectuó el Primer Seminario Internacional Anticorrupción; y se fortaleció el portal NICSP para regular el activo fijo municipal.
Como parte de la vinculación de la Contraloría con sus usuarios y la ciudadanía, se destacó el aumento de entidades que integran Consejo de las Asociaciones de la Sociedad Civil (COSOC CGR), la creación de los programas “Contralores Ciudadanos” y “Contraloría en tu colegio” y la realización de actividades públicas por el 90° Aniversario. Igualmente, se dio a conocer que en 2017 el Contralor sostuvo 244 reuniones de trabajo con representantes de la vida nacional y asistió en 26 ocasiones al Congreso Nacional para colaborar en el trabajo de las comisiones investigadoras y rendir cuenta de su gestión.

Desafíos

El Contralor también se refirió a los principales desafíos de cara a los próximos años. Planteó la necesidad de modernizar el sistema de empleo público, en específico el régimen aplicable a los funcionarios. Agregó que resulta fundamental que la Contraloría pueda acceder a información financiera de los servicios públicos. De esta manera se podrían haber evitado fraudes, afirmó.
Además, sostuvo que se debe trabajar en el sistema de remuneraciones de la Administración del Estado. Su complejidad, advirtió, genera espacios de alto riesgo para el desarrollo de hechos de corrupción.
La rendición de Cuenta Pública institucional se produce en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 143 de la Ley Nº 10.336 Orgánica Constitucional sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General.

 

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