Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte de un exfuncionario de la Universidad de Chile- la reconsideración del dictamen Nº 81.023 de 2016, mediante el cual se determinó, en lo pertinente, que no era posible aplicar en su favor el criterio contenido en el oficio N° 22.766, de 2016, ya que su petición no fue presentada antes de la fecha de su emisión, esto es, el 24 de marzo de ese año.
Al respecto, el ente contralor recuerda que a través del citado dictamen N° 22.766, de 2016, se alteró la jurisprudencia aplicable al caso planteado por dicho exfuncionario, en el sentido de que la renovación reiterada de una contrata torna en permanente y constante la mantención del vínculo del empleado, generando en él una legítima expectativa que le induce a confiar en la repetición de tal actuación, por ello, desde la segunda renovación, al menos, la autoridad solo puede adoptar una decisión contraria por medio de un acto que explicite los fundamentos que avalen esa decisión.
En ese sentido, la Contraloría hace presente que, los cambios jurisprudenciales solo se aplican hacia el futuro, sin afectar las situaciones particulares constituidas durante la vigencia de la doctrina que ha sido sustituida por el nuevo pronunciamiento, con el objeto de evitar condiciones de inestabilidad jurídica, de manera que en armonía con lo resuelto en sus dictámenes Nos 40.086, de 2015 y 46.046, de 2016, el nuevo criterio solo favorece a quienes hayan reclamado con anterioridad a la fecha de emisión del dictamen que modifica los pronunciamientos anteriores, en este caso, antes del 24 de marzo de 2016.
Así, la CGR sostiene que, en concordancia con lo expuesto en su dictamen N° 46.046, de 2016, el criterio manifestado en el citado oficio N° 22.766, de 2016, se aplica únicamente a los servidores que reclamaron ante la Contraloría con anterioridad al 24 de marzo de 2016, supuesto que no se verificó en la especie, ya que las presentaciones del requirente impugnando su cese, se verificaron con posterioridad a esa data, por lo que no corresponde aplicar en su favor ese último pronunciamiento.
Añade que, su jurisprudencia, vigente a la época en que se decidió renovar parcialmente la contrata del interesado hasta el 31 de marzo de 2016 -7 de marzo de esa anualidad-, concluía que las funciones de esa clase de servidores expiran el 31 de diciembre de cada año, o en el plazo que señale la designación, sin que exista para la autoridad obligación de prorrogar dichos contratos o fundar la determinación de no hacerlo, ya que, como se indicó, no procedía a esa época aplicar el criterio contenido en su dictamen N° 22.766, de 2016.
En consecuencia, el ente fiscalizador concluye manifestando que el término de la contrata que se objeta se produjo por expreso mandato de la ley, al llegar el plazo previsto en la designación, sin que se advierta ilegalidad o irregularidad alguna en dicha circunstancia, razón por la cual se confirma, en lo pertinente, el cuestionado dictamen N° 81.023, de 2016, rechazándose, en consecuencia, la petición de reconsideración formulada.
Vea texto íntegro del Dictamen Nº 38.758 de 2017.
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