Por unanimidad, fue aprobado el proyecto de ley que limita la responsabilidad de los usuarios, y traspasa la carga de prueba a los emisores de tarjetas de débito y crédito, frente a aquellas operaciones que se realicen con tarjetas perdidas o robadas.
La iniciativa de los senadores Ossandón, Pérez y  Tuma,  que deberá ser analizada en segundo trámite constitucional, en la Cámara de Diputados, establece que al ser los emisores quienes ofrecen el servicio, es responsabilidad de ellos establecer las medidas de seguridad necesarias para resguardar el dinero de los tarjetahabientes.
Junto con ello, el proyecto establece responsabilidades a los usuarios, los cuales se dispone que actúen de manera “diligente”, y en el cual se implanta un plazo de 30 días para hacer las reclamaciones pertinentes, desde el día que se efectúa el o los fraudes.
Asimismo, se establece que las instituciones emisoras estarán prohibidas para salvaguardar esta ley a través de cláusulas obligatorias establecidas en los contratos de servicios bajo los cuales los emisores adquieren una tarjeta de crédito o débito.
El senador Coloma señala que “este proyecto busca mejorar los resguardos de los tarjetahabientes respecto de las relaciones con los emisores de tarjetas tanto bancarias como no bancarias y modifica los grados de responsabilidad en caso de extravió hurto robo o fraude en caso de tarjetas de pago o de crédito”.
A continuación, el legislador Tuma explica que “este proyecto amplia la protección para los tarjetahabientes, cuántas veces hemos conocido como los emisores le obligan poco menos al usuario tener un seguro contra fraudes, pero si lo que está haciendo el tarjetahabiente es colocar su dinero en una institución que tiene la obligación de proteger”.
Luego, el parlamentario Prokurica detalla que “el dinero plástico se ha ido transformando en la mayoría, en la actualidad existen más de 20 millones de tarjetas de débito y 12 de crédito en nuestro país y los fraudes asociados a tarjetas de crédito y débito han aumentado en un 60% entre el 2015 y 2016”.
Por su parte, el senador Ossandón asevera que  “lo más importante de este proyecto es que invierte la prueba de la carga, creemos que este es un tremendo avance y un trabajo que se ha hecho con los miembros de  la comisión de economía y asesores y muy bueno aportes del Banco Central de Chile”.
Más tarde, el parlamentario Bianchi plantea que “con el actual sistema es necesario definir dos aspectos muy importantes: el primero la responsabilidad de los emisores de las tarjetas y las sanciones penales. Muchas veces los usuarios se ven en la necesidad de contratar seguros, así las cosas, muy acertadamente el proyecto actual altera la carga de la prueba y obliga a la empresa emisora hacerse cargo”.
A su vez, la legisladora Pérez San Martin asegura que “este es un proyecto que tiene un impacto social en la gente. Los bancos tienen un staff de equipo técnico y jurídico para determinar si hubo una clonación, un ataque cibernético, si fue robada, lo que nosotros estamos haciendo es traspasar la carga de la prueba desde el usuario al emisor, y en segundo lugar estamos dando plazos para que se haga la reversa”.
El senador Navarro remarca que “hay que precaver que los bancos no vayan a traspasar los costos a los usuarios y de que no se vuelva una obligación un seguro contra fraude si lo que se está pidiendo es una mayor seguridad de los bancos hacia los usuarios, debiese en mi opinión tener información permanente a los usuarios sobre que instituciones mejor salvaguardan esto a los usuarios”.

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis

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