La moción de los senadores Harboe, Ossandón y Tuma, expone que la expansión forestal comienza a fines de la década de 1970 con el pino, duplicando la superficie plantada en las dos décadas siguientes.

Observa luego que un factor importante en este incremento fue la venta a bajo precio de las tierras de la reforma agraria, a través del sistema de remate de los predios forestados y traspasados desde la CORA a la CONAF en la década de 1980. Añade que, en ese período se incorpora el eucalipto y los capitales transnacionales empiezan a adquirir predios con bosques nativos y de cultivos agrícolas, para sustituirlos con especies exóticas.

Enseguida, los autores de la iniciativa destacan que en el año 2015 el sector forestal representó el 2,6% del PIB chileno (US $ 5.439 millones) y es el tercer sector exportador líder de nuestro país. A su vez, advierte que el desarrollo del sector no escapa de la tendencia de concentración que caracteriza a los mercados en el país, en efecto, tres grandes empresas poseen el 64% de las plantaciones, el 100% de las fábricas de celulosa, el 81% de las fábricas de papel y cartón, el 75% de los aserraderos y 36% de los viveros.

Lo anterior, sostiene la iniciativa legal, trajo importantes impactos sociales y ambientales, particularmente por tercerización de los contratos, su localización en áreas con escaza disponibilidad de agua para el consumo humano y riego, a los que se suman conflictos sociales con las comunidades locales e indígenas derivados de afectación de la biodiversidad.

Se agrega a continuación que uno de los impactos, menos conocidos, pero relevante, de la actividad forestal es el impacto en los caminos públicos rurales originado por el tránsito de vehículo de carga mayor, que trae consigo destrozos en las vías que corresponde a caminos básicos, impacto en la seguridad para los peatones que transitan por los caminos rurales, y la suspensión de material particulado provocadas por el tránsito de camiones, alteración de la rutina de las comunidades que deben enfrentar faenas que se desarrollan en horarios extendidos, con flujos concentrados y sin ninguna coordinación con las comunidades y sin contemplar la mitigación de los impactos en los caminos y comunidades rurales.

Es por el último motivo que el proyecto de ley tiene por objeto que todas las actividades, extractivas o productivas forestales, en el ámbito rural, cuyos impactos de su actividad y movilidad recaen en las comunidades aledañas y en las condiciones de la red vial, principalmente de la red básica, realicen un aporte proporcional al impacto provocado, calculado en función del autoreporte y exigible para la tramitación de cualquier permiso requerido ante un organismo público, por lo que propone un marco legal que reconozca y cree la creación de la figura de "Declaración de Impacto Vial en Caminos y Comunidades Rurales" que dará cuenta del impacto que las distintas actividades provocan sobre la red vial rural y/o básica.

Corresponde ahora que la iniciativa –en primera instancia constitucional- sea analizada por la Comisión de Obras Públicas del Senado.

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.

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